Por Javier
Cornejo
Mucho se escribió sobre el golpe
de Estado de 1976. La atención se centró en el ultraje producido a los derechos
humanos de miles de argentinos. Pero, ¿había hecho algo el gobierno
justicialista para desencadenar semejante atrocidad?
El
gobierno depuesto el 24 e marzo de 1976 fue la última expresión del proyecto de
industrialización nacional, pleno empleo, derechos del trabajador e
independencia económica.
Ese
gobierno no contrató entre1973 y1976 ningún empréstito ni tomó deuda. Esta se
congeló en US$ 5.186 millones, heredados de Lanusse y esa fue la deuda que
encontraron Jorge Videla y José Martínez de Hoz cuando usurparon el poder. Hoy
merodea los 300 mil millones, en un país con bajísimo nivel de empleo genuino y
pobreza creciente.
Como
miembro del equipo del Dr. Julio González en la Secretaría Técnica de la
Presidencia de la Nación (1973-1976) fui partícipe de la obra de gobierno que
nunca fue sistematizada ni evaluada en función del Estado nacional. Un silencio
de conjurados procedió a ocultarla.
Por eso
es preciso inventariarla en su conjunto para que las futuras generaciones
puedan evaluar su incidencia y ponderar su valor.
Como los
vencidos no tienen derecho, sino únicamente difamaciones y calumnias, es
preciso describir la obra global del gobierno caído el 24 de marzo. El
inventario de esta obra es desconocido porque los medios de difusión de aquella
época se confabularon en forma mancomunada en difundir actos políticos y
cuestionables, sí, pero circunstanciales y contingentes, y para tapar los actos
jurídicos del gobierno que jalonaron hitos positivos para el futuro.
Lo dicho
no pretende enervar la responsabilidad que sí tuvieron los ministros del
Interior y de Defensa de la época, todos renuentes -con excepción del coronel
Vicente Damasco- en investigar quiénes eran los responsables y conductores de
la matanza aleve que asolaba al país bajo signos "aparentemente
diferentes": terrorismo de Estado o de presunta derecha, y terrorismo
subversivo o de presunta izquierda. El común denominador de ambos era preparar
las condiciones para la destrucción del Estado de derecho, la masacre humana y
la devastación económica que se consumó entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de
diciembre de 1983.
Verdad silenciada
Con esto
se bosqueja un deslinde elemental entre actos jurídico -económicos y actos
políticos especulativos (intrigas y vías de hecho) en los personajes y
personalidades de la época. Julio González en "M76 Asalto a la
Argentina", desarrolla en plenitud lo expuesto.
No
soportaron la nacionalización de los depósitos bancarios, con garantía total
del Estado para los depósitos de los particulares, tanto en los bancos
oficiales cuanto en los bancos privados, ni la ley de promoción industrial y el
acta de reparación histórica a las provincias. Por ellas fueron radicados
muchísimos establecimientos industriales en el interior, entre otros los
grandes complejos de Tejidos Argentinos en Catamarca, Papel Misionero Sociedad
Mixta en Misiones y Acindar en Santa Fe.
Se
redactó la Ley de transferencia de tecnología al exterior (20.794), para
generar una fuente de ingreso de divisas y evitar un drenaje de las mismas.
Esta ley provocó un conflicto con Henry Kissinger, quien convocó a una
conferencia en Washington para exigir que ningún Estado latinoamericano dictase
una ley parecida y nos intimó a su derogación.
