Imposición de privilegios

EL TÁNDEM DEL ENDEUDAMIENTO KIRCHNER-MACRI

Por Héctor GIULIANO (21.5.2016)

A diferencia de lo que comúnmente se cree, la gestión de las administraciones Kirchner y Macri en materia de deuda pública no es opuesta sino complementaria: las acciones concretas del kirchnerismo fueron funcionales al advenimiento de las medidas del gobierno macrista, amparado una vez más en la excusa constante de la pesada herencia recibida para tratar de justificar más endeudamiento fiscal.

¿Qué hizo básicamente el gobierno Kirchner durante sus largos 12 años de mandato?: pagar en forma privilegiada deuda externa con terceros – acreedores privados y organismos financieros internacionales – a costa de aumentar una deuda intra-Estado impagable y con el objetivo declarado de regresar al mercado internacional de capitales para volver a endeudarse en el exterior (objetivo expreso del Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 y de la Hoja de Ruta Boudou 2008).

En aras de cumplir ese objetivo el gobierno Kirchner declinó formalmente cuestionar la legitimidad de la Deuda y encaró una política sistemática de pagos a los acreedores para desagotar significativamente la deuda externa: la presidenta Cristina Fernández auto-calificó a su administración de pagadora serial por sus récords de pagos, hablando de 174.000 MD (Millones de Dólares) por un lado y de 190.000 MD por otro (en su discurso de Setiembre 2014 ante la Asamblea General de Naciones Unidas (AG ONU), aunque ambas cifras no están debidamente probadas.

Más aún, fue su gobierno el que propuso la Resolución de la AG ONU para internacionalizar los casos de default de deuda soberana, replanteando la propuesta del FMI del 2002 basada en el informe de su entonces vice-jefa Anne Krueger, que tiene por finalidad sustraer los problemas de la deuda de los Estados a la competencia de sus tribunales locales y someterlos a nuevos mecanismos de manejo supra-nacional.

A los fines de poder cumplir con sus pagos privilegiados de la Deuda Externa – durante todo su triple mandato – el kirchnerismo habilitó la política institucional de pago de las obligaciones externas con reservas internacionales, lo que llevó a la descapitalización del Banco Central (BCRA) y a su consiguiente endeudamiento paralelo o cuasi-fiscal para reponer tales reservas y también para favorecer la rentabilidad récord del sector financiero-bancario local a través del mecanismo de las Lebac (producto de la política de compra de reservas con deuda).

El Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 fue presentado ante la opinión pública – por el oficialismo K, por la oposición política y por los medios del establishment – como un éxito de negociación (toda una constante en materia de reestructuraciones forzadas de deuda) pero fracasó porque ya a los dos años de firmado no se podía pagar y se apeló entonces, sucesivamente, al intento de aumento de recaudación sobre el Agro (Resolución 125) y al incremento de la presión tributaria en general, a la citada política de pago con reservas internacionales, a la estatización de las AFJP (que detentaban en su poder gran parte de la deuda en pesos), al empapelamiento del propio Estado traspasándole la deuda sin capacidad de repago a los principales organismos oficiales nacionales (BCRA, ANSES, BNA y otros) y a la emisión monetaria sin respaldo de crecimiento económico.

El kirchnerismo recibió así una deuda pública de 152.600 MD en el 2003 y la dejó en unos 260,000 MD al fin de 2015, esto es, un aumento de más de 100.000 MD en cabeza del Estado Central.

El falso mito del des-endeudamiento (un mito consentido y apoyado por la oposición política, con la actual administración Macri a la cabeza) preparaba, en realidad, la descongestión de la parte más pesada de la deuda externa argentina para allanar el camino a la vuelta al mercado mundial de capitales.

Para ello, la receta en curso era y es la licuación de la deuda interna en pesos – en su mayoría a cargo del FGS de la ANSES (el 64 % de la plata de los jubilados) – como producto de la inflación creciente, de manera de ir disminuyendo gradualmente el peso de la deuda intra-Estado a costa del traspaso a pérdida de la deuda original con terceros.

