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MEGA-ENDEUDAMIENTO MACRI: 

ENERO 2017

Por Héctor GIULIANO (10.2.2017)

En el contexto de su política de gobernar con deuda – planteada  desde el inicio de su gestión en Diciembre de 2015 - la administración Macri sigue batiendo récords históricos de emisión de Deuda Pública, Externa e Interna.

Estas colocaciones se vienen realizando por montos elevadísimos, bajo condiciones discrecionales que son manejadas directamente y en forma secreta por el actual Ministerio de la Deuda – oficialmente denominado Ministerio de Finanzas – siguiendo un programa de endeudamiento en gran escala – eufemísticamente llamado Programa Financiero - y sin que exista la más mínima demostración de capacidad de repago sobre las obligaciones financieras que se están asumiendo con total irresponsabilidad fiscal porque se trata de deudas que el Estado Argentino no puede pagar.     

A los efectos de ocultar la situación real y concreta de iliquidez e insolvencia de nuestro país, el gobierno Macri – en complicidad con sus acreedores – procede a seguir refinanciando sistemáticamente la totalidad de los vencimientos de capital (a medida que se producen y hasta el último centavo), con nuevas deudas y además a contraer deudas adicionales, que están destinadas en su gran mayoría a cubrir el déficit fiscal creciente de su administración.

Con el agravante que la mayor parte de estas colocaciones de deuda se aplican así a sostener la financiación de gasto público corriente, lo que está prohibido por la Ley 24.156 de Administración Financiera y sus normas conexas, dado que el artículo 56 de la ley dice taxativamente que se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos.

En este marco, las emisiones de deuda realizadas por el gobierno nacional en Enero de este año – sin contar aquí las colocaciones que paralelamente vienen realizando el Banco Central (BCRA), las provincias (con Buenos Aires a la cabeza), las empresas del Estado y las obligaciones contraídas para pagar juicios contra el fisco con sentencia en firme (como el caso de los holdouts y los reclamos previsionales) – han llegado ya a niveles récord tanto en valor absoluto como relativo.

Durante el primer mes de 2017 el gobierno Macri ha colocado deuda pública directa – es decir, sólo deuda de la Administración Central – por más de 17.000 MD (Millones de Dólares):

1. Un préstamo de 6.000 MD a 18 meses de plazo y tasa de interés nominal del 3.8 % anual (2.9 % más Libor 0.9), con garantía de títulos Bonar 24; otorgado por los bancos BBVA (Bilbao Vizcaya Argentaria), Citibank, Deutsche Bank (DB), HSBC (Hong Chan), JP Morgan y Santander. Son los mismos bancos que actúan como colocadores de bonos en el exterior y se entiende que este crédito consorciado y a corto plazo (un año y medio) actúa en la práctica como préstamo-puente dentro del escalonamiento de la colocación de bonos según el Programa Financiero 2017.

2. Dos nuevos títulos por 7.000 MD, bajo ley extranjera de Nueva York: uno, a 5 años de plazo (vencimiento 2022) por 3.250 MD con tasa de interés de 5.625 %; y otro a 10 años (2027), por 3.750 MD con tasa del 7.0 %.

Todos estos bonos y préstamos que emite el Estado son de tipo bullet, es decir, que amortizan el capital o principal íntegramente a su vencimiento, pero pagan intereses en forma semestral; si bien las autoridades no suministran detalles sobre las condiciones contractuales de tales obligaciones ni mucho menos sobre los compradores de títulos.

El gobierno Macri se ha jactado del supuesto éxito de esta doble colocación de bonos – las ofertas fueron por 22.000 MD contra un requerimiento original de 5.000 MD – pero la realidad es bastante diferente porque en este momento existe excedente de capitales especulativos en el mundo y ello deriva, como siempre, en una muy fuerte presión por parte de los grandes grupos financieros internacionales   para colocarse en países como la Argentina, que en la actualidad emite deuda a las tasas de rendimiento más altas del planeta.

Este proceso se presenta ante la opinión pública como supuestas  oportunidades dadas por el apetito del mercado – un eufemismo que se usa para traducir las presiones de endeudamiento  fiscal – como adelanto ante el peligro de tasas más altas con el advenimiento del gobierno Trump en Estados Unidos y, consecuentemente, como conveniencia así de adelantar la colocación de nuevas deudas del Programa Financiero 2017.

3. Nuevos desembolsos provenientes de organismos financieros internacionales, particularmente la CAF-Corporación Andina de Fomento, que acordó un nuevo préstamo a la Argentina por 400 MD para el Paseo del Bajo, en la CABA (plazo a 15 años con 4 de gracia).

Por Decreto 29/2017, del 11.1, el presidente Macri facultó al Ministerio de Finanzas para contraer un total de nueva deuda externa por 20.000 MD durante el corriente año incluyendo cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros (Nueva York y Londres) y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana (con restricciones varias que son de rigor en estos casos), como así también la inclusión de Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) y Pari Passu.

Por el mismo decreto, aparte de reiterarse algunas autorizaciones generales ya consignadas en la Ley 27.341 de Presupuesto 2017, se incorpora además toda una serie de facultades amplias a través de las cuales el Ministerio de Finanzas puede decidir lo que quiera en materia de colocaciones de Deuda Pública. (*)

El texto de estas autorizaciones cuasi-irrestrictas está prácticamente copiado de la Ley 27.249, que el año pasado autorizó al entonces Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas – como Autoridad de Aplicación – a colocar las nuevas obligaciones de deuda para pagar los juicios contra los holdouts bajo las mismas condiciones absolutamente discrecionales.