Violencia e inseguridad
En temas
con absoluta vigencia en la actualidad, se sancionaron la Ley federal de
represión del tráfico de drogas (20771) y la Ley antisubversiva de represión
del terrorismo bélico, ideológico y económico (20840); fue la única ley en su
tipo en el mundo de tipificación del "terrorismo económico", derogada
en 2002 por exigencia del FMI. Se redactó el proyecto de ley de defensa
nacional, colocando los casos de subversión bajo el enjuiciamiento de consejos
de guerra especiales y facultados para aplicar el Código de Justicia Militar y
por ende la ley marcial. Esta ley, que aparecía como la única posibilidad de
detener el espiral de violencia que desangraba a la Argentina no pudo ser
sancionada por la especulación electoral de ciertos grupos de senadores y
diputados, pero el Poder Ejecutivo cumplió con su deber histórico de redactarla
en perfecta anuencia con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y
remitiéndola al Congreso de la Nación.
En enero
de 1976, después de acontecimientos gravísimos como fueron los combates de
Formosa, en octubre, y Monte Chingolo, en diciembre, no fue posible lograr
quórum en el Congreso para tratar la ley de defensa nacional, la ley de
presupuesto para 1976 y las leyes de recaudación impositiva. Muchos diputados y
senadores insistían en que la impopularidad de la ley de defensa proyectada por
el Poder Ejecutivo limitaba su cometido a gestionar arteramente la destitución
de la presidenta por medio de un juicio político. Se negaron a abordar
institucionalmente el tema de la violencia y dejaron a todo el país en manos de
la ilegalidad plena.
Defensa de lo nuestro
La
Argentina afrontaba, un año y medio después de la muerte de Perón, problemas
cruciales.
Nuestra
gestión impulsó la derogación del contrato celebrado por el ministro José
Gelbard con la compañía "Mineracao corumbaense reunida" y que
colocaba por cincuenta años nuestra producción siderúrgica en manos del Brasil.
El
decreto 320/76 declaró "programáticamente prioritaria cualquier
convocatoria a elecciones", el llamado a una convención nacional
constituyente para que determinara qué constitución estaba vigente en el país:
la de 1853 o la enmienda de 1949 o la del 1853 con el art. 14 bis introducido
en 1957 o con la enmienda de Lanusse con respecto al mandato presidencial.
necesitaba
y requiere de manera
insoslayable
recuperar su independencia organizando una sociedad justa, económicamente libre
y políticamente soberana. Sin estas premisas establecidas en la Constitución de
1949 no hay ni podrá haber independencia geográfica.
Golpe a la democracia
Toda la
especulación que se realiza en torno del golpe de Estado, para justificarlo o
para repudiarlo, ignora sistemáticamente que fue una asonada contra un gobierno
democrático, absolutamente legítimo, y que en octubre de 1976, siete meses
después del golpe, habría elecciones presidenciales. Ese gobierno democrático
había producido leyes para crear el Sistema Nacional Integrado de Salud,
Organización y puesta en marcha en las provincias del norte argentino, la ley
nacional de contrato de trabajo y la ley de asociaciones profesionales de
trabajadores y de sindicales, la creación del fuero sindical. Es imprescindible
recordar que, con todos los problemas y falencias que afrontaban el sistema
republicano y la economía nacional, en momentos de profundos reacomodamientos
económicos en plena Guerra Fría, el desempleo real se encontraba en el 2,6%,
contra la desocupación varias veces mayor de nuestros días, ocultas por el
encubrimiento de la estadística. Además, la pobreza real merodeaba el 7%. El
golpe de Estado fundaría una deuda impagable y llevaría la pobreza al 17%. Ese
gobierno derrocado y denostado produjo el único pacto social del mundo:
política de concertación celebrada entre la Confederación General de Trabajo,
la Confederación General Económica y el Estado Nacional Argentino.
Crédito hipotecario
En ese
espíritu se suscribió el decreto que suprimía los intereses en las operaciones
crediticias del Banco Hipotecario para los préstamos de compras y refacción de
viviendas. Eso fue corregido por la dictadura con la circular 1050, que
indexaba las deudas, extorsionaba a los deudores y dio origen a la fortuna
incalculable de un matrimonio de exitosos abogados de Río Gallegos. Los
fanáticos K prefieren borrar este capítulo, pero ese fue el relato del propio
Néstor Kirchner para quien, para hacer política hacía falta mucho dinero. “A
cualquier precio y aunque los paguen los pobres”, acoto personalmente.
