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lunes, 5 de junio de 2017

YPF-Latrocinio KK



¿Qué dirán ahora los "pibes de la liberación", cuando se comprueba que sus "ídolos" son vulgares estafadores-saqueadores del Estado y piojos resucitados aspirantes a oligarcas?

Las claves de la maniobra para quedarse con YPF
El kirchnerismo se tomó varios años para conseguir el control de la petrolera argentina. El proceso le costó miles de millones al Estado.

La "nacionalización" de YPF. Por impulso de Néstor Kirchner, la familia Eskenazi -dueña del Banco de Santa Cruz- compra en 2008 el 14% de YPF por unos US$ 2.000 millones. Para esa operación usan dos sociedades que arman en España: Petersen Energía y Peterson Inversora.
La mitad del monto se paga con un crédito de un consorcio de bancos encabezado por el Credit Suisse y garantizado sólo con las acciones de la petrolera. Los otros 1.000 millones de dólares los presta la propia Repsol a los Eskenazi, quienes se plantean solventarlo con los dividendos que consiguieran de la explotación de YPF. En resumen, sin aportar fondos propios.
Lo que más llama la atención de esa operación es que Repsol haya aceptado vender y los bancos hayan aceptado prestar una suma tan alta sin garantías. Se sospecha que los intereses de los fondos de Santa Cruz (provenientes de US$ 630 millones de regalías petroleras más los US$ 1.100 millones que Santa Cruz recibió por la privatización de YPF un 1999) fueron usados como garantía oculta. En la jerga bancaria, un "back to back".
En mayo de 2011, los Eskenazi ampliaron otro 10% su participación en YPF, con lo cual llegan a tener el 25,46%. Por ese 10% pagan US$ 1.304 millones con un esquema similar a la adquisición anterior: US$ 700 millones de un crédito de bancos y los otros US$ 600 millones de un crédito de la propia Repsol.
La española se queda en ese momento con el 58% de la empresa. Otro 16% está en manos de fondos e inversores internacionales, y el resto quedó repartido entre el Estado Nacional, las provincias de Chubut y Formosa y el Programa de Propiedad Participada.

La expropiación. Necesitado de dinero, el Gobierno de Cristina Kirchner expropia en abril de 2012 el 51% de las acciones de YPF pero sin tocar la parte de los Eskenazi. Sólo toma las acciones que pertenecían a Repsol. Previamente, hace caer el precio de las acciones congelando el valor de los combustibles y quitándole a YPF áreas de exploración en el interior del país. Roberto Baratta, el hombre de De Vido en YPF, que siempre había votado a favor de los Eskenazi, pasa a cuestionar todas las acciones de la empresa.

El pago de la indemnización a Repsol. En febrero de 2014, el gobierno de Cristina le pagó US$ 6.000 millones a Repsol por el 51% de la compañía que había expropiado. Apenas un año y medio después, el valor bursátil de la empresa era menos de la mitad de lo que tenía en la fecha de ese pago.

Los juicios contra la Argentina. Las dos sociedades españolas que los Eskenazi habían usado para comprar su parte de YPF dejan de pagar a los bancos y se declaran en quiebra. El síndico de la quiebra española subasta las acciones de los Eskenazi en Nueva York y también subasta el derecho a litigar contra el Estado argentino e YPF por el perjuicio que significó la expropiación.
El fondo buitre Burford Capital LLC se queda con el juicio. Acuerdan que se quedará con el 70% del eventual beneficio y el 30% restante quedará para los acreedores de la quiebra. Ese juicio se sustancia desde marzo de 2015 en los tribunales de Nueva York y el Estado argentino perdió en primera instancia. Tras la apelación, ahora la controversia se dirime en los tribunales de segunda instancia. El sábado, Fabián Rodríguez Simón, asesor de Mauricio Macri y miembro del directorio de YPF, viajó a Nueva York para la apelación.
Hay un segundo juicio en marcha contra la Argentina, y es el que lleva adelante desde el año pasado el fondo buitre Eton Park, que se considera perjudicada por la expropiación. El reclamo de los dos fondos buitre alcanzaría los US$ 5.000 millones.

Los papeles de Aldo Ducler. Con los dos juicios en marcha, el abogado de Ducler, Roberto Durrieu, se contactó con funcionarios del Gobierno para ofrecer la documentación sobre las maniobras secretas para la apropiación de YPF. Dicen que lo hizo a cambio de dinero. Durrieu es, también, abogado de Cristóbal López y sobrino de Federico de Achával, socio de López en el negocio del juego.
El martes pasado, Ducler presentó un escrito ante la Unidad de Información Financiera en el que prometió entregar todos los detalles del recorrido internacional de los fondos de Santa Cruz bajo el mando de Néstor Kirchner y también el papel que desempeñó ese dinero en la adquisición de YPF por parte de los Eskenazi. Dos días más tarde, Ducler apareció muerto, en circunstancias aún no aclaradas por completo.



José Arturo Quarracino

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