El Ministerio de Seguridad usará inteligencia artificial para vigilar las redes y "predecir futuros delitos"
- Patricia Bullrich firmó una resolución que crea la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS).
- Podrán monitorear perfiles abiertos, sitios web, apps y la dark web para detectar conductas y usuarios sospechosos. Advierten que puede ser inconstitucional.
Redacción Clarín 29/07/2024
Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Francia, Singapur, India. Estas fueron las potencias elegidas por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para fundamentar la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS). "Se trata de países pioneros en la utilización de la IA en sus áreas de gobierno y fuerzas de seguridad", dice la resolución 710/2014 firmada el viernes y publicada este lunes en el Boletín Oficial.
Ya en mayo pasado Bullrich había habilitado a las fuerzas federales a realizar "ciberpatrullajes" en internet, incluyendo las redes sociales, a través de otra resolución del ministerio, la 428/2024. La creación de una unidad especifica de Inteligencia Artificial responde a la misma línea de trabajo, y seguramente despertara polémicas.
"El objetivo de esta unidad será prevenir, detectar, investigar y perseguir delitos y sus conexiones mediante el uso de inteligencia artificial (IA)", dice la nueva resolución.
Entre sus funciones, se destacan:
• Monitoreo de redes sociales, apps y webs: la unidad patrullará redes sociales abiertas, aplicaciones, sitios web y la dark web (internet profunda) para identificar delitos y a sus autores, o situaciones que sean de riesgo para la seguridad pública.
• Análisis de actividades en redes sociales: se analizarán actividades en redes sociales para detectar potenciales amenazas, identificar movimientos de grupos delictivos y prever disturbios.
• Detección de transacciones sospechosas: la unidad también se encargará de identificar transacciones financieras sospechosas o comportamientos anómalos que podrían indicar actividades ilegales.
• Desactivación de explosivos: utilizarán robots para la desactivación de explosivos.
Lo positivo y lo riesgoso
Para Andrés Gil Domínguez, especialista en Inteligencia Artificial y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Pampa, "el Estado tiene la tarea de prevención del delito, de implementar políticas en aras de la seguridad". Y opina: "No veo nada de malo en que se haga investigación en fuentes abiertas e incluir la dark web, me parece bárbaro", opinó.
Sin embargo para Gil Domínguez no es lo mismo ciberpatrullar "en busca de delitos que ya están tipificados en el Código Penal que hablar de conductas de hipotético riesgo, eso ya es inconstitucional", agregó haciendo referencia a cierta parte del articulado de la reglamentación.
Por su parte, Jorge Litvin, abogado especialista en cibercrimen y ciberseguridad, señaló que el uso de la IA en esta materia "no es nada nuevo" y data de hace una década. "Veo positivo que el Estado busque modernizar metodologías oxidadas al borde de la obsolescencia en pos de mitigar el impacto de la delincuencia", opinó. "No podemos pretender combatir la delincuencia moderna mediante métodos de otra época", agregó.
Litvin, que es CEO de Safe-U, dijo que "hay que 'deshollywoodizar' lo que imaginamos cuando leemos monitoreo, patrullaje y verbos similares. El escenario distópico orwelliano suele ser más perseguido por el sector privado que por el Estado, por la capacidad de monetización de nuestros datos", señaló.
Sobre la privacidad de los datos, mencionó: "dudo que el Estado desperdicie recursos que no le sobran en leer todas y cada una de las interacciones que realizan los ciudadanos, es tan ilógico como inviable. Justamente, los sistemas de IA que se utilizan para combatir el crimen se entrenan para que identifiquen y alerten sobre determinadas combinaciones de palabras claves, imágenes, patrones y otros indicadores de la preparación o comisión de un ilícito, de manera que las autoridades puedan prevenirlo, evitar que escale o al menos investigar eficientemente a quienes lo hayan cometido".
En ese sentido, explicó que los sistemas no son perfectos y "detectan muchos falsos positivos que los analistas deberán filtrar para separar la paja del trigo".
"Lo importante aquí será evaluar la fiabilidad de las herramientas, cómo se entrenan, ajustan y prueban y con qué criterio se recabará, resguardará, interpretará y se utilizará la información a ser utilizada como evidencia digital", dijo Litvin.
La vuelta del ciberpatrullaje
En la visión Bullrich "el uso de la IA mejorará significativamente la eficiencia de las distintas áreas del Ministerio y de las fuerzas policiales y de seguridad federales, permitiendo respuestas más rápidas y precisas ante amenazas y emergencias".
Cuando en mayo Bullrich habilitó a las fuerzas federales a hacer "ciberpatrullaje" en internet y redes, en la resolución 428/2024 mencionó la necesidad de "dotar de herramientas jurídicas las técnicas investigativas en materia de ciberdelitos o delitos con presencia de la tecnología o utilización de tecnologías".
