Argentina Vórtice Geopolítico Universal: La llave de un futuro promisorio, sin presupuesto

Un plan estratégico que Salta no debe abandonar

Gustavo Barbarán 21 de septiembre de 2024 02:20

El pasado 26 de agosto se presentó en el Centro de Convenciones del Grand Bourg la "Actualización del Plan de Desarrollo Estratégico Salta -2030 - Abril 2024", encomendada por la Comisión Permanente de Control y Seguimiento del Consejo Económico Social (CES) a un solvente equipo interdisciplinario de nueve profesionales salteños, financiada por el CFI.

Aplaudamos la tarea del afiatado equipo que trajinó alrededor de un objetivo general -"Generar herramientas para potenciar las economías regionales de la provincia de Salta, con el fin de promover el desarrollo local"- y de cinco objetivos específicos bien cribados. Se puede acceder al Plan 2030 original y a su reciente actualización - en formato de resumen ejecutivo - en el sitio oficial del CES.

Como toda obra intelectual de rigor técnico, es densa (en el buen sentido). Su lectura, por tanto, requiere atención, más provechosa para quienes ya conozcan los ejes estratégicos del "masterplan" inicial, casi desconocido para las dirigencias y ni qué decir para los ciudadanos pedestres. Salvo demostración en contrario, obvio.

Derrotero jurídico-institucional

Ese documento debe cundir masivamente por dos motivos. Primero: se trata de una manda legal establecida por la ley N° 7784/2013 de creación del Consejo, sancionada í27 años después! de introducida la institución en el art. 77 de la Constitución salteña reformada en 1986.

La norma constitucional citada previó la creación de tal órgano para definir planes estratégicos; lo conforman entidades de la sociedad civil (un acierto, pues los Consejos naufragaron en las provincias que incluyeron partidos políticos); sus dictámenes no obligan a los poderes públicos, aunque sí es obligatorio consultarlo tratándose de planes económico-sociales, culturales, científicos y tecnológicos.

A su vez, el Plan Salta-2030 fue un proyecto gestado y debatido de abajo hacia arriba, construcción colectiva bien hilvanada; el gobierno de turno sabía lo que se gestaba pues participó en aquellas instancias. De algún modo, la sociedad salteña estaba interpelando a las dirigencias: la legitimidad de un proyecto se potencia cuanto más base social se implique en las propuestas.

El Ejecutivo, ni lerdo ni perezoso habilitó -mediante decreto N° 4743/2009- una Secretaría de Planificación Estratégica, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación; a continuación, asumió el novel mediante decreto N° 2478/2012 y, por último, envió el proyecto de creación del Consejo, aprobado al fin por ley N° 7784 (15/08/2013). Así, el CES provincial se instituyó con carácter de persona jurídica pública no estatal, cuya composición, organización, funciones y competencias establece esa ley. Se trata de un órgano colegiado y consultivo de los Poderes provinciales, cuyo objetivo central es institucionalizar la participación social, dada -digámoslo- la desconexión de los partidos políticos con el largo plazo. El Consejo en absoluto venía a reemplazarlos, sino a cooperar con ellos.

El art. 2.4. de la ley creativa, faculta al CES dictaminar sobre la actualización y ampliación del Plan de Desarrollo Estratégico de la provincia de Salta (PDES 2030), instancia que acaba de ocurrir por segunda vez; la primera fue en 2018. Sin exageración, tal disposición representa -para este escribidor- la mínima base que asegura la pervivencia del Consejo. Para explicarlo vamos al segundo motivo.

En el principio, la sociedad civil

La Fundación Salta, de larga y fructífera trayectoria, solicitó el asesoramiento técnico de la Escuela de Negocios de la Universidad Austral para proponer un plan de desarrollo estratégico para la Provincia. Ningún partido político tenía algo así en sus agendas, sea por prejuicios ideológicos ("el Estado no planifica") o por temor profano de perder protagonismo ("el poder no se comparte").

