La plena vigencia de la Patria especulativa
6 DE Abril 2017
El objetivo principal del golpe de Estado de 1976 se mantiene incólume, a lo largo de 33 años de democracia.
El 14 de abril de 2012, en el diario La Nación, Jorge Rafael Videla expresó que "desde el punto de vista militar, el golpe no era necesario y fue un error".
Aquí encontramos la interpretación auténtica y definitiva del 24 de marzo de 1976.
Se traduce en hechos. La Ley de Entidades Financieras N§ 21.526 del 14 de febrero de 1977 sigue en plena vigencia no obstante los cambios de gobierno transcurridos en 41 años. Esas entidades financieras podían y pueden realizar todo lo que no estuviese expresamente prohibido por ley. Entre otras cosas, pueden discrecionalmente y en cualquier monto y condiciones tomar empréstitos de deuda externa para el ejercicio de sus operaciones.
El golpe de la especulación
El golpe de Estado tuvo por objetivo concreto proteger todas las negociaciones de economía especulativa y tornarlas rigurosamente exigibles sin considerar para nada el desarrollo del país y el bienestar general de su población.
Por eso todos los aniversarios del 24 de marzo, durante el tenebroso Proceso, esas entidades llevaban en solicitadas de una página de los grandes diarios, su homenaje a esa fecha. Se rendía de esta manera culto cívico al genocidio y la devastación económica más espantosa que desde entonces se inició sobre el país. Decimos "se inició" porque entre el genocidio consumado por armas y mediante balas y el genocidio económico por la desnutrición masiva, enfermedades endémicas, raquitismo y hambre, no hay ninguna diferencia: la muerte es el resultado final.
Las mentiras pueden decirse pero no pueden hacerse. Este es un axioma muy simple y profundo que el expresidente Juan Domingo Perón, luego su esposa y sucesora María Estela Martínez, repetían a sus colaboradores.
Con esas simples palabras se determinaba la veracidad y la exactitud de todas las normas jurídicas que sancionaba y promulgaba durante su mandato. Por esto, después del 24 de marzo, habiéndose investigado de un modo inquisitorial y cruel todos los actos de gobierno, no hubo ninguno que pudiera ser cuestionado.
La protección de la economía especulativa fue el fin único del tenebroso proceso militar que gobernó al país desde el 24 de marzo de 1976. En esos objetivos perseveraron sus sucesores de la democracia. Alfonsín, Menem, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner.
Esto no es crítica ni difamación para nadie, sino la realidad objetiva.
Lex injusta, non es lex
"Lex injusta, non est lex" decía el colosal pensamiento de Santo Tomás de Aquino.
Aplicado a este período de nuestra historia: las unidades de producción o fábricas cerradas desde el 24 de marzo suman 176.000 (18.000 cerradas durante el gobierno 1976/1983, 50.000 cerradas durante el gobierno constitucional que abarca del 1983/1989, 108.000 cerradas en el período constitucional que transcurre desde 1989/1994, gobiernos de Menem).
Desde 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, al mes de octubre de 2015 (fecha de las elecciones que designaron a Mauricio