Salarios vs Deuda

DEUDA PÚBLICA Y SALARIOS REALES

Por Héctor GIULIANO (2.1.2016) (*)

La nueva administración Macri está tomando medidas sumamente importantes en materia financiera que tienen tres principales efectos inmediatos o de muy corto plazo sobre las finanzas públicas y la economía argentina en general:

Primer efecto: Aumento de la deuda pública, con su consecuente incidencia en el déficit fiscal porque se elevan los gastos del Estado en concepto de servicios - pago de intereses y amortizaciones de capital – y se plantea la cobertura de este déficit con más deuda.

Segundo efecto: Macro-devaluación del peso – junto con el levantamiento del cepo cambiario - con traslado de esa devaluación a los precios internos y distorsión de los precios relativos que retro-alimentan el proceso inflacionario, lo que aumenta y acelera la inflación existente provocando una caída adicional de los salarios reales.

Tercer efecto: Incremento de las tasas de interés del mercado – cuyo piso lo fija el Banco Central (BCRA) a través de la colocación de deuda cuasi-fiscal por Lebac – lo que, pese a su empleo como medida anti-inflacionaria, tal incremento es igualmente un factor de inflación porque el costo financiero de las empresas también se traslada a los precios.

Ergo, las tres vías de acción citadas conducen por sus efectos a un mismo problema, tradicionalmente soslayado por los gobiernos y por los economistas del establishment: la relación entre Deuda Pública e Inflación.

Esto es así porque la crisis de Deuda que arrastra la Argentina en forma permanente – una crisis por insolvencia y por iliquidez – genera déficit fiscal por el costo total creciente de sus servicios financieros y es agravada con la toma de más deuda.

Dicho endeudamiento produce ciclos con períodos de retraso cambiario motivados por las necesidades de pago de la deuda externa y posteriores macro-devaluaciones compensatorias de los desequilibrios derivados de tales atrasos.

Estas distorsiones - provocadas por el sistema de la deuda - derivan en mayor presión tributaria, distorsiones de precios/tarifas de servicios públicos y aumento de las tasas de interés.

Pero, por sobre todas las cosas, la variable de ajuste de estos desequilibrios termina siendo inexorablemente la caída de los salarios reales para quienes tienen ingresos fijos.

El tándem entre endeudamiento e inflación se traduce así en una pérdida del poder adquisitivo de la población, que no puede responder a los aumentos de precios que soporta sobre bienes y servicios con la misma velocidad que estos aumentos se producen.  

Este es un problema clásico en la historia argentina reciente del que hoy – una vez más - no se tiene ninguna garantía de salida porque, sobre la base de una ya elevada inflación existente, en poco tiempo los precios tuvieron un aumento adicional tan extraordinario como generalizado como para revertirlos.

Frente a esta cuestión, se pretende que las futuras actualizaciones salariales se hagan en base a proyecciones de inflación futura y no de recupero de la inflación pasada, que es la real y ya producida.

Con el agravante que, hasta el momento, no se conocen medidas específicas y efectivas del gobierno para frenar este aumento de los precios ni mucho menos retrotraerlos, sino que, por el contrario, se anuncian nuevas decisiones que provocarían incrementos ulteriores, como el caso del aumento de precios y tarifas de los servicios públicos.

El tema es clave para la política económico-financiera del nuevo gobierno porque es en función de ello que falta encarar las re-negociaciones salariales pertinentes después de esta última escalada inflacionaria, cosa que empezará a ser discutida con los sindicatos y las cámaras empresarias respectivas a partir de la convocatoria de un Consejo Económico y Social desde mediados de enero.

Como ya ocurriera en otras oportunidades de la historia reciente - la macro-devaluación de 2002 fue un ejemplo paradigmático al respecto – la clave reside siempre en hacer que los efectos inflacionarios de la depreciación del peso se lo traguen o absorban a pérdida los sectores de ingresos fijos (fundamentalmente asalariados y jubilados/pensionados).

La forma más directa de lograr esto es con el desfase financiero entre precios y salarios, esto es, con actualizaciones de ingresos que tengan un tratamiento diferido en el contexto de un proceso inflacionario.

La idea de diferir la cuestión salarial hasta después del verano - de modo de ganar tiempo hasta marzo – respondería a este criterio, beneficiando así a los empleadores (empresas privadas y Estado) con la brecha entre ingresos por ventas y gastos por mano de obra durante los tres o cuatro primeros meses de gestión del nuevo gobierno.

Este problema constituye la clave financiera de la cuestión salarial.

Los aumentos de salarios y jubilaciones conllevan siempre una ventaja para el sector empleador porque los incrementos que se pactan normalmente nunca son retroactivos, sino que se acuerdan siempre hacia adelante – e incluso en forma escalonada - lo que implica que el costo de las diferencias por aumento de precios producidas durante el período que media desde la última actualización hasta las fechas de convenio no se recupera a favor de los trabajadores.

El punto anterior – un tema normalmente omitido en las paritarias - es particularmente importante en momentos de crisis financiera como el actual, en que se aspira además que los aumentos por recupero del valor de los salarios no se pacten por la inflación pasada sino por la inflación futura (que tiene invariablemente una proyección más baja).

Dar largas al asunto de los incrementos salariales y jubilatorios que compensen el aumento de precios ya producido por la macro-devaluación y las especulaciones de mercado - efecto inflacionario ex ante más que a posteriori del levantamiento del cepo cambiario – pone en desventaja los ingresos de trabajadores y jubilados. Y sería incluso una suerte de re-edición de lo ocurrido durante la salida de la Convertibilidad en el 2002 - bajo la administración Duhalde – que redujo así sustancialmente el peso de los ajustes salariales por debajo de la inflación. Cosa que conviene al sector empresario y también al propio Estado como empleador.

Esto toca especialmente a la idea de pactar ajustes de salarios según inflación futura proyectada y escalonada en lugar de hacerlo según la inflación real pasada y con retroactivos

Este problema de fondo del desfase financiero en las actualizaciones salariales adquiere hoy importancia significativa y constituye una de las claves que están en juego frente al efecto inflacionario combinado de las devaluaciones con traslado a precios y del aumento de las tasas de interés.

Tal es el modo en que la secuencia financiera deuda-devaluación-inflación – a través del mecanismo especulativo de arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés y en un contexto de deuda pública impagable – impacta, agrava y determina los problemas de la economía real cuyas consecuencias paga todo el pueblo argentino.