Dolarización de la deuda en la gestión de Massa

3 DE Agosto 2023 - Héctor Giuliano

En los últimos tiempos, el gobierno Fernández - Fernández - Massa ha producido un cambio muy importante en la estructura de la deuda pública en pesos que está en cabeza del Tesoro Nacional.

Según datos oficiales del Ministerio de Economía (Mecon) al 30.9.2022 -último Informe trimestral de la deuda pública disponible- el stock de la deuda era a esa fecha de 410.900 millones de dólares, equivalentes a 85,9 billones de pesos (85,9 millones de millones de pesos). De este monto, el 33% es deuda nominada en pesos y el 67% deuda en moneda extranjera. Además, por tipo de acreedor, la tenencia del total de la deuda correspondía 46% al propio sector público, 35,5% al sector privado y el 18,5% restante a organismos financieros internacionales (ofi) /bilaterales.

Este dato es importante porque indica que a esa fecha casi la mitad de la deuda pública está en manos del propio Estado (deuda intra - estado), pero esta situación estaría cambiando porque en los últimos meses el gobierno Fernández - Fernández - Massa ha venido malvendiendo en el mercado gran parte de esos títulos públicos a compradores especulativos privados, dado que los mismos cotizan a un promedio del 32% de su valor nominal.

Kermesse de títulos

Es decir, que la administración Kirchner se ha venido (y se sigue) desprendiendo de una gran cantidad de Letras y Bonos del Estado que están en su poder -y que algunas fuentes estiman fueron más de 4.000 millones de dólares solo en lo que va del corriente año)- y lo ha hecho a un tercio de su valor de mercado; de forma que estos nuevos acreedores privados pasan a estar en condiciones de reclamarle al Estado argentino tales títulos al 100% de su valor (que es el valor nominal o nacional).

La mayoría de estos papeles en cartera son vendidos por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad -FGS - de la Anses, que es plata de los jubilados -y por el Banco Central (BCRA), y se entiende también por parte de otros organismos estatales (como el caso del Banco Nación, el BICE y otros entes oficiales).

En la práctica, es un proceso que correspondería a una suerte de vaciamiento financiero parcial del Estado.

Estas informaciones, empero, son difíciles de cuantificar porque dependen de estimaciones privadas y/o trascendidos periodísticos, puesto que los datos son mantenidos en secreto por parte de las autoridades.

Dicho con otras palabras: que el gobierno se está desprendiendo a precio vil de títulos públicos en cartera de la deuda intraestado que tienen el doble efecto de descapitalizar al Estado -específicamente, a la Anses- y a la vez exponerlo a reclamos mucho mayores por parte de los fondos buitre que participan de este negociado.

Pero volviendo al tema central de esta nota, que es la deuda pública en pesos, hay que destacar aquí que desde la asunción de Sergio Massa al frente del Mecon se ha producido una rápida dolarización indirecta de esta deuda en moneda nacional porque, a medida que se van renovando las amortizaciones al vencimiento (roll over sistemático y total de las obligaciones del Estado) y que se va agregando deuda nueva, prácticamente la totalidad de los nuevos títulos se colocan con cláusulas de ajuste o indexación por tipo de cambio, es decir, por dólar oficial.

Estrictamente hablando, los bonos se indexan por Inflación y/o por tipo de cambio dólar, el que de ambos resulte mayor como ratio de ajuste; de modo que tal indexación nunca resulte en valores menores a la variable más alta (que obviamente es la mejor para los acreedores y la peor para el Estado).

Este proceso es muy importante porque implica un mecanismo de deuda en pesos ajustada por moneda extranjera: el tipo de cambio dólar.

En la práctica, significa así una dolarización -directa e indirecta- de toda la deuda pública.

En este momento -según cálculos a junio/2023- se estima que prácticamente la totalidad de la deuda en pesos ya ha sido dolarizada de este modo (96,4% del total).

Devorados por los intereses

El monto que está en juego tiene hoy niveles sin precedentes para las finanzas del Estado: el Presupuesto 2023 -Ley 27.701- muestra que en el corriente año se tienen que afrontar amortizaciones de vencimientos de deuda del Estado Central por 22,5 billones de pesos (US$ 103.000 millones), que en la realidad no se pagan en forma directa sino que se refinancian por novación o roll over hasta el último centavo; y además se habilita la toma de deuda nueva por otros 7,5 billones de pesos (US$ 34.000 millones). De modo que el Gobierno tiene que salir así al mercado a pedir endeudamiento público por 30 billones de pesos (US$ 137.000 millones) en total durante este año.

Y paralelamente se tienen que pagar US$ 13.300 millones por servicios de intereses de la deuda en el 2023, que constituyen el segundo gran rubro de gastos del Estado después del gasto social global.

Hasta ahora, se habla muy poco de este mecanismo de conversión indirecta de deuda a moneda extranjera -que se abona en pesos, no en divisas- y sobre todo de sus muy discutibles "ventajas".

Cabe destacar que estas operaciones se habrían dado y acelerado durante los meses de este año de la gestión Massa y mientras se llevan a cabo las nuevas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, descontándose la responsabilidad operativa del viceministro de Economía Gabriel Rubinstein, del secretario de Finanzas Eduardo Setti y del asesoramiento del exnegociador de la deuda en las reestructuraciones de Alfonsín en 1985-87, del Plan Brady en 1992-1993 y del Megacanje De la Rúa - Cavallo del 2001, que es Daniel Marx.

Así como la corresponsabilidad directa de la actual titular de la Anses Fernanda Raverta, que tiene la obligación de defender el valor de la cartera de títulos del FGS.

De eso no se habla

Aunque, repetimos, como estas informaciones y datos el gobierno las mantiene en secreto -igual que todos los gobiernos- la magnitud de las operaciones realizadas no se puede conocer por acceso directo.

Tal lo que está pasando hoy en materia de deuda pública en pesos del tesoro nacional y cuya importancia los economistas del establishment soslayan hablar.

Además, como agravante, con esto pudiera quedar abierta también la posibilidad de aplicar un tratamiento análogo a los pasivos remunerados del Banco Central (BCRA), que actualmente suman 16 billones de pesos por concepto de Letras de Liquidez y otros 3,9 billones por Pases Pasivos: un quantum de 20 billones de pesos en total.

Un tema que no es descartable dada la magnitud ya inmanejable del stock de la Bomba de las Letras de Liquidez (Leliq) emitidas por este gobierno kirchnerista y las graves dificultades para poder encarar un nuevo Plan Bonex o traspaso de las obligaciones de Corto y Cortísimo plazo del BCRA (Leliq a 28 días y Pases a solo un día de plazo) por conversión a Deuda del Tesoro a términos de pago más largos pero con indexación por Tipo de Cambio.

De esta manera, el proceso de dolarización indirecta de la deuda pública -fiscal y cuasifiscal (BCRA)- pasaría a convertirse en el preludio avanzado de una nueva convertibilidad hacia la cual, con sus medidas, tiende de hecho la actual administración, con proyecciones de economía bimonetaria formal para después de las elecciones, con el advenimiento del próximo gobierno, cosa -esta última- que por el momento es solo una hipótesis de trabajo, aunque con indicios ciertos de base.

https://www.eltribuno.com/salta/nota/2023-8-3-0-0-0-dolarizacion-de-la-deuda-en-la-gestion-de-massa