Walter Neil Bühler 03 de octubre de 2025
Carlos Nino fue el filósofo más importante de la República Argentina del siglo pasado. Fue uno de los más ardientes defensores de la "República" y del estilo de vida democrático; defensa plasmada en su portentoso ensayo "Un país al margen de la ley". Un extraño "best seller" para una obra académica; redactado con la sencillez que solo saben imprimirle los eruditos de verdad.
Nino fue pionero en señalar que el extendido desacato de la ley -que va de la corrupción a la coima, o de la evasión de impuestos a las violaciones de tránsito- no es inocuo y que tiene costos para el desarrollo económico y la consolidación de la democracia. Ideas similares merecieron recientemente el Premio Nobel otorgado a los economistas Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson por sus investigaciones acerca de "las sociedades con principios de derecho débiles e instituciones que explotan a la población no generando crecimiento ni cambios para bien".
Para salvar nuestro orgullo, se podrá argumentar que, en todos los países, en mayor o menor medida, existe corrupción, violación de normas, trampas, economía informal y "avivadas". He tenido la suerte de recorrer la mayoría de los países del mundo y he podido constatar una diferencia fundamental: ninguno de sus habitantes hace alarde del quebranto de la ley. No existe ninguna indulgencia social a tales conductas. Por el contrario, la sola mención de alguna trampa es reprochada con severidad. Aquí, por el contrario, nos vanagloriamos de estas conductas y quien las practica suele ser considerado el más "piola" de sus coterráneos.
No pagar un impuesto; eludir un control policial, un radar o admitir que se ha sobornado a un inspector municipal; vanagloriarse de tener trabajadores en negro; puede ser más ocasión de aplauso que de repudio en nuestra sociedad. No es casual que el juego de naipes "nacional" sea el Truco, en el cual triunfa quien muestra más habilidad para el engaño y la simulación.
Lo grave es que la cultura de la evasión y la informalidad ha ido in crescendo y, ahora, el presidente Javier Milei la lleva al paroxismo total. Su burla y desprecio constante hacia las instituciones, llámense Congreso Nacional, Gobiernos Provinciales, Universidades, Organismos de la cultura y la investigación o su rechazo manifiesto a la existencia misma del Estado; no hacen sino exacerbar nuestra tendencia hacia la anomia. Un presidente que considera "héroes" a los evasores no hace sino causar un daño irreversible en un tejido social de por sí muy debilitado. En la Ley Bases, se ha premiado a todos los empleadores que tenían trabajadores no registrados, permitiendo que actualmente y en el futuro se puedan tener trabajadores en negro sin ningún tipo de sanción, reitero: ninguna.
A esto se suma su tibia o nula reacción ante los escandalosos casos de coima; la eliminación de la oficina anticorrupción; la falta de nombramiento de los Auditores de la Nación que debe designar el gobierno; trabas en el funcionamiento de las comisiones del Congreso; la pretensión de designar Jueces de Corte en comisión; el abuso de los DNU; el envío de proyectos de imposible análisis mesurado (las tres mil leyes afectadas por la Ley Bases); incumplimiento de Sentencias de la Corte Suprema (p.ej. juicios de los jubilados y de la Provincias); el contraer deudas internacionales mediante decretos; la completa inacción ante la tragedia del fentanilo contaminado y el espantoso desempeño de la ANMAT; o la impudicia de los viajes personales pagados por el Estado para satisfacer su ego. Todo esto conforma un patrón que muestra su reiterada burla a las instituciones y la constante búsqueda de resquicios para moverse en el estrecho y oscuro sendero de la marginalidad legal.
En una muestra más de este desprecio del gobierno por las instituciones democráticas y de su peligroso andar al margen de la ley -jalonando un hito de la mayor peligrosidad para el régimen democrático-, Milei decidió "suspender" la ley de emergencia para discapacitados. Se trata de una medida de gravedad institucional inusitada y un alzamiento contra el Congreso Nacional que, como mínimo, implica abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público para los funcionarios intervinientes. Esto podría ameritar ser evaluado como causal de mal desempeño y autorizar el juicio político (artículo 59 de la Constitución Nacional).
El Gobierno argumenta que la ley de Administración Financiera (Ley N° 24.629) obliga a que toda ley que autorice gastos deberá prever su financiamiento y que en caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.
