Visita del Papa a mapuches agravará crisis en Chile
Un 85,8% de los chilenos cree que el viaje del papa Francisco a La Araucanía agudizará el conflicto mapuche, que enfrenta a comunidades de ese pueblo amerindio con empresas agrícolas o forestales, y al Estado.
Francisco, aquí con un penacho de los indígenas Pataxo, en Rio de Janeiro el 27 de julio de 2013.
Una encuesta realizada por la radio Cooperativa y la consultora Imaginacción, difundida hoy, recopiló las respuestas de 501 personas de las ciudades de Santiago, Iquique y Temuco, y se realizó de manera telefónica entre los días 9 y 12 de noviembre.
Pese a la negativa percepción de la visita de Francisco a La Araucanía, un 58,1 % de los entrevistados declaró que el viaje del sumo pontífice a Chile será "positivo" para el país.
Otro 31,1 % calificó de "negativo" el traslado del obispo de Roma entre los días 15 y 18 de enero a la nación suramericana, donde deberá cumplir con una exigente agenda de actividades.
Respecto de la participación que tendrán los chilenos en esta visita papal, sólo un 19,8 % afirmó que desea acudir a alguna de las actividades encabezadas por Francisco, frente a un 78,4 % que descartó sumarse a los masivos encuentros que ofrecerá el Papa, que serán gratuitos, según anunciaron ayer los organizadores de la gira.
Poca "motivación" en Chile por la visita del Papa
Sobre la financiación de este viaje, que ha sido uno de los temas más comentados en los últimos días por los costes que el Estado deberá asumir, un 82 % aseguró que no pondrá dinero en la recaudación de fondos de la Iglesia, mientras otro 17 % sí está dispuesto a aportar.
"La relación del ciudadano común, de las personas comunes y corrientes en Chile respecto de la Iglesia católica es muy distinta hoy a lo que era hace 30 años", enfatizó el gerente de Estudios de Imaginacción, Carlos Vergara, en relación a la baja convocatoria del catolicismo actual, que hace décadas superaba el 80 % de chilenos.
Además advirtió que posiblemente el cronograma de actividades que el papa Francisco llevará a cabo en Chile "no está muy claro para la opinión pública", por lo que "cuando esto esté más cerca y haya una campaña más sistemática, la gente podrá sentirse más motivada a participar y aportar".
Al ser consultados sobre su religión o creencia, un 55,5 % de los participantes dijo ser católico, un 26,3 % declaró no profesar religión alguna, un 12 % afirmó ser evangélico y un último 5,4 % optó por otras creencias.
JOV (efe, WRadio)
"¿Por qué tenemos que dejar que nos quiten las tierras?"
15 DE Noviembre 2017
Dorotea Bonifacio y Valerio Zerpa, de La Poma, denuncian los atropellos de los autodenominados calchaquíes.
Dorotea, de El Rodeo, y Valerio, de El Potrero, con El Tribuno.
Dorotea Saturnina Bonifacio vive en El Rodeo, en La Poma. Ni ella ni su madre ni su abuela, de 96 años, habían oído hablar nunca de los "pueblos originarios" hasta que Armando Salva se declaró "diaguita calchaquí" y comenzó a afiliar vecinos.
Poco después, un grupo de "afiliados" invadió parte de sus tierras, unas dos hectáreas, y comenzó a levantar cercos, poner condiciones y a impedir las actividades rurales de Dorotea y su familia. "Vos no sos afiliada", le reprochó Leonel Bonifacio (la coincidencia de apellidos en el lugar no implica necesariamente parentesco).
A esta altura, cabe señalar que ni Dorotea ni ninguno de los campesinos invadidos por los recientemente autoidentificados "diaguita calchaquí" son terratenientes. Ellos tienen las escrituras al día y desde hace décadas ocupan pequeños predios para cría de chivos y agricultura regional.
La familia de Dorotea sabe que Ricardo Salva, el abuelo del cacique, llegó hace unas décadas desde el altiplano boliviano. "Nunca nadie vio a ningún Salva vestido con ropas de aborigen o con plumas", asegura Dorotea.
Armando Salva fue ungido cacique, según los vecinos, por su tía Luisa y su padre Telmo.
El aspira a ser cacique vitalicio y, por eso, cobrar de por vida el sueldo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), además de disfrutar de la renta de los numerosos inmuebles que su familia posee en distintos puntos de la provincia.
Este es el punto clave en el mecanismo de apropiación de tierras que genera constantes tensiones y hechos de violencia, y que ha convertido a los pueblos de los valles en campo de batalla entre parientes y vecinos.
Leyes problemáticas
Probablemente, ningún legislador quiso hacer daño; seguramente tampoco analizaron lo que estaban haciendo, y abrieron la caja de Pandora.