Negocios de Joe
Muchos
olvidan la nulidad de los contratos celebrados entre el Estado nacional durante
el gobierno militar de Juan Carlos Onganía y las empresas Standard Electric y
Siemens, la negativa del gobierno depuesto a “argentinizar“ las mismas
comprando paquetes accionarios sobrevaluados. Tampoco se menciona la negativa
absoluta a argentinizar la Compañía Italo Argentina de Electricidad a través
del procedimiento de compra, por parte del Estado de acciones sobreevaluadas.
Se impulsó la intervención de la Italo y caducidad de su contrato concesión de
1962 que obligaba a su compra por el Estado al margen del valor establecido por
el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Al 24 de
marzo de 1976 los principales accionistas de la Compañía Italo Argentina de
electricidad eran las familias Graiver y Martínez de Hoz.
El futuro
ministro de Jorge Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, que se desempeñaba como
director vicepresidente. Ya desde el poder, el Estado compró Italo. El gobierno
supuestamente privatizador solo estatizó, a costa del Estado, una empresa
inviable. Así terminó el tercer gobierno justicialista.
Quienes
fuimos funcionarios sabemos de las grandezas y miserias de muchos, algunos de
los cuales hoy gozan de un prestigio que no merecen. Unos días antes la
presidenta de la Nación había dicho en la CGT: “Existe un plan internacional de
desindustrialización. Si la industria argentina desaparece con ella
desaparecerá la independencia económica y la soberanía de la nación”.
El 24 de
marzo se puso en marcha la desindustrialización planificada, de un gobierno
para el que era lo mismo producir caramelos que acero. Comenzó la obscenidad de
la deuda externa, la masacre atroz, y un proceso despoblacional intencional. Nada
fue casual: el programa basado en el desempleo, el clientelismo y la ilegalidad
de la economía no registrada expresa a rajatabla un “manual de procedimiento”
de destrucción nacional que hoy se muestra en plena expresión.
Relato vs. historia
Pascual
Albanese
El golpe militar fue la máxima
expresión de la violencia antiperonista, que buscó auto-justificarse en la
lucha antisubversiva para arrasar con las instituciones.
A 40 años
del golpe de estado de 1976, la Argentina conmemora este nuevo aniversario
emancipada de un "relato" que durante doce años hizo de una versión
parcial y distorsionada de la "memoria", el instrumento de una
estrategia de acumulación de poder político y económico, puesta al servicio de
un modelo de dominación basado en la articulación entre el Partido del Estado y
el capitalismo de amigos.
El
"kirchnerismo" usó la bandera de los derechos humanos como pretexto
para legitimar sus políticas, demonizar a sus adversarios y profundizar la
división de la sociedad argentina.
Afortunadamente
liberados de la presión ejercida por un gobierno que utilizó sistemáticamente
la dictadura militar como justificación política, esgrimida sin pudor por
quienes no hicieron absolutamente nada por combatirla, los argentinos estamos
ahora en mejores condiciones para focalizar la mirada en aquella época trágica
sin prejuicios ideológicos, con la única pretensión de buscar la verdad
histórica para aprender de nuestros propios errores, enterrar para siempre el
pasado y forjar la unidad nacional, con la vista puesta en el porvenir.
El centro
de la cuestión es que, al contrario de lo que afirmaron los militares en su
momento, y también muchos de sus detractores tardíos, el golpe del 24 de marzo
de 1976 no tuvo como objetivo estratégico la derrota de las organizaciones
guerrilleras sino el derrocamiento del gobierno constitucional de Isabel Perón,
empantanado en medio del vacío de poder que había dejado la muerte de Perón en
1974.
