CELEBREMOS EL RETORNO DE LA POLITICA

CELEBREMOS EL RETORNO DE LA POLITICA (versión ampliada)

  

José Armando Caro Figueroa

Los recientes resultados de las elecciones provinciales y municipales celebradas en la Provincia de Salta han provocado un cataclismo que, afortunadamente, pondrá fin a un largo ciclo de decadencia en donde la política era asunto reservado a aparatos alimentados por ingentes cantidades de dinero y dirigidos por expertos en marketing. Estamos, pues, ante un momento de “destrucción creativa”.

1.- Interpretaciones insuficientes o miopes

Quienes cultivan aquella forma degradante de la democracia aparecen perplejos: Unos hablan de “voto bronca”, para minimizar el avance del Partido Obrero. Otros -celosos de las tradiciones- aluden a una conjetural preocupación del General Martín Miguel de Güemes ante un Intendente o un Gobernador que no se disfrace de gaucho para las fiestas patrias.

Están también aquellos que se entusiasman creyendo que los salteños buscan sólo buenos gestores para reemplazar a los ineficaces que llevan hoy las riendas de la Provincia. En realidad, antes que y además de buenos gestores, los salteños precisamos de un nuevo “proyecto ilusionante de vida en común”, que remplace la improvisación, el nepotismo y la demagogia como formas de conducir los asuntos públicos. Es bueno advertir que, con la excepción de las ideas no siempre completas que pregona el Partido Obrero, este “nuevo proyecto” es algo a formular, una empresa vacante. En una sociedad pluralista como la nuestra, hay que pensar en varios Programas que enfatizando la lealtad a la Constitución, recojan las antiguas y nuevas preocupaciones de los salteños y, en paralelo, sean capaces de formular propuestas y cursos de acción en correspondencia con las respectivas identidades políticas o ideológicas de las fuerzas que conformar nuestro mapa político.  

A su vez, los alicaídos principistas -que se aferran a los idearios del radicalismo o del peronismo, y que han sido remplazados por funcionarios del marketing, empleados leales y socios)- pregonan regresar a “las esencias” (que algunas proclamas peronistas resumen en la necesidad de bregar por “la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria”). Constatan que dichas esencias han caído en desuso y yacen abandonadas por impostores y beneficiarios de consensos basados en innobles repartijas, como es el caso de la “transversalidad” ideada por el Gobernador de Salta para someter al Partido Justicialista, colonizar y dividir al Partido Renovador y erosionar a la Unión Cívica Radical; o, lo que es lo mismo, para destruir el sistema de partidos políticos surgido en los años de 1980 tras la recuperación de la democracia.

Permítanme añadir que los que aquí llamo principistas y su sana apelación a las “esencias” tienen un papel central a la hora de formular los nuevos Programas que los reconstruidos partidos políticos tendrán que ofrecer a la ciudadanía inquieta.

Este recorrido por las primeras evaluaciones de los resultados del pasado 10 de noviembre, se completa con los que propugnan mantener el rumbo conservador, pero añadiéndole transparencia y apego a la Ley. No cabe desdeñar para nada este enfoque centrado en la calidad institucional que, a mi modo de ver, debería integrar todas y cada una de las nuevas plataformas políticas que traducirán los respectivos Programas. Es absurdo pensar que la calidad institucional (un asunto sobre el que ha reflexionado Ricardo Gómez Diez con singular lucidez y apego a nuestra realidad) es sólo una bandera que la derecha esgrime para trabar a los “gobiernos populares”; antes bien, es preciso reconocer que la degradación que sufren desde antaño nuestras instituciones está en la raíz del malestar ciudadano y de la consolidación de un “régimen extractivo” que fabrica pobres, que desperdicia las oportunidades que existen para convertir a Salta en una sociedad más justa y próspera, que genera violencia y nos fragmenta social y culturalmente.

2.- Nuevas ideas. Nuevo mapa político

En cualquier caso, el reciente pronunciamiento ciudadano plantea un enorme desafío a los salteños, en tanto y en cuanto las urnas revelaron la crisis del clientelismo y los límites de las campañas lujosas centradas en la propaganda, tan beatífica y monótona como engañosa, que promete “trabajo, salud, educación y viviendas para todos”.