La ley 23.302, sancionada en 1985, creó el INAI para otorgar las personerías jurídicas a las comunidades y otorgar al cacique la representación de la comunidad. El problema es que el entusiasmo "identitario" de los legisladores urbanos no previó que ni las comunidades ni los caciques tenían identidad tan definida. Decidieron que aborigen es el que se identifica como tal. O, en palabras de Dorotea, "el que se afilie". La palabra no es neutra. La creación de estas nuevas entidades de la democracia, al ser imprecisas se volvieron arbitrarias y un instrumento del clientelismo. Así, un cacique de Cachi es hijo de una mujer alemana.
La ley 26.160 y su prórroga fueron sancionadas, supuestamente, para evitar los desalojos a las comunidades indígenas que, teóricamente, deberían acreditar presencia histórica en el lugar. No es el caso de los afiliados por Salva, de origen boliviano. Ni de Julio César Vilte, nacido en la conurbana Avellaneda y señalado por las víctimas de conflictos en La Poma. La norma, insuficiente o mal interpretada, provoca ahora que personas como Dorotea deban enfrentar armadas de palos a los usurpadores. O como Valerio Zerpa, sometido a los ataques de los "afiliados".
El éxito de las afiliaciones proviene de la promesa de entrega de los terrenos usurpados, con títulos de propiedad.
Hay dos problemas. Los terrenos usurpados tienen dueños particulares con títulos incuestionados. Y, además, la idea es que se trate de "propiedades comunitarias". Es decir, los títulos jamás serán para "los afiliados" sino para la comunidad. Ayer, en una mediación realizada en la Fiscalía de Garantías 8, Adriana Bonifacio, a cuya familia le usurparon tres lotes de su finca a orillas del Río Calchaquí, le reprochó al abogado Jorge Armando Arias, a quien identifican como "evangelista" y "diaguita calchaquí" el hecho de que él ni ninguno de los caciques convierte en comunitarias sus propiedades particulares pero quieren llevar a esa condición las tierras de los vecinos. Adriana es hija de Francisco Bonifacio y la familia vive en el lugar desde hace más de 70 años. Roberto, el hermano más joven, sufrió una brutal agresión a manos de los usurpadores, lo que le produjo daño cerebral. El sábado fue nuevamente golpeado.
Valerio Zerpa, de El Potrero, también relata sus penurias. El fue uno de los que se "autodenominó" diaguita calchaquí tentado por la promesa de obtener tierras de su propiedad. Renunció desengañado. "Nosotros vivíamos en la mayor paz, sin peleas. Hasta que empezaron los relevamientos (de los técnicos del INAI) y las afiliaciones. Luego, todo cambió. Hace 27 años que vivo en esta tierra, en la que mi madre vivió toda su vida. ¿Por que la voy a tener que dejar? ¿Por qué voy a permitir que los que eran mis vecinos me la quiten?
Alguien debe hacerse cargo
Lo que ocurre en La Poma es una advertencia sobre un problema serio que el Gobierno debe asumir de inmediato. El testimonio de las personas que denuncian usurpaciones en los valles Calchaquíes coincide en un sentimiento: el de impotencia, y en la sensación de que los jueces y fiscales no cuentan con elementos para que se haga valer el derecho de las personas a ejercer la propiedad de las tierras que legalmente les pertenecen.
Ante la usurpación, que es un delito, y ante las agresiones como las que sufrieron Sindulfo Mamaní y Roberto Bonifacio, o las violencias a que están sometidos quienes se niegan a "afiliarse", generalmente los propietarios se sienten denunciados y prejuzgados. Para ellos es evidente que en los Valles Calchaquíes rige un doble orden jurídico. La Constitución, al reconocer los derechos de los pueblos originarios, puso condiciones, ya que estos deben acreditar presencia histórica y tradiciones como comunidad, una lengua ancestral y en los territorios reclamados.
En la realidad, esta identidad solo puede aceptarse por un acto de voluntad, o por una decisión política. Se vive una ficción alimentada por una fisura jurídica. La Constitución jamás puede legitimar la usurpación de tierras ni las agresiones entre vecinos.
Ni la Policía ni la Justicia deberían desentenderse.
La fisura muestra territorios y grupos humanos fuera del amparo jurídico.
La mala definición de la condición indígena deja un vacío insostenible. Los problemas étnicos son complejos, superponen el derecho de un grupo abstracto sobre el de las personas, y suelen derivar en violencia. En tanto, las verdaderas tragedias sociales como las que sufren los qom, los wichis y otras comunidades de cuya identidad nadie duda, excluidos de todo, tampoco son abordadas con estas leyes distorsionadas por los pescadores de río revuelto.
Lo que ocurre en La Poma es una advertencia sobre un problema serio que el Gobierno debe asumir de inmediato. El testimonio de las personas que denuncian usurpaciones en los valles Calchaquíes coincide en un sentimiento: el de impotencia, y en la sensación de que los jueces y fiscales no cuentan con elementos para que se haga valer el derecho de las personas a ejercer la propiedad de las tierras que legalmente les pertenecen.