A la vez, describió que el ciberpatrullaje estaría direccionado a investigar: infracciones a la ley de drogas 23.737, amenazas, violación a la ley de armas y explosivos, delitos informáticos, infracción a la ley de marcas, falsificación de documentos públicos, maltrato animal, acoso y violencia de género, publicación de imágenes o datos personales sin consentimiento, pornografía infantil, trata y tráfico de personas, lavado de dinero, terrorismo, venta ilegal de productos que requieran un permiso (como armas o precursores químicos), cualquier otro delito del que se de noticia en el ciberespacio, búsqueda de prófugos y búsqueda de personas.
La nueva unidad estará compuesta por especialistas de las cuatro fuerzas federales (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria) y del Servicio Penitenciario Federal (SPF), quienes serán designados por sus respectivas autoridades. La coordinación estará a cargo del Director de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, bajo la Unidad de Gabinete de Asesores (UGA) del Ministerio de Seguridad.
Facultades de la Nueva Unidad:
• Identificación y comparación de imágenes en soporte físico y virtual
• Análisis predictivo: se podrán utilizar algoritmos de aprendizaje automático para analizar datos históricos de crímenes, predecir futuros delitos y ayudar a prevenirlos.
• Detección de amenazas cibernéticas: a través de la identificación de patrones inusuales en redes informáticas y detección de amenazas cibernéticas antes de que ocurran ataques, incluyendo la identificación de malware y phishing.
• Procesamiento de datos de grandes volúmenes de diversas fuentes para extraer información útil, crear perfiles de sospechosos e identificar vínculos entre diferentes casos.
• Vigilancia aérea con drones: que permitirá patrullar áreas extensas mediante drones, proporcionar vigilancia aérea y responder a emergencias.
MG
El Gobierno envió al Congreso el DNU que asigna 100 mil millones de pesos a la nueva estructura de la SIDE
El DNU deberá ahora ser tratado por la Comisión Bicameral Permanente y tendrá un plazo de diez días hábiles para emitir el respectivo dictamen
Por Redacción 1 de agosto de 2024
El Gobierno envió hoy al Congreso el DNU que asigna 100 mil millones de pesos de fondos reservados a la nueva estructura de la SIDE, una medida que es rechazada por la mayoría de los bloques dialoguistas y el kirchnerismo.
La norma deberá ser tratada en la Comisión Bicameral Permanente que monitorea los DNU, para lo cual tendrá desde hoy diez días hábiles que vencerán el próximo miércoles 14 de agosto.
La Bicameral, que preside el senador libertario Juan Carlos Pagotto, citó a una reunión para el jueves 8 a las 14, pero con un temario para tratar tres DNUs dictados en el Gobierno de Mauricio Macri, 31 de la administración de Alberto Fernández y cinco de la administración de Javier Milei.
La ley de regulación de los DNU permite que esas disposiciones puedan quedar firmes con el respaldo de una sola de las cámaras del Congreso, pero para su rechazo necesita el respaldo del Senado y Diputados.
Por ese motivo, el Gobierno pudo mantener vigente el DNU 70/2023 de desregulación de la economía, ya que, si bien fue rechazado por el Senado, los bloques dialoguistas de la UCR, Hacemos e Innovación prefirieron no sumarse a los pedidos de Unión por la Patria (UxP) y la izquierda para anular esa medida.
Los interrogantes están puestos en que la mayoría de Hacemos está dispuesta a rechazar el DNU, lo mismo que la Coalición Cívica y la UCR, con lo cual la Libertad Avanza (LLA) solo tendría el respaldo de su actual aliado, que es el macrismo, y algunos bloques unipersonales.
En la Cámara de Diputados se podría rechazar el DNU que otorga los fondos reservados para inteligencia, ya que, si suman los 99 diputados de UxP, los 5 de la izquierda, los 34 radicales y 7 de los 16 de Hacemos, el oficialismo no tendrá cómo impedir que se derogue ese decreto.
A eso se suman las quejas opositoras por la demora en conformar la Comisión de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, donde el oficialismo aun no acordó quien encabezará esa estratégica bicameral.
Para el oficialismo, el panorama no es mejor en el Senado, donde los dos bloques del kirchnerismo tienen 33 legisladores, con lo cual con solo 4 voluntades de otros bloques pueden definir el rechazo a ese decreto.
El primer debate que se presentará en la reunión del próximo jueves será que tanto Hacemos como la UCR reclamarán que se traten los dos DNU sobre inteligencia, uno que establece la nueva estructura de la SIDE y el otro que ingresó hoy al Senado sobre la asignación de los recursos.