Los resultados electorales de noviembre han abierto un ciclo dentro del cual estamos todos convocados a debatir ideas, a formular programas y, de forma especial, a reconstruir el espacio centrista que deberá ser republicano, constitucional y social. Pienso en dos o tres fuerzas que, asumiendo sin reservas la forma de Partido Político, recoja y actualice lo mejor del radicalismo, del peronismo[1]; o sea, en un peronismo y en un radicalismo efectivamente renovados, regidos por la democracia interna y en condiciones de responder al legítimo desafío intelectual e ideológico que plantean el Partido Obrero (a la izquierda) y la emergente corriente conservadora y democrática que trabajosamente crea el Partido Propuesta Salteña.

Por supuesto que el nuevo mapa político en ciernes contará con más actores y con todas las tendencias que resulten necesarias para expresar a la nueva Salta plural, democrática y exigente con su clase política.

Mientras este nuevo escenario y estos nuevos actores van configurándose, es posible adelantar la necesidad de un gran pacto salteño por la democracia republicana y constitucional. Un Pacto que contemple, por lo menos: La prohibición de las reelecciones; la reforma electoral para garantizar la proporcionalidad entre votos y bancas; la reforma territorial para alentar la fundación de nuevas ciudades en el este y crear distritos electorales en reemplazo de los departamentos; la reforma municipal que garantice la autonomía de los municipios. Este acuerdo regenerador debería incluir, también, una Ley de incompatibilidades; garantías para la independencia de los jueces; el acceso irrestricto a la información pública; la revisión de los mecanismos de control de los actos administrativos y de gobierno; una Ley de fomento del voluntariado con garantías para la independencia de las organizaciones no gubernamentales.  

3.- La ciudadanía impone una nueva agenda política

Los salteños están ciertamente cansados de la inseguridad, del desempleo y de la inflación, pero exigen además respuestas en materia de educación sexual, de violencia doméstica y escolar, y de embarazos de adolescentes. Piden acabar con el trabajo en negro y reclaman mejores condiciones laborales[2]. Quieren que se detenga el tráfico de droga en todas sus escalas y que se creen mecanismos de ayuda para las víctimas del paco[3]. Necesitan respuestas frente a la ola de accidentes de tránsito, al machismo (esa lacra cultural de la que mucho salteños se sienten orgullosos), a la escasez de agua, a la contaminación de los ríos, al aumento exponencial de los impuestos. Reivindican más espacios verdes y protección de bosques y cerros, mejoras en el sistema cloacal y en la recogida de basuras. Exigen republicanismo, autonomía y control del Gobierno. Demandan información  y espacios para el voluntariado.

Las emergentes mayorías rechazan esta Salta en donde las oportunidades están reservadas para los amigos del poder. Rehúsan una Salta devenida en jungla, que crece a golpe de guetos, de barrios cerrados y de monobloques que alimentan la burbuja inmobiliaria.

4.- ¿Fragmentación o cohesión urbana?  

Los ciudadanos han dicho basta al modelo de “ciudad clasista”. No quieren más las políticas a través de las cuales el actual Intendente favoreció la especulación y destruyó el casco histórico. Su ideario, compartido por el Gobernador, ha venido como anillo al dedo a los que maniobran para elevar el precio de los terrenos y destinarlos a la edificación de altura, y a extravagancias arquitectónicas propias de rastacueros.

Los resultados electorales de la Capital permiten concluir que los salteños han castigado a una gestión que permitió cualquier abuso urbanístico, que desarticuló la inspección municipal, y que amnistió a los infractores permitiéndoles consolidar ilícitas ganancias.

Todo indica que, gracias a su nueva composición, el Concejo Deliberante de Salta revisará ordenanzas, arrumbará aquel modelo de “ciudad clasista”, y forzará el abandono de las políticas que condenan a las personas de escasos recursos a malvivir en asentamientos o en favelas.

