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lunes, 17 de abril de 2023

LAS DESVENTURAS DE YPF Y EL JUICIO DE NUEVA YORK.

Nadie ignora lo que significó YPF para la economía nacional desde su fundación. La gestión pionera llevada a cabo por el Gral. Enrique Mosconi, significó poner en marcha a la empresa más grande que tendría la Argentina y que generaría enormes recursos al país. Esa gestión se consolidaría desde 1932 hasta 1943, mediante la presidencia del Ingeniero Ricardo Silveyra.

Tanto Mosconi como Silveyra, fueron opositores tenaces a la privatización de la empresa, y solo discreparon en cuanto que Mosconi podía aceptar que hubiera capital privado en la misma, lo que era negado tenazmente por Silveyra, que llegó a decirle a ministro Pinedo, que si se hacía el intento de privatizar la empresa el pueblo no lo iba a tolerarlo, iba a colgar a los autores y él iba a encabezar la marcha para tal acción.

Pero con los años, ciertas cosas fueron cambiando y fue así que, en 1954, se le entregaron a una subsidiaria de la Standard Oil de los EE.UU. 48.000 kilómetros cuadrados de territorio para explorar y explotar el petróleo. A partir de 1958 y con la justificación de ganar la batalla del petróleo, se volvieron a entregar concesiones a través de oscuros negocios, las que fueron anuladas por el Dr. Arturo Illía.

Hubo muchas idas y venidas, respecto a YPF, pero ningún gobierno se atrevió a privatizarla, hasta que, en 1992, y después de la firma de tres decretos desregulatorios del sector, YPF dejó de ser estatal y comenzó su privatización. En ese año tuvo principalísima intervención el Dr. Néstor Kirchner que lideraba el grupo de provincias petroleras, que hizo un persistente lobby para que eso se concretara. Como Menem sabía con quienes hablaba, para evitar el fracaso de la privatización a la que se había opuesto de manera tajante la UCR, logró firmar acuerdos con las provincias petroleras y en el caso de Santa Cruz firmó Cavallo con Kirchner un acuerdo por el cual si se concretaba el proyecto Santa Cruz recibiría casi 500 millones de dólares, y si fracasaba y en el Congreso no se apoyaba la privatización, no recibiría un solo centavo. Parrilli fue el miembro informante y todo se aprobó con la euforia de los justicialistas que vivaron al presidente Menem.

Unas semanas después Kirchner firmó con Cavallo y Manzano un nuevo acuerdo, por el cual la suma anteriormente pactada se elevó a 680 millones de dólares, que sirvieron para comprar acciones de YPF a un precio y revenderlas a una suma mayor con ingentes ganancias. Nunca se supo en realidad que pasó con esa suma, porque el Tribunal de Cuentas de la Provincia nunca lo informó.

En el 2006, después de promulgada la ley corta que significó entregar en su totalidad a las provincias el dominio de los recursos petroleros, se prorrogó la concesión de la mayor reserva de petróleo en el golfo de San Jorge por 40 años a la Pan American Energy, cuyo mayor accionista era la Bristish Petroleum de Gran Bretaña. Todo se hizo en abierta violación a la Ley de Hidrocarburos (17.319)

Un año después se autorizó al Grupo Petersen de la familia Eskenazi a comprar el 25% de las acciones, y lo hicieron sin poner un solo centavo. Las pagaron con dividendos de la propia empresa.

En el 2012 se decidió la expropiación del 51% de las acciones, y en ese momento como asesor del diputado Solanas, preparé una disidencia, para que no solo se expropiara ese 51%, sino el 25% de los Ezkenazi, ya que suponía lo que iba a ocurrir de acuerdo a los estatutos de la empresa. Esos verdaderos delincuentes, vendieron aparentemente sus derechos a unos fondos buitres, el grupo Burford, quienes han obtenido recientemente una sentencia en Nueva York por cifras escalofriantes.

Cabe recordar que, debido a Mosconi y a Silveyra, YPF fue planteada no solo como una gran empresa petrolera, sino como un factor de desarrollo integral de nuestra patria. YPF construyó ciudades, pueblos, escuelas, hospitales, genero empleo a través de una organización empresaria perfecta, alejada de los aspectos crematísticos que tienen las empresas privadas. Se hizo todo lo posible por destruirla, y es apenas una sombra de lo que fue, ya que las petroleras extranjeras son las que explotan nuestros recursos, para llevarse todo lo que puedan.

 

ACLARACIÓN IMPORTANTE. No existe una coma en esta nota, que no esté respaldada por documentos irrefutables

 

Alejandro Olmos Gaona


 

lunes, 5 de junio de 2017

YPF-Latrocinio KK



¿Qué dirán ahora los "pibes de la liberación", cuando se comprueba que sus "ídolos" son vulgares estafadores-saqueadores del Estado y piojos resucitados aspirantes a oligarcas?