Las torpezas cómplices del kirchnerismo quedaron de manifiesto con el desacato indefendible ante los tribunales estadounidenses después de haber aceptado su competencia.

Esta postura irracional agravó la posición de la Argentina debido a la negativa kirchnerista a investigar las mayúsculas irregularidades de la Deuda Pública (que era el único recurso de última instancia frente a las exigencias de los acreedores), a soslayar completamente las causas judiciales en curso en nuestro país que llevarían a la nulidad de gran parte de la deuda externa (Olmos I – con sentencia del juez Ballestero – Olmos II, Megacanje 2001 y denuncia Olmos Gaona-Marcos)  e incluso a dejar inoperante la Comisión Investigadora de la Ley 26.984, dictada tardíamente en Setiembre de 2014.

El gobierno Kirchner malogró desde el inicio la estrategia de defensa de nuestro país ante los tribunales de Nueva York:

1. Porque no cuestionó la legitimidad de las acreencias pese a la existencia de causas judiciales en curso en la Argentina.
2. Porque aceptó la entidad de los reclamos de los Fondos Buitre (FB) que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna al reconocer el valor nominal de los títulos y no el valor real de compra de los mismos.
3.  Porque – una vez producidos los fallos adversos en las tres instancias judiciales norteamericanas – no blanqueó el default de toda la Deuda Pública, como hubiera correspondido, para abrir una nueva reestructuración de las obligaciones (que era una de las recomendaciones del Estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, expuesta como alternativa por memorándum al ministro Kicillof en Mayo de 2014).

A diferencia de hacer esto último, la administración Kirchner no sólo agravó su posición de desacato, sino que dejó así completamente allanado el camino hacia una rendición final – jurídica y financiera – en la cuestión de los Holdouts, cosa que inmediatamente encaró el nuevo gobierno Macri con el argumento de la salida del default (un argumento que todos – oficialismo, oposición y medios – negaban públicamente relativizándolo como default parcial o técnico).

Con el agravante que la actual administración contó ahora para ello – por primera vez en forma expresa - con la aprobación previa del Congreso de la Nación, que a través de la Ley 27.249 le autorizó la colocación de deuda externa por 12.500 MD, sin tener constancia alguna de los conceptos y liquidaciones de pago pactados en secreto por el Ejecutivo.

Esta nueva deuda – autorizada por ley – se suma a los 23.400 MD contemplados en el Presupuesto 2016 (Ley 27.198, que le dejó aprobada el gobierno CFK), lo que eleva a unos 36.000 MD el total de obligaciones a colocar este año: un monto de endeudamiento sobre el que no existe demostración alguna de su capacidad de repago, lo que condena y acentúa la trampa del sistema de deuda perpetua en que está inmersa la Argentina por refinanciación permanente de sus vencimientos.

Hoy nuevamente – como en todos los ciclos del eterno retorno de la Deuda – una administración de discurso neo-liberal, argumenta sobre la herencia recibida como excusa para entrar en una nueva ola de endeudamiento externo en gran escala – que ya ha comenzado – aduciendo la inevitabilidad de la vuelta al mercado internacional de capitales.

Estamos frente a una reedición de los viejos y conocidos planteos de la gestión Martínez de Hoz bajo el gobierno del Proceso y de la década menemista de la Convertibilidad de los ´90 presentados, como siempre, bajo el ropaje de un retorno de la confianza, de una reinserción de la Argentina en el Mundo y de la tradicional receta de buscar un Crecimiento Económico con Deuda cuando la Deuda es precisamente el principal obstáculo del Crecimiento.

Es la forma en que la alternancia política de gobiernos populistas y neoliberales deviene funcional a los intereses de las estructuras de poder financiero, que son las que fijan realmente las Políticas de Estado.