Este giro reclama que las fuerzas receptoras de los votos del descontento se sienten a dialogar (comenzando por el Frente Salteño y el Partido Obrero), a construir acuerdos concretos y forzosamente parciales, respetando, claro, el pronunciamiento de las urnas. Este punto abre una serie de interrogantes: ¿Estará el PO dispuesto a entablar negociaciones con las otras minorías para adoptar decisiones, o rechazará como espurias este tipo de prácticas parlamentarias? ¿Las fuerzas del “viejo tronco peronista” se rencontrarán para arrinconar al PO?

5.- La finca “Pereyra Rozas” y la Loma Balcón

Si bien hay consenso sobre la expropiación de la finca “Pereyra Rozas”, emerge un gran conflicto -en el que se juega el futuro de nuestra ciudad-, centrado en el modo de urbanizar estas 80 hectáreas.

Están en liza dos posturas: Mientras los actuales gobernantes quieren reservar esos terrenos para personas de ingresos altos y medios, el Partido Obrero propone eliminar la discriminación económica y permitir que allí se construya una mini ciudad mixta, plural, mestiza, en donde -como ocurrió en nuestro inmediato pasado- coexistan armónica y pacíficamente todas las clases sociales. Quisiera recordar que nací y crecí en un barrio de estas características, en donde convivíamos en paz y respetuosamente familias de todas las condiciones económicas y sociales; una convivencia que se trasladaba a la educación primaria y secundaria, al ocio, a las tertulias de esquina de barrio. No había clubes de campo ni guetos. Tampoco se respiraba el clima de violencia y de temor en que el viven muchas personas.

Conviene advertir que, cualquier sea el resultado final de este conflicto, deja abierto otro central: El de los límites del crecimiento de la ciudad de Salta, una urbe extenuada por la falta de agua, la precariedad de la red cloacal, la inexistencia de controles antisísmicos para las nuevas construcciones de altura, y por la falta de suelo urbanizable a precios accesibles.

Ha llegado la hora de dejar de lado la ominosa política que condena a los pobres a vivir marginados, en áreas sin servicios esenciales, pendientes de las dádivas de los gobernantes de turno. Las autoridades especulan donando o adjudicando terrenos que no cuentan con agua, luz, cloacas ni servicios de salud o vigilancia, como está ocurriendo, por ejemplo, en la expropiada finca “Núñez Burgos”, al sur de la ciudad.

Una política que el Gobierno y los Intendentes, incapaces de definir un marco que regule el crecimiento de las ciudades y pueblos, extienden a Cerrillos, San Lorenzo y otras localidades de la provincia. Asistimos a una práctica, que niega los derechos fundamentales, y que -además- es caldo de cultivo de violencias y factor que destruye personas y familias.      

Es bueno señalar, para cerrar esta nota, que la nueva mayoría del Concejo Deliberante tiene la oportunidad de archivar el proyecto de urbanizar la reserva ecológica de la Loma Balcón, impidiendo que sus 3.000 hectáreas caigan bajo las garras de los especuladores y sucumban a los devaneos fundacionales y nominalistas de los que acaban de perder estrepitosamente la hegemonía en la Municipalidad de Salta, pese a sus oportunistas invocaciones a Juana Azurduy y sus anacrónicos denuestos al Virrey Toledo.   

Vaqueros, 17 de noviembre de 2013

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[1] Entre estos dos grandes actores, cabe la hipótesis de un partido de estirpe socialdemócrata que bien pudiera inscribirse en la limitada experiencia del Partido Tres Banderas de Salta (1984/1986). 

[2] La idea del Partido Obrero de elegir Delegados de Higiene y Seguridad en los centros de trabajo, mediante el voto de los trabajadores, lejos de sovietizar las empresas y las administraciones, es una medida incorporada en las más rancias democracias con economía de mercado.

[3] Sobre este crucial asunto, habrá de abrirse seguramente un debate entre los que proponen que sea el Estado quién se haga cargo de la atención, y quienes prefieren incorporar a las familias y a las organizaciones no gubernativas. En cualquier caso, se impone abordar la cuestión, revisar las políticas públicas actuales, y arbitrar recursos necesarios para crear servicios públicos, asistir a las familias y ayudar a los voluntarios.