Las claves de la maniobra para quedarse con YPF
El kirchnerismo se tomó varios años para conseguir el control de la petrolera argentina. El proceso le costó miles de millones al Estado.

La "nacionalización" de YPF. Por impulso de Néstor Kirchner, la familia Eskenazi -dueña del Banco de Santa Cruz- compra en 2008 el 14% de YPF por unos US$ 2.000 millones. Para esa operación usan dos sociedades que arman en España: Petersen Energía y Peterson Inversora.
La mitad del monto se paga con un crédito de un consorcio de bancos encabezado por el Credit Suisse y garantizado sólo con las acciones de la petrolera. Los otros 1.000 millones de dólares los presta la propia Repsol a los Eskenazi, quienes se plantean solventarlo con los dividendos que consiguieran de la explotación de YPF. En resumen, sin aportar fondos propios.
Lo que más llama la atención de esa operación es que Repsol haya aceptado vender y los bancos hayan aceptado prestar una suma tan alta sin garantías. Se sospecha que los intereses de los fondos de Santa Cruz (provenientes de US$ 630 millones de regalías petroleras más los US$ 1.100 millones que Santa Cruz recibió por la privatización de YPF un 1999) fueron usados como garantía oculta. En la jerga bancaria, un "back to back".
En mayo de 2011, los Eskenazi ampliaron otro 10% su participación en YPF, con lo cual llegan a tener el 25,46%. Por ese 10% pagan US$ 1.304 millones con un esquema similar a la adquisición anterior: US$ 700 millones de un crédito de bancos y los otros US$ 600 millones de un crédito de la propia Repsol.
La española se queda en ese momento con el 58% de la empresa. Otro 16% está en manos de fondos e inversores internacionales, y el resto quedó repartido entre el Estado Nacional, las provincias de Chubut y Formosa y el Programa de Propiedad Participada.

La expropiación. Necesitado de dinero, el Gobierno de Cristina Kirchner expropia en abril de 2012 el 51% de las acciones de YPF pero sin tocar la parte de los Eskenazi. Sólo toma las acciones que pertenecían a Repsol. Previamente, hace caer el precio de las acciones congelando el valor de los combustibles y quitándole a YPF áreas de exploración en el interior del país. Roberto Baratta, el hombre de De Vido en YPF, que siempre había votado a favor de los Eskenazi, pasa a cuestionar todas las acciones de la empresa.

El pago de la indemnización a Repsol. En febrero de 2014, el gobierno de Cristina le pagó US$ 6.000 millones a Repsol por el 51% de la compañía que había expropiado. Apenas un año y medio después, el valor bursátil de la empresa era menos de la mitad de lo que tenía en la fecha de ese pago.

Los juicios contra la Argentina. Las dos sociedades españolas que los Eskenazi habían usado para comprar su parte de YPF dejan de pagar a los bancos y se declaran en quiebra. El síndico de la quiebra española subasta las acciones de los Eskenazi en Nueva York y también subasta el derecho a litigar contra el Estado argentino e YPF por el perjuicio que significó la expropiación.
El fondo buitre Burford Capital LLC se queda con el juicio. Acuerdan que se quedará con el 70% del eventual beneficio y el 30% restante quedará para los acreedores de la quiebra. Ese juicio se sustancia desde marzo de 2015 en los tribunales de Nueva York y el Estado argentino perdió en primera instancia. Tras la apelación, ahora la controversia se dirime en los tribunales de segunda instancia. El sábado, Fabián Rodríguez Simón, asesor de Mauricio Macri y miembro del directorio de YPF, viajó a Nueva York para la apelación.
Hay un segundo juicio en marcha contra la Argentina, y es el que lleva adelante desde el año pasado el fondo buitre Eton Park, que se considera perjudicada por la expropiación. El reclamo de los dos fondos buitre alcanzaría los US$ 5.000 millones.

Los papeles de Aldo Ducler. Con los dos juicios en marcha, el abogado de Ducler, Roberto Durrieu, se contactó con funcionarios del Gobierno para ofrecer la documentación sobre las maniobras secretas para la apropiación de YPF. Dicen que lo hizo a cambio de dinero. Durrieu es, también, abogado de Cristóbal López y sobrino de Federico de Achával, socio de López en el negocio del juego.
El martes pasado, Ducler presentó un escrito ante la Unidad de Información Financiera en el que prometió entregar todos los detalles del recorrido internacional de los fondos de Santa Cruz bajo el mando de Néstor Kirchner y también el papel que desempeñó ese dinero en la adquisición de YPF por parte de los Eskenazi. Dos días más tarde, Ducler apareció muerto, en circunstancias aún no aclaradas por completo.



José Arturo Quarracino

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