DEUDA PÚBLICA Y SALARIOS
REALES
Por Héctor GIULIANO (2.1.2016)
(*)
La nueva administración
Macri está tomando medidas sumamente importantes en materia financiera que
tienen tres principales efectos inmediatos o de muy corto plazo sobre las
finanzas públicas y la economía argentina en general:
Primer efecto: Aumento
de la deuda pública, con su consecuente incidencia en el déficit fiscal porque
se elevan los gastos del Estado en concepto de servicios - pago de intereses y
amortizaciones de capital – y se plantea la cobertura de este déficit con más
deuda.
Segundo efecto: Macro-devaluación
del peso – junto con el levantamiento del cepo cambiario - con traslado de esa
devaluación a los precios internos y distorsión de los precios relativos que
retro-alimentan el proceso inflacionario, lo que aumenta y acelera la inflación
existente provocando una caída adicional de los salarios reales.
Tercer efecto: Incremento
de las tasas de interés del mercado – cuyo piso lo fija el Banco Central (BCRA)
a través de la colocación de deuda cuasi-fiscal por Lebac – lo que, pese a su empleo
como medida anti-inflacionaria, tal incremento es igualmente un factor de inflación
porque el costo financiero de las empresas también se traslada a los precios.
Ergo, las tres vías de acción
citadas conducen por sus efectos a un mismo problema, tradicionalmente
soslayado por los gobiernos y por los economistas del establishment: la
relación entre Deuda Pública e Inflación.
Esto es así porque la
crisis de Deuda que arrastra la Argentina en forma permanente – una crisis por
insolvencia y por iliquidez – genera déficit fiscal por el costo total
creciente de sus servicios financieros y es agravada con la toma de más deuda.
Dicho endeudamiento
produce ciclos con períodos de retraso cambiario motivados por las necesidades
de pago de la deuda externa y posteriores macro-devaluaciones compensatorias de
los desequilibrios derivados de tales atrasos.
Estas distorsiones - provocadas
por el sistema de la deuda - derivan en mayor presión tributaria, distorsiones
de precios/tarifas de servicios públicos y aumento de las tasas de interés.
Pero, por sobre todas
las cosas, la variable de ajuste de estos desequilibrios termina siendo
inexorablemente la caída de los salarios reales para quienes tienen ingresos
fijos.
El tándem entre endeudamiento
e inflación se traduce así en una pérdida del poder adquisitivo de la población,
que no puede responder a los aumentos de precios que soporta sobre bienes y
servicios con la misma velocidad que estos aumentos se producen.
Este es un problema clásico
en la historia argentina reciente del que hoy – una vez más - no se tiene
ninguna garantía de salida porque, sobre la base de una ya elevada inflación
existente, en poco tiempo los precios tuvieron un aumento adicional tan
extraordinario como generalizado como para revertirlos.
Frente a esta cuestión,
se pretende que las futuras actualizaciones salariales se hagan en base a
proyecciones de inflación futura y no de recupero de la inflación pasada, que
es la real y ya producida.
Con el agravante que, hasta
el momento, no se conocen medidas específicas y efectivas del gobierno para
frenar este aumento de los precios ni mucho menos retrotraerlos, sino que, por
el contrario, se anuncian nuevas decisiones que provocarían incrementos
ulteriores, como el caso del aumento de precios y tarifas de los servicios
públicos.
El tema es clave para
la política económico-financiera del nuevo gobierno porque es en función de
ello que falta encarar las re-negociaciones salariales pertinentes después de
esta última escalada inflacionaria, cosa que empezará a ser discutida con los
sindicatos y las cámaras empresarias respectivas a partir de la convocatoria de
un Consejo Económico y Social desde mediados de enero.
Como ya ocurriera en
otras oportunidades de la historia reciente - la macro-devaluación de 2002 fue
un ejemplo paradigmático al respecto – la clave reside siempre en hacer que los
efectos inflacionarios de la depreciación del peso se lo traguen o absorban a pérdida los sectores de ingresos fijos
(fundamentalmente asalariados y jubilados/pensionados).
La forma más directa de
lograr esto es con el desfase financiero entre precios y salarios, esto es, con
actualizaciones de ingresos que tengan un tratamiento diferido en el contexto
de un proceso inflacionario.
La idea de diferir la
cuestión salarial hasta después del verano - de modo de ganar tiempo hasta
marzo – respondería a este criterio, beneficiando así a los empleadores (empresas
privadas y Estado) con la brecha entre ingresos por ventas y gastos por mano de
obra durante los tres o cuatro primeros meses de gestión del nuevo gobierno.
Este problema
constituye la clave financiera de la cuestión salarial.
Los aumentos de
salarios y jubilaciones conllevan siempre una ventaja para el sector empleador
porque los incrementos que se pactan normalmente nunca son retroactivos, sino
que se acuerdan siempre hacia adelante – e incluso en forma escalonada - lo que
implica que el costo de las diferencias por aumento de precios producidas
durante el período que media desde la última actualización hasta las fechas de
convenio no se recupera a favor de los trabajadores.
El punto anterior – un tema
normalmente omitido en las paritarias - es particularmente importante en
momentos de crisis financiera como el actual, en que se aspira además que los
aumentos por recupero del valor de los salarios no se pacten por la inflación
pasada sino por la inflación futura (que tiene invariablemente una proyección
más baja).
Dar largas al asunto de
los incrementos salariales y jubilatorios que compensen el aumento de precios ya
producido por la macro-devaluación y las especulaciones de mercado - efecto
inflacionario ex ante más que a posteriori del levantamiento del cepo cambiario
– pone en desventaja los ingresos de trabajadores y jubilados. Y sería incluso
una suerte de re-edición de lo ocurrido durante la salida de la Convertibilidad
en el 2002 - bajo la administración Duhalde – que redujo así sustancialmente el
peso de los ajustes salariales por debajo de la inflación. Cosa que conviene al
sector empresario y también al propio Estado como empleador.
Esto toca especialmente
a la idea de pactar ajustes de salarios según inflación futura proyectada y
escalonada en lugar de hacerlo según la inflación real pasada y con retroactivos
Este problema de fondo
del desfase financiero en las actualizaciones salariales adquiere hoy
importancia significativa y constituye una de las claves que están en juego
frente al efecto inflacionario combinado de las devaluaciones con traslado a
precios y del aumento de las tasas de interés.
Tal es el modo en que
la secuencia financiera deuda-devaluación-inflación – a través del mecanismo
especulativo de arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés y en un
contexto de deuda pública impagable – impacta, agrava y determina los problemas
de la economía real cuyas consecuencias paga todo el pueblo argentino.