Uno de
los testimonios más valiosos brindados por Jorge Rafael Videla a Ceferino
Reato, y publicado en su libro "La confesión", fue precisamente el
reconocimiento de que el golpe de estado no era indispensable para derrotar
militarmente a la guerrilla, a la que las Fuerzas Armadas estaban combatiendo
con el inapreciable auxilio de la legitimidad que les confería las órdenes de
un gobierno constitucional.
El
extenso listado de los funcionarios y dirigentes peronistas encarcelados esa
madrugada, que incluyó entre otros a Isabel Perón, Lorenzo Miguel y Carlos
Menem, así como la intervención de la CGT y de las principales organizaciones
sindicales y la disolución de las "62 Organizaciones Gremiales
Peronistas", que figuraron entre las primeras medidas adoptadas por el
nuevo gobierno, corroboran contra quiénes apuntó de entrada el régimen militar.
Cualquier
lectura superficial de las proclamas castrenses y de las publicaciones de
aquella época ratifica que la ruptura del orden constitucional pretendía
terminar con la "demagogia y la corrupción" (eufemismos para aludir
al peronismo) e inaugurar una etapa "fundacional", basada en la
defensa de los valores de Occidente, una extraña paradoja en un régimen que
tuvo como principal apoyo internacional a la Unión Soviética y sus satélites,
incluso Cuba, que primero entrenó a los guerrilleros y después guardó un
silencio cómplice ante su exterminio por los militares.
Las
editoriales de los diarios argentinos en esas jornadas, complacientes al
extremo con el golpe militar, coincidieron unánimemente en esa interpretación
de los hechos. El Vicario Castrense, Monseñor Victorio Bonamín, quien no se
ganó el cielo con sus palabras, lo dijo con todas las letras: "se acabó el
festín de los corruptos".
Simultáneamente,
un amplísimo y heterogéneo arco de fuerzas políticas y económicas, que incluyó
a la mayoría de los medios de comunicación, que habían contribuido a crear el
clima golpista, y a las grandes centrales empresarias, que semanas antes del
golpe de estado realizaron el primer "lock out" patronal de la
historia argentina, confluyeron en esa argumentación para propiciar el
derrocamiento del gobierno peronista.
Un
párrafo especial merece la actitud del Partido Comunista, rápido en olvidar que
en agosto de 1975 saludó como un avance la asunción de Videla como jefe del
Ejército y que, a partir del golpe de estado, ensayó una permanente defensa de
su gobierno, al que identificaba como expresión de una corriente militar
"democrática" enfrentada con una presunta "ala
pinochetista".
Un repaso
detallado de los acontecimientos, certificado por el posterior testimonio
autocrítico de algunos de sus protagonistas, revela que las conducciones de las
propias organizaciones guerrilleras, ya acorraladas militarmente y divorciadas
de la opinión pública, también alentaron la caída del gobierno constitucional,
para salir del aislamiento político al que habían quedado condenadas por su
conflicto con Perón y tratar de erigirse en abanderadas de la lucha por la
restauración de la democracia.
El
análisis del 24 de marzo de 1976 no puede reducirse entonces a la evocación del
horror, ni a la simple reiteración de la secuencia de los clásicos golpes
militares latinoamericanos. El golpe militar fue la máxima expresión de la
violencia antiperonista, que buscó auto-justificarse en la lucha antisubversiva
para arrasar con las instituciones y edificar un proyecto político cuyo
estrepitoso fracaso dejó una profunda lección histórica, que cimenta hoy la
fortaleza de la democracia argentina.
"Hubo traiciones en el
peronismo"
El
secretario que acompañó a Isabel Perón en el helicóptero en 1976 relata cómo
vivió los días del golpe
Miércoles
23 de marzo de 2016
Julio
González.Foto
El país
no fue el mismo desde la madrugada del 24 de marzo de 1976, cuando se produjo
el último golpe de Estado. Un protagonista de ese final fue Julio González,
quien en aquel gobierno anémico y desbordado era secretario legal y técnico de
la Presidencia y secretario privado de María Estela Martínez de Perón. Fue el
único funcionario de su confianza en el fatídico viaje en helicóptero. En
diálogo con LA NACION, reveló detalles de las horas finales y la trama del
golpe vivida desde el corazón del gobierno.
