Miércoles, 11 de noviembre de 2026
A pesar de la eufemística y sarcástica denominación de Ley de Modernización Laboral (en adelante LML), la reforma de Milei logró la proeza de no incorporar una sola norma que rozara las problemáticas reales de este siglo. Ni siquiera tuvo el gesto de asomarse a los Tiempos Modernos de Charles Chaplin (1935) —una obra maestra que, casi un siglo atrás, ya retrataba con precisión el apabullante avance de la automatización, la robotización y el control sobre el trabajador—; los modernos tecnócratas prefirieron ignorar la advertencia del cineasta, ocupados como estaban en demostrar su más absoluta indigencia conceptual y en reinventar la servidumbre con patente de corso. Se desconoce quiénes fueron los escurridizos, anónimos y erráticos autores de las reformas (fueron tres: DNU 70, Ley Bases y la mencionada modernización laboral), y se los puede acusar de todo, menos de ser coherentes; podríamos aseverar que la coherencia es una virtud que jamás ha osado perturbar sus decisiones. Muchos de los artículos reformados terminan diciendo lo contrario de lo que supuestamente querían decir u olvidando que si derogaban un artículo también debían derogar otros que sostenían lo mismo (como veremos más adelante). Desconociendo quiénes fueron los autores, se la atribuimos al "jefe" Milei (con perdón de Karina).
Con la sádica minuciosidad de un Mengele, utilizó el escalpelo para expurgar el texto de "repugnantes" palabras como justicia social, dignidad, moral, razonabilidad, abuso del derecho, etc. En realidad, una sangría inútil ya que —como dijimos— muchas están resguardadas en otros artículos y todas tienen amparo en la Constitución Nacional y en los Tratados de DDHH ratificados por nuestro país. A modo de ejemplo, veamos el caso de la dignidad.
El art. 68 perdió la dignidad (y el art. 75 respira aliviado)
El artículo 68 regula cómo el empleador ejerce sus facultades de dirección y disciplinarias. La reforma lo sustituyó, y la diferencia entre el texto viejo y el nuevo no es menor. El texto anterior cerraba así: «Siempre se cuidará de satisfacer las exigencias de la organización del trabajo en la empresa y el respeto debido a la dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales, excluyendo toda forma de abuso del derecho."
El texto nuevo termina antes. Esa frase completa desapareció. Es decir, de un plumazo nos quedamos sin dignidad y con la posibilidad abierta a que el empleador cometa cualquier forma de abuso de derecho.
Conviene ser preciso sobre el alcance de esto: la dignidad no quedó desprotegida. Sigue en el art. 75, sigue en la Ley 26.485, sigue en el Convenio 190 de la OIT y sigue en la Constitución. Lo que se perdió es su mención en el artículo que regula específicamente el ejercicio del poder de dirección, que es justo donde se discutan los casos de mobbing, de acoso laboral: el jefe que usa facultades formalmente legítimas —asignar tareas, cambiar horarios, sancionar— de un modo que degrada. La cláusula que excluía el abuso del derecho vivía ahí.
El artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo —el deber de seguridad— no fue modificado por la reforma. Mantiene la redacción que le dio la Ley 27.323 en 2016, incluida la obligación del empleador de adoptar las medidas que «según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores".
Al modo de Onán, el "jefe" quedó satisfecho con la inútil extirpación de los vocablos malignos.
Se vivía en un Edén, de prados con tréboles y macachines, donde danzaban los serafines al son de magníficas flautas, ya que no existían serios contradictores a la vista que cuestionaran las graves heridas inferidas al cuerpo de la ley laboral. Claro que, apenas terminada la faena y cuando se disponían a descansar plácidamente en su Edén de mercados desregulados, alguien decidió castigar su soberbia con la más cruel de las ironías: les mandaron de visita al Papa íMaldita la hora! (con perdón de nuestros pecados). Desde que llegó el Sumo Pontífice, no paró de utilizar un léxico abominable y aberrante: justicia social, dignidad del trabajo, bien común, destino universal de los bienes, solidaridad, etc. Hasta llegó a la infamia de reivindicar el eslógan utilizado por Francisco I: "Tierra, Techo y Trabajo". En otra blasfemia afirmó que la propiedad privada está siempre sujeta a una "hipoteca social".
Durante meses, los anónimos autores de la Ley de Modernización habían trabajado arduamente en su particular taller de desguace legislativo y en un "santiamén" (bien aplicada la palabra) otro Papa comunista desbarataba la primorosa obra. Su golpe maestro había sido, mediante la LML, desarticular el artículo 4° de la Ley de Contrato de Trabajo, que rezaba: «…El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Sólo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley». Lo sustituyeron por una redacción emponzoñada que desfigura al sujeto: el objeto del contrato pasa a quedar inserto en un mero marco de intercambio económico. Dicho en plata fina: en la fórmula original se honraba la dignidad del trabajo; en la nueva, se lo reduce a la categoría de fardo en una estantería de almacén.
Lo imperdonable no fue solo que León XIV recordara que "el ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social", sino que llegó a la herejía de afirmar que "el trabajo no puede reducirse a una simple mercancía ni quedar subordinado exclusivamente a la rentabilidad económica". Niega que el trabajo es una mercancía justo cuando los libertarios estaban completando su faena y primorosamente estaban ubicando al trabajo en el anaquel de mejores ofertas. Machacona y tenazmente el Santo Padre insistió en que "La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía".
En realidad, la diatriba papal no hizo más que ratificar una doctrina que ya rondaba en los tribunales —para terror de los dogmáticos de turno—, como cuando la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el recordado fallo "Vizzoti" (CSJN, 14/9/2004), sentenció que el hombre jamás debe ser «objeto de mercado alguno, sino señor de todos éstos». Al final, tanta prolijidad para expurgar palabras incómodas sirvió de bien poco: se mataron podando principios constitucionales para terminar descubriendo lo obvio. La dignidad no sobrevive al capricho de un legislador anónimo ni se extirpa con el bisturí de un improvisado; simplemente se defiende sola, a veces con la ayuda de la Corte y otras, para desesperación absoluta del poder, con la bendición del Papa.
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