Ante la usurpación, que es un delito, y ante las agresiones como las que sufrieron Sindulfo Mamaní y Roberto Bonifacio, o las violencias a que están sometidos quienes se niegan a "afiliarse", generalmente los propietarios se sienten denunciados y prejuzgados. Para ellos es evidente que en los Valles Calchaquíes rige un doble orden jurídico. La Constitución, al reconocer los derechos de los pueblos originarios, puso condiciones, ya que estos deben acreditar presencia histórica y tradiciones como comunidad, una lengua ancestral y en los territorios reclamados.
En la realidad, esta identidad solo puede aceptarse por un acto de voluntad, o por una decisión política. Se vive una ficción alimentada por una fisura jurídica. La Constitución jamás puede legitimar la usurpación de tierras ni las agresiones entre vecinos.
Ni la Policía ni la Justicia deberían desentenderse.
La fisura muestra territorios y grupos humanos fuera del amparo jurídico.
La mala definición de la condición indígena deja un vacío insostenible. Los problemas étnicos son complejos, superponen el derecho de un grupo abstracto sobre el de las personas, y suelen derivar en violencia. En tanto, las verdaderas tragedias sociales como las que sufren los qom, los wichis y otras comunidades de cuya identidad nadie duda, excluidos de todo, tampoco son abordadas con estas leyes distorsionadas por los pescadores de río revuelto.
LOS MAPUCHES NO SON UN PUEBLO ORIGINARIO
Horacio Ricciardelli:
OTRO APORTE AL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD SOBRE LOS "MAPUCHES ARGENTINOS" TRABAJO REALIZADO POR EL COMPATRIOTA LIC.JORGE MONES RUIZ.
Por el Lic. Jorge P. Mones Ruiz
Dentro del territorio centro-sur argentino sus antiguos pobladores (Tehuelches, entre otros), recibieron la influencia de la invasión araucana a partir de 1550 aproximadamente. Ese conocimiento de los grupos aborígenes de los más remotos tiempos y luego, de quienes tuvieron que soportar la entrada de los araucanos invasores, fue analizado coherente y científicamente, sin encontrar en ninguna de tales parcialidades (cruzamiento entre distintas etnias) la voz araucana "Mapuche" para designar a cualquiera de esos grupos humanos.
La palabra "mapuche" fue creada para un fin específico. Esta voz del antiguo arauco no corresponde a ningún tipo étnico ni parcialidad, ni familia o cultura, sean estas designaciones empleadas tanto en especial como en general.
Tengamos presente que jamás figuró un solo cacique, un cona o capitanejo, una princesa, un gran cazador o guerrero, ni un individuo determinado que fuera conocido como "mapuche", pues a todos esos ándidos, sean araucanos, pampas, ranqueles, boroganos, huiliches, pehuenches o tehuelches, se los identificó por sus etnias reales y nunca jamás como "mapuches".
Ningún jefe indígena figuró o combatió como representando a esa arbitraria e interesada designación de "mapuche" que fue totalmente desconocida hasta principio del siglo XX, años 1902-1903 aproximadamente (tener en cuenta el conflicto argentino-chileno, Curamalal – con su antecedente de 1897 – 1898).
Este término fue creado por estudiosos chilenos y agentes ingleses interesados, quienes propiciando la palabra mapuche para aplicarla a los indígenas, tanto de Chile como de Argentina, hacían desaparecer viejas etnias como los araucanos, pampas, huiliches, pehuenches o tehuelches, aglutinando bajo el nombre de "mapuches" a todas las parcialidades que eran argentinas, borrándolas de los valles cordilleranos y de la Patagonia , para lograr la posesión de un vasto y fecundo territorio argentino, que siglos antes había sido invadido por araucanos chilenos.
La "creación mapuche" igualaba a todos y era, y es, una expresión que muchos desprevenidos no llegan a entenderla. Fue un "invento geoestratégico" y hoy es un problema potenciado por intereses foráneos.
El almirante Fraga refiere la "cuestión Mapuche" como una circunstancia de particular relieve en el planteo geopolítico y geoestratégico de la Patagonia. Es dable destacar que la supuesta "nación mapuche" abarca una zona que incluye bajo una misma región una porción de territorio chileno y argentino (en este último caso en la provincia de Neuquén y su proyección del otro lado de los Andes.
La bandera mapuche es auspiciada por el exterior (especialmente desde Europa) y particularmente desde grupos sectarios religiosos, interesados en la campaña pro-mapuche que en los últimos tiempos se agita permanentemente y ocupa un importante espacio en los diferentes medios de difusión y culturales de ambos países afectados.
Es necesario destacar que algunos sectores militares chilenos, y más allá de sus pretensiones históricas, observan con preocupación la cuestión mapuche, ya que perciben una maniobra interesada "segregacionista" que afectaría a Chile en un ecosistema, que sin considerar la frontera política, es compartido como región geográfica con la Argentina.
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