Pero resulta inadmisible que un Gobierno que expresamente ha soslayado, durante todo lo que va de su mandato la sanción de la "Ley de leyes", y que ha aplicado el presupuesto a su antojo sin respetar orden ni criterio en la
asignación de partidas (caso SIDE, aviones o gastos de defensa); que se ha "sentado" sobre partidas específicas que debió distribuir (ATN a las Provincias; o el fondo impuesto a los combustibles para mantenimiento de rutas); un gobierno que ha regalado 15 mil millones de dólares para que algunos argentinos viajen al exterior y atesoren, y que en una sola semana "timbeó" mil millones de la verde moneda; pretenda exigir que el poder legislativo le indique la fuente exacta de financiación de esa ley en particular.
Por otra parte, es sabido que "ley posterior deroga ley anterior". En algunos casos (p.ej España, Bélgica, Chile, Perú, Colombia) existen leyes orgánicas, sancionadas con mayorías especiales, que tienen primacía sobre las leyes comunes; no es el caso de la ley 24629).
Aunque quizá seamos el mayor exponente latinoamericano, los países que nos acompañan en este sufrido subcontinente también, de alguna manera, son cultores del manejo al margen de la ley. Creo, sin temor a equivocarme, que esto es consecuencia de nuestra herencia latina, particularmente la que comenzó a desarrollarse durante la llamada "Conquista de América".
Durante la época colonial, ya se despertaba la "viveza latinoamericana", cuando los funcionarios encontraron una trampa para eludir el cumplimiento de las órdenes reales; mediante la fórmula "acato, pero no cumplo".
Este mecanismo no nació en el contexto colonial, sino que fue importado de la península ibérica como parte del andamiaje del derecho castellano que se aplicaba supletoriamente en los Reinos de Indias. Esta figura se encuentra en los grandes cuerpos legales de la Baja Edad Media, como el Especulo y las Partidas del siglo XIII. Pero mientras que en la Península la fórmula fue usada moderada y excepcionalmente; en estas tierras comenzó a ser aplicada a diestra y siniestra para cualquier norma que obstaculizara la voluntad del funcionario local.
La práctica se manifestaba en una ceremonia pintoresca, pero cargada de simbolismo. Al recibir una real cédula o provisión del rey, la autoridad colonial, generalmente el virrey, la besaba, la colocaba sobre su cabeza y luego invocaba la fórmula "Acato, pero no cumplo". Imagino una escena tragicómica con el Virrey acumulando pergaminos sobre su cabeza jurando cumplimiento y obediencia a normas que no iría a cumplir. Por ejemplo, la protección de los indígenas en relación con las encomiendas. Mandato frecuente de la Corona, era una de las leyes que más a menudo se acataba "en teoría", pero que no se cumplía en la realidad debido a los intereses económicos de la élite colonial. La suspensión de tales leyes permitía a la Corona mantener una fachada de protección de los derechos indígenas mientras los encomenderos continuaban con sus prácticas de trabajo forzoso.
En el Virreinato del Perú, la Corona envió al primer virrey Blasco Núñez Vela, con el mandato expreso de aplicar las leyes "enérgicamente". Núñez Vela, en su celo por cumplir las órdenes reales, se negó a suspender su aplicación; algo que los encomenderos consideraron intolerable. La reacción fue una violenta rebelión liderada por el rico encomendero Gonzalo Pizarro. Se desató una guerra civil, que apagó la Vela de Nuñez que, por negarse a poner unos folios sobre su vicecoronada testa, literalmente la perdió al ser decapitado.
El mecanismo consistía en suspender la aplicación de la ley y enviar al Rey los fundamentos de dicha decisión con un pedido de revisión; trámite en el que se demoraba décadas por la burocracia colonial, las distancias y la inexistencia de vías rápidas de comunicación. Es lo mismo que ha hecho Milei. Ha suspendido la ley para que el Congreso le indique "como se financiará". Ello implica que el Congreso deberá… ¡dictar una nueva ley!
Tres siglos de esta forma de administración colonial generaron un impacto que desbordó los márgenes del derecho positivo. Aquello que en su origen se concebía como una herramienta funcional de gobierno terminó cristalizando la idea de que la ley constituía un orden normativo dúctil, susceptible de relativización u omisión; integrándose de manera profunda en la cultura jurídica y social hispanoamericana. Este proceso se ha conceptualizado como anomia institucional, término empleado por Carlos Nino para caracterizar la disociación estructural entre el derecho formalmente vigente y las prácticas sociales efectivas en nuestro país.
El desprecio por el Estado no puede profundizar esa "boba anomia autodestructiva" de la que nos habla Carlos Nino. No puede haber ningún futuro venturoso si persistimos en esta glorificación del desprecio por la Ley. Quizás, como sociedad debamos releer a Nino y entender que nos sigue hablando con una precisa y acuciante actualidad.
https://www.eltribuno.com/opiniones/2025-10-3-0-0-0-un-pais-al-margen-de-milei
