SECRETARIOS PRESIDENCIALES
por Javier Cornejo
Artículo publicado en el diario El Tribuno el 21 de febrero de 2011
Ser secretario presidencial en la administración
kirchnerista otorga suculentos beneficios. Tal lo demuestran los incrementos
patrimoniales de 2003 a 2008 de los que ocuparon y ocupan esa función:
- Fabián Gutiérrez: de $52.560 a $512.393 (874%)
- Héctor Daniel Muñoz: de $14.000 a $1.579.172 (11.180%)
- Isidro Bounine: de $15.000 a $830.000 (5.435%)
- Julio Daniel Álvarez: de $5.860 a $298.406 (4.992%)
Además, todos adquirieron terrenos en El Calafate y realizan
obras en dicho lugar.
Estudios y méritos académicos y/o culturales: desconocidos.
El fiscal Guillermo Marijuán les inició investigaciones por
supuesto enriquecimiento ilícito. (Fuente: diario Perfil).
Otro secretario
En los años ’70 conocí a quien también fue un secretario
privado presidencial.
Tuve el altísimo honor de ser su alumno en la Facultad de
Derecho de la UBA, discípulo, secretario y amigo en su tránsito por la
docencia, la función pública y de allí para toda la vida.
Me refiero al Dr. Julio Carlos González en su paso desde las
aulas universitarias, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Capitanía de
Puertos, la Secretaría Técnica y Privada de la Presidencia de la Nación, hasta
el 24 de marzo de 1976 y en adelante.
Patrimonio del Dr. González en 1973: una casa de 10 x 35 m,
de tres dormitorios, dos baños, living comedor, cocina y escritorio, en el
barrio de Flores, ciudad de Buenos Aires.
Patrimonio al 24 de marzo de 1976: una casa de 10 x 35 m, de
tres dormitorios, dos baños, living comedor, cocina y escritorio, en el barrio
de Flores, ciudad de Buenos Aires.
Patrimonio al 18 de abril de 1983, cuando salió del Penal de
Magdalena habiendo sido el último preso político en ser liberado: una casa de
10 x 35 m, de tres dormitorios, dos baños, living comedor, cocina y escritorio,
en el barrio de Flores, ciudad de Buenos Aires.
Por el Decreto 1.031/84 el gobierno de Raúl Alfonsín le
otorgó la suma de US$ 500.000 (quinientos mil dólares) en resarcimiento por los
más de siete años de denigrante cautiverio que había sufrido.
Leemos en el Clarín del 25 de mayo de 1988: «El Dr. Julio
Carlos González renuncia a una indemnización bajo los siguientes conceptos: ‘Mi
convencimiento absoluto de que no se puede materializar el dolor ni especular sobre
una tragedia que nos ha destrozado la vida a millares de argentinos’».
Por otra parte señala: «Convertir al Estado nacional en
deudor del pago de los daños que ocasionaron los autores de la rebelión del 24
de marzo de 1976 es legitimar todo lo que éstos hicieron y ‘estatizar’ las
obligaciones patrimoniales que los sublevados tienen pendientes en razón de su
delito».
Detallar los reconocimientos, méritos académicos, jurídicos,
ensayos, trabajos y libros escritos por el Dr. González excede con creces el
espacio de esta columna.
De igual manera, la monumental obra jurídica desconocida del
gobierno constitucional 1973-1976, producto de un profundo estudio y
patriotismo sin igual, de una capacidad moral e intelectual sin par, Aptitudes
estas que no conoce ninguno de los actuales entes biológicos que dirigen los
destinos del pueblo argentino.
Patrimonio del Dr. González a enero de 2011: una casa de 10
x 35 m, de tres dormitorios, dos baños, living comedor, cocina y escritorio, en
el barrio de Flores, ciudad de Buenos Aires.
Ingresos: su sueldo de profesor universitario.
«Las deudas históricas no se pagan, se sufren», afirmó José
Mujica, presidente de Uruguay.
Aprueban pensión para
Zannini, Gullo, Kunkel y 10 mil ex presos políticos
Por la mayoría del FpV, Diputados dio sanción
a la polémica normativa. Debate por los años que abarca.
El
influyente secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, el diputado filo K Carlos
Kunkel y el legislador del FpV Dante Gullo, beneficiarios de la pensión. |
Foto: Télam.
La
propuesta elaborada por el diputado formoseño Juan Carlos Díaz Roig ya
tenía la media sanción del Senado y fue aprobada por 176 votos a favor, 2 en
contra y una abstención. La iniciativa no estaba incluida en el orden del día,
pero fue tratada sobre tablas a partir de un pedido de la presidenta del bloque
de diputados del FpV, Juliana Di Tullio.