El bloque de diputados de la UCR cuestionó el martes último la decisión del Poder Ejecutivo de asignar, vía DNU, 100.000 millones de pesos para gastos reservados de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
«Por decreto conformaron una nueva SIDE, y la primera decisión que tomó el Ejecutivo al respecto fue dotarla de 100.000 millones de pesos más de asignación presupuestaria, multiplicando por 8 el presupuesto anterior de 15.000 millones, al mismo tiempo que aseguran que ´no hay plata´, por ejemplo, para la recomposición salarial de los jubilados», advirtió esa bancada.
Agregó la UCR que «lo que preocupa aún más es que especifican que son fondos de carácter reservado, evitando rendir cuentas o dar información de carácter público sobre el uso de los mismos».
En tanto, la diputada de Hacemos Margarita Stolbizer presentó un proyecto de resolución para rechazar el DNU 656, al argumentar esos fondos deben ser controlados por el Congreso.
Firmaron el proyecto de Stolbizer sus pares Nicolás Massot, Mónica Fein, Emilio Monzó, Esteban Paulón, Mónica Fein, Alejandra Torres y Natalia de la Sota.
También presentó un proyecto para anular el DNU la Coalición Cívica, en base a una iniciativa presentada por el legislador Maximiliano Ferraro.
Resta esperar la respuesta del oficialismo ante los pedidos de la UCR y Hacemos para que tengan un rápido tratamiento los DNU sobre inteligencia ya que, si no se emite dictamen antes del 14 de agosto, los bloques opositores pueden pedir el tratamiento en el recinto de sesiones.
La ley 26.122 fija que La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el Jefe de Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras.
El sistema SIBIOS
Por Javier Cornejo
Publicado en el diario El Tribuno el 15-10-2012
El
9 de enero de 2012, en la página 22 de El Tribuno bajo el título: “La
identificación biométrica en el país”, explicitaba su significado y alcances, y
la expansión del sistema a la AFIP. En una palabra, a todos los habitantes y
hasta el más recóndito lugar de país (puede consultarse fácilmente por
internet).
Este sistema de identificación recibió el nombre de SIBIOS (Sistema Federal de
Identificación Biométrica).
Peligros
Es de destacar que el propio Reino Unido de Gran Bretaña, hace más de dos años desmanteló un sistema parecido ante la insostenible presión pública que lo catalogó como un programa invasivo de la intimidad de las personas (Katitza Rodriguez Electronic Frontier Foundation).
En
la justificación de su implementación se esgrime que “el sistema mejora la
seguridad y puede controlar a los delincuentes”. (Discurso de la presidente
Cristina Fernández del 7/11/11, en el anuncio de su implementación).
Ante ello es preciso preguntarse: ¿Dónde queda la libertad y privacidad de los
no delincuentes?
Este SIBIOS creado por Decreto N: 1266/11 para “enriquecer” el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) debe relacionarse con la Ley 26.734, denominada “ley Antiterrorista”, que reformó el Código Penal (aprobada en tiempo récord por ambas Cámaras en diciembre de 2011) .
Esta ley fue pedida por el Departamento de Estado de EEUU a través del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Es una herramienta jurídica destinada a “criminalizar las protestas sociales” al categorizar a la “protesta” como un delito. Además esta herramienta jurídica es una eficaz arma de miedo, disuasión y desintegración de los lazos de las redes sociales.
Curioso
Inaugurando esta herramienta la Sra. presidente el 8 de abril de 2012, pidió a los jueces que “agarren el código penal, identifiquen a los que hacen estos actos y actúen en consecuencia” en razón de que el 2 de abril hubo un “acto de vandalismo” por quienes se “visten con ropaje pseudorevolucionario y en plena democracia, con plena libertad, como nunca antes se ha visto, sucedan estas cosas” frente a la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña. Allí un grupo de manifestantes repudiaron la presencia de empresas inglesas en el país y prendieron fuego a banderas británicas.
Cacerolazos
Es decir, que por aplicación de la ley 26.734 en base a los datos de las personas recopilados en el RENAPER por el Sistema SIBIOS, en cualquier intento de queja en la geografía argentina y por cualquier tema, están supercontrolados e “identificados” en forma fehaciente e indubitable todos sus participantes.
La anticipación en la preparación de este “arsenal informático jurídico” por parte del Gobierno Nacional, hace suponer, sin lugar a dudas, que la previsión y tratamiento de estallidos de conflictos sociales en nuestro país, ya se encuentra previsto en varios capítulos atrás del manual de procedimientos que se aplica a rajatabla en pos de objetivos totalmente desconocidos por el dislocado pueblo argentino.
Si los datos que el sistema recopila son puestos en manos de “Vatayones Militantes”, las consecuencias no hace falta que sean esclarecidas. Los lectores de esta columna sabrán entenderlo perfectamente.
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