-¿Cómo
fueron los últimos momentos del gobierno?
-Ante las
versiones crecientes de golpe, la presidenta convocó con urgencia a las diez de
la noche del 23 a ministros, legisladores y dirigentes sindicales -unas 40
personas- para informarles las gestiones del ministro de Defensa, José Alberto
Deheza, con Videla, Massera y Agosti. Deheza explicó que los comandantes
plantearon su disgusto por la situación del país, la guerrilla y el vacío de
poder y dijo que habían acordado reunirse al día siguiente. Tan convincente fue
que al salir de la reunión Lorenzo Miguel les hizo una apuesta a los
periodistas de que no habría golpe. Después, la presidenta me pidió que la
acompañara a Olivos.
-¿Y qué
pasó?
-Repasé
con mi equipo la agenda del día siguiente y fuimos al helipuerto de la terraza
con la presidenta y el jefe de custodia, suboficial Rafael Luisi. Todo era
normal. Como cada día, el jefe de Granaderos nos despidió con los honores del
protocolo y subimos al helicóptero de doble cabina. La presidenta se sentó a mi
izquierda. Apenas despegamos, Luisi advirtió que la nave tomaba otro rumbo:
sacó su arma reglamentaria y, casi gritando, alertó que el helicóptero no iba a
Olivos, sino hacia el río. La presidenta lo calmó, le pidió que guardara el
arma y ordenó al edecán naval que averiguara qué pasaba. Los pilotos -uno de
ellos era Lami Dozo- informaron que había un desperfecto en un motor y debíamos
ir al Aeroparque, para después ir en auto a la quinta presidencial. Llegamos en
pocos minutos y al pie del helicóptero se presentó un oficial de la Fuerza
Aérea y le dijo a la presidenta que bajara de la nave. Yo exigí que viniera de
inmediato el jefe de la base y le dije a la presidenta: "Señora, no baje
por favor". A los quince minutos se hizo presente el jefe de la base,
comodoro Crosetto, e insistió en que debíamos bajar.
-¿Qué
pasó en el helicóptero en esos 15 minutos?
-Nada.
Había un tenso silencio que no olvidaré jamás.
-¿Cómo
siguió la situación?
-Crosetto
reiteró que había un problema en uno de los motores. Le pedí que de inmediato
vinieran los autos hasta el helicóptero, pero se negó. Me contestó que era
peligroso porque podía explotar un motor. Volví a insistirle a la presidenta:
"Señora presidenta, no baje por favor". Ella me miró, me tomó del
brazo izquierdo y me dijo: "Bajemos doctor, es pura acción
psicológica". Así caminamos juntos los últimos cien metros. En el centro
ella; a su derecha, el jefe de la base, y a su izquierda, yo. Atrás, el edecán
naval y los dos custodios. Nos dirigíamos a la oficina de Crosetto y cuando
llegamos dejé pasar a la presidenta y a mí me empujaron, me cerraron
violentamente la puerta en la cara y me encañonaron a mí y a los custodios. Así
estuvimos media hora.
-¿Qué
pasó con el edecán?
-El
edecán naval no defendió a la presidenta. Es evidente que estaba en el complot
del secuestro extorsivo.
-¿Por qué
dice que fue un secuestro extorsivo?
-Porque
la presidenta fue interrogada por oficiales de las Fuerzas Armadas, entre ellos
el almirante Santamarina y el general Villarreal, luego secretario general de
la Presidencia con Videla. Primero fue secuestrada y le exigieron que firmara
su renuncia para que asumiera Ítalo Luder. A cambio, le ofrecieron el Tango 01
para ir adonde quisiera. Pero ella se negó y pasaron del secuestro a la
detención y a tomar el poder. La llevaron a la residencia El Messidor, en Villa
La Angostura. No la vi nunca más ni volví a hablar con ella.