4. Nueva Deuda intra-Estado (una modalidad inaugurada y utilizada abusivamente por la administración Kirchner), proveniente de Adelantos Transitorios en curso del BCRA (dentro de un margen anual autorizado por 150.000 M$-Millones de Pesos) y otras obligaciones colocadas en distintos entes oficiales, como el FGS-Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (una letra por 17.000 M$ a un año de plazo)  y el BNA-Banco Nación (un Bono del Tesoro – conocido o refrendado por Resolución E 16/2017, del 9.2 - por 25.000 M$ y vencimiento en Agosto de 2019).

5. Letras de Tesorería (Letes) por unos 2.000 MD, emitidas en dólares durante el mes, como obligaciones financieras de muy corto plazo (90 y 180 días, a tasas del 3.0 y 3.3 % respectivamente).

En total, se estima que el gobierno Macri ha colocado – solamente durante el mes de Enero – deuda pública, externa e interna, por más de 18.000 MD (18.600), incluyendo letras.  

Y la serie de colocaciones continúa: en la fecha se ha editado por la página web del Ministerio de Finanzas un nuevo llamado a licitación de Letras del Tesoro en dólares (a 95 y 186 días) y Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija con vencimientos 2021, 2023 y 2026.

Estos últimos – los bonos – tienen tasa de interés invertida de 18.20, 16.00 y 15.50 % anual respectivamente, que se pagan semestralmente, y se colocan bajo la par para garantizar mayor rendimiento a los inversores financieros.

Con este conjunto de nuevas colocaciones de deuda el gobierno Macri encara un peligroso sobre-endeudamiento durante el año electoral 2017 y lo hace al amparo de la Ley de Presupuesto 27.341, que autoriza un aumento de la deuda durante el ejercicio de 38.200 MD: vencimientos de capital por 58.200 MD contra emisión de nueva deuda para cubrir las cancelaciones y tomar deuda adicional por 96.400 MD.

Este monto a emitir – que ya está aceleradamente en curso - expresado en pesos es de 1.727.500 M$ (96.400 MD x 17.92 $/US$), una suma que consolidando toda la deuda en valor absoluto equivale al 73 % del Gasto Público Total del Ejercicio 2017, que es de 2.393.600 M$ (≡ 131.900 MD).

Según el Programa Financiero 2017 – dado a conocer a principios de Enero - el gobierno prevé emitir deuda por algo más que el total presupuestado: unos 40.350 MD (consolidando siempre las colocaciones en diversas monedas), de los que la mitad (20.000 MD) serían Deuda Externa.

La administración Macri aumenta fuertemente y acelera así en forma muy peligrosa el cuadro de endeudamiento público heredado de la gestión Kirchner, con el agravante que lo hace usando una preponderante nueva deuda con el exterior.

Y este panorama se agrava adicionalmente con el cambio de estructura, composición y características del endeudamiento porque:

1. Aumenta el monto de la Deuda Pública, Externa e Interna.
2. Aumenta consecuentemente la suma de intereses a pagar – porque se toma deuda más cara - y lo hace en mayor proporción que el aumento del principal. Y
3. Disminuye cada vez más la vida promedio de la deuda en su conjunto porque aumenta la proporción de colocaciones de letras y bonos a corto plazo.

Aunque el partido de la deuda y los portavoces del establishment financiero que lo acompañan tratan de enmascarar la gravedad de esta situación que afronta el gobierno Macri, el mismo se encaminaría precipitadamente a la necesidad de un nuevo megacanje o alternativa de seguir subdividiendo cada vez más el complejo sistema de canjes vigente por tipo de acreedor y/o instrumentos de deuda, a los fines de seguir pateando para adelante el problema insoluble de iliquidez e insolvencia del Estado Argentino frente a una deuda pública impagable.  

(*) NOTA:

El artículo 3 del Decreto 29/2017 dice textualmente que se faculta al Ministerio de Finanzas para lo siguiente:

a) Determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de los nuevos títulos públicos;

b) Designar instituciones financieras que participarán en la colocación de los nuevos títulos públicos;

c) Suscribir acuerdos con entidades financieras colocadoras de los nuevos títulos públicos a emitirse, previendo, para ello, el pago de comisiones en condiciones de mercado;

d) Preparar y registrar un programa de títulos públicos ante los organismos de control de los principales mercados de capitales internacionales;

e) Suscribir acuerdos con agentes fiduciarios, agentes de pago, agentes de información, agentes de custodia, agentes de registración y agencias calificadoras de riesgo que sean necesarios tanto para las operaciones de cancelación de deuda como de emisión y colocación de los nuevos títulos públicos, previendo el pago de los correspondientes honorarios y gastos en condiciones de mercado;

f) Autorizar el pago de otros gastos necesarios de registración, impresión, distribución de prospectos, traducción y otros gastos asociados, los que deberán ser en condiciones de mercado, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto; y

g) Autorizar a determinados funcionarios de las áreas competentes a suscribir la documentación respectiva y a implementar toda otra medida referida con las operaciones objeto del presente decreto.

Son prácticamente las mismas facultades de la Ley 27.249, que se dictó para la deuda destinada al pago a los holdouts y otros rubros, aunque con la muy importante diferencia que tales disposiciones no fueron repetidas en la Ley 27.341 de Presupuesto 2017 sino que aparecen ahora con el Decreto 29/2017.