El caso es que las dirigencias argentinas estaban desconectadas del debate estratégico, quizás porque el negocio político de tutelar la pobreza arraiga en la coyuntura. De este modo, instituciones salteñas propusieron, en 2009, un plan producto de trabajos perseverantes, considerado en cuatro etapas: entendimiento, diagnóstico (con definición de siete ejes estratégicos), formulación e implementación (etapa ésta que demanda periódicas actualizaciones).

Habían participado 124 organizaciones representativas de sectores intermedios; hubo debates en 37 mesas de concertación y participación de más de 500 personas relevantes. Esa génesis, en mi percepción, resguarda al CES de avatares políticos que empasten el Plan Estratégico por obnubilación ideológica o mesianismos de izquierdas o derechas; lo cual no implica desconocer su índole perfectible.

Entonces, para garantizar el afianzamiento y continuidad al plan, se constituyó el Comité Permanente mencionado arriba, integrado por nueve de las entidades fundantes, cuyas funciones asignan los artículos 24 y 25 del Reglamento del CES.

Por lo expuesto, + Consejo es un "activo" que los lideratos salteños no pueden darse el lujo de desperdiciar. Al contrario, si a eso sumamos superficie (5ª nacional) y población (7ª), hay motivos suficientes para trabajar duro y honesto por un futuro nacional con proyección suramericana.

¿Cómo sigue esta vaina?

La reciente actualización del Plan está bien concebida. Sin embargo, el CES dictamina, acompaña y actualiza, pero no le cabe verificar la aplicación puntual de las propuestas que, por sectores y ejes estratégicos, aconsejó al Consejo la comisión de expertos, sabiendo además que su financiamiento -punctum dolens de cualquier plan de gobierno- está fuera del radar del CES.

Después de su creación y antes de la institucionalización del CES, la Secretaría de Planificación pasó a la órbita del Ministerio de Gobierno como Subsecretaría (si no falla la memoria); al asumir su primer mandato el actual gobernador, fue desguazada. Luego de revisar las distintas estructuras ministeriales, no hay "raviolito" que constate su existencia.

En consecuencia, resulta imprescindible recuperar la Secretaría de Planificación Estratégica y ponerla en línea con la Ley 7348, por los mismos argumentos que su antecedente: 1- planeamiento estratégico, en tanto herramienta para definir objetivos de mediano y largo plazos; 2- participación de sectores públicos y privados para viabilizar procesos de planificación integral que favorezcan la toma de decisiones; 3- adecuada articulación de los poderes públicos (¡inclúyase los 60 municipios salteños y entes descentralizados, que urge regionalizar!) con los distintos sectores intermedios. Salta necesita potenciar al máximo lo ya realizado (aún con marchas y contramarchas, como suele ocurrir), y esa Secretaría debe articular la sinergia público-privada, recomendando prioridades y un cronograma.

A tales efectos, hay otra cuestión importante todavía: el Consejo necesita presupuesto propio para desenvolver sus tareas con prospectiva. Si ello ocurre a la brevedad, verificará que comprendimos la significación del triángulo Sociedad Civil – Consejo Económico Social - Estado.

Por último, probablemente lo más decisivo, sea preguntarnos y respondernos: ¿para qué tantos planes, seguimientos y actualizaciones? Los planes estratégicos de esta naturaleza generan políticas de Estado. Para que ellas sean definitivamente eficaces, han de responder a una geoestrategia provincial-regional, que aún mantenemos en borrador. Aunque esa es otra historia, inconclusa lamentablemente.

Si se advierte cierta preocupación en lo acá escrito, la hay; y bastante, pues no vivimos tiempos propicios para la planificación estratégica con visión geopolítica, en la cual el Estado es un actor impostergable. Los anillos del nudo borromeo no pueden separarse, a riesgo de romperlos si se corta cualquiera de los tres. Ojalá se entienda la metáfora.