Fechas
indeterminadas. Sin
embargo, el Senado aprobó el proyecto de ley, eliminando la fecha de inicio
del período que comprendía dicho resarcimiento en el texto del proyecto de
ley aprobado en Diputados, donde se especificaba desde el 6 de noviembre de
1974 hasta el 10 de diciembre de 1983.
De esta
manera, el proyecto giró nuevamente a Diputados, que decidió mantener la
decisión de la Cámara Alta, ya que amplía el margen de reparación histórica
para quienes hayan sido privados de su libertad por causas políticas, gremiales
o estudiantiles.
¿Cobro
retroactivo? Todos los
llamados presos políticos cobraron ya una indemnización según una ley
sancionada en el menemismo y de acuerdo con el número de días que
permanecieron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Se calcula que
hubo 10 mil “presos políticos”.
Si el
beneficiario ya murió, la pensión podrá ser cobrada por sus herederos,
según uno de los párrafos del proyecto de ley, que había sido presentado por un
puñado de diputados ultra K como Kunkel, Gloria Bidegain, José Mongeló y
Martín Sabbatella.
Diputados aprobó la pensión
para ex presos políticos
Aunque no
estaba en el temario del día, el kirchnerismo consiguió que se trate este
miércoles (27/11) el proyecto que otorga una pensión graciable para las
personas que fueron víctimas de detención ilegal por razones de carácter
política o sindical hasta el 10 de diciembre de 1983. Fue aprobado por 176
votos a favor, 2 en contra y una abstención.
27/11/2013
El
proyecto tenía media sanción del Senado y fue debatido durante más de cuatro
años.
CIUDAD DE
BUENOS AIRES (Urgente24) La Cámara de Diputados convirtió este miércoles
(27/11) en ley el proyecto que otorga una pensión graciable para las personas
que fueron víctimas de detención ilegal por razones de carácter política o
sindical hasta el 10 de diciembre de 1983. La propuesta elaborada por el
diputado formoseño Juan Carlos Díaz Roig ya tenía la media sanción del
Senado y fue aprobada por 176 votos a favor, 2 en contra y una abstención.
La
iniciativa no estaba incluida en el orden del día, pero fue tratada sobre
tablas a partir de un pedido de la presidenta del bloque de diputados
kirchneristas, Juliana Di Tullio.
El
proyecto de ley, largamente debatido durante más de cuatro años y presentado en
dos oportunidades por Díaz Roig, había obtenido media sanción en Diputados en
noviembre del año pasado. Sin embargo, el Senado aprobó el proyecto de ley eliminando la fecha de
inicio del período que comprendía dicho resarcimiento en el texto del proyecto,
donde se especificaba desde el 6 de noviembre de 1974 hasta el 10 de diciembre
de 1983.
De esta
manera, el proyecto giró nuevamente a Diputados, que decidió mantener la
decisión de la Cámara Alta, ya que amplía el margen de reparación histórica
para quienes hayan sido privados de su libertad por causas políticas, gremiales
o estudiantiles.
El
proyecto considera como presos políticos a aquellas personas que “hayan sido
privadas de su libertad en condición de civiles o militares, condenados por un
Consejo de Guerra, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o
privados de su libertad”.
Así, el
articulado de la propuesta estipula que los beneficiarios serán quienes fueron “privados
de su libertad en condición de civiles y/o militares por actos emanados de
unidades o tribunales militares especiales o consejos de guerra, haya habido o
no sentencia condenatoria en este fuero, bajo la vigencia de la Doctrina de
Seguridad Nacional”.
Además se
aplicará el régimen reparatorio para aquellas personas que fueron detenidos “por
tribunales civiles, en virtud de la aplicación de la ley 20840/74 y/o del
artículo 210 bis y/o 213 bis del Código Penal y/o cualquier otra ley, decreto o
resolución de esa índole, habiendo permanecido detenidas bajo el régimen de
‘detenidos especiales’, violatorio de los derechos humanos amparados
constitucionalmente”.
El texto
estipula que la reparación económica no afecta “la indemnización que a
cualquier persona afectada le correspondiera, por daño moral, físico o
psicológico a consecuencia de la tortura institucionalizada y la reclusión
prolongada y vejatoria a la que haya sido sometida”. Sin embargo, aclara
que no serán comprendidos aquellos que cobren una pensión (ya sea nacional,
provincial o municipal) por haber sido presos políticos, en ese caso ellos
deberán optar por uno de los dos regímenes compensatorios.