-¿Qué
hicieron con usted?
-Una hora
y media después, un teniente coronel me informó que tenía la orden de
entregarme a la Armada. Me llevaron detenido al barco Bahía Aguirre, que estaba
amarrado en el puerto. Llegué a las 5 de la mañana: abrí la puerta del camarote
celda y apareció Deheza. Todavía me pregunto si lo habían detenido o se hizo
detener porque sabía lo del golpe.
-¿El
ministro de Defensa le ocultó a la presidenta el levantamiento militar?
-Sí. Y lo
confesó el mismo Deheza cuando estábamos detenidos. Nos dijo: "Yo sabía
que el golpe iba a ocurrir, pero preferí disimularlo para evitar una pueblada
que terminara en una movilización con represión y víctimas". Eso fue una
traición.
-¿Hubo
más traiciones en el peronismo?
-Claro
que sí. Hubo muchos dirigentes funcionales al golpe. Desde que asumió Cámpora,
en 1973, se desató en el peronismo una loca carrera por el poder.
-¿Cómo
jugó la oposición?
-También
fue funcional al golpe. Ricardo Balbín dijo esa frase desgraciada de que no
tenía soluciones y que todos los incurables tienen cura cinco minutos antes de
su muerte. Deolindo Bittel, por el justicialismo, habló del peronismo, pero no
se expresó en forma contundente. El único que lo hizo fue Oscar Alende.
-Si había
tanta evidencia de que se venía un golpe, ¿por qué no hicieron algo para
frenarlo?
-El
gobierno peronista estuvo tres años jaqueado con la amenaza de golpe y con
operaciones políticas e informativas de que era inminente. Eso se repitió el 22
de marzo. La presidenta y yo creímos que era una conjura más.
-¿Qué
comentaba la presidenta ante los rumores de que el golpe estaba en marcha?
-Tenía la
misma actitud que con los problemas que enfrentaba de su gobierno. Consideraba
todos los rumores y advertencias como voces alarmistas que se repetían. La verdad,
no creía que fuera a haber un golpe.
-¿No
considera que la presidenta fue incapaz de solucionar la crisis?
-Con los
elementos que había, la presidenta actuó como cualquier persona normal sometida
a la decisión final de las Fuerzas Armadas. No cedió a las presiones que venían
de todos lados para romper el orden constitucional.
Julio
González
Secretario
privado
A los 37
años, fue secretario legal y técnico de la Presidencia y secretario privado de
Isabel Perón. Fue profesor de economía política en la UBA
Perspectiva
Hace 40 años la sociedad entregó un cheque en blanco a la Fuerzas Armadas, del que todavía nos lamentamos. Fue una época plena de violencia física y verbal, en la que como nunca escuché criticar tan ligeramente, en democracia, la investidura presidencial y su gobierno, llevándolos hasta el ridículo. Durante un almuerzo familiar, en marzo de 1976, le pregunté a mi padre, José Alberto Deheza, ministro de Defensa, con ingenuidad adolescente, cómo podía él desconocer que se avecinaba un golpe. Guardó silencio y me contestó: "La función pública no siempre te llama cuando a uno le conviene".
Era irrisorio pensar que mi padre y otros funcionarios no eran conscientes de los trágicos momentos por venir. Siento que llegó la oportunidad política para recordar en perspectiva a esos personajes valientes con vocación de servicio, a la presidenta María Estela Martínez de Perón , a su secretario técnico, Julio González, y a otros que supieron mantenerse en sus cargos, aun en contra de su seguridad, en defensa de la democracia. No recuerdo que la historia los haya reivindicado, lo que ayudaría a comprender con claridad los hechos históricos del golpe y así evitar futuros errores que lastimen a los argentinos.
Martín Deheza Lonardi
DNI 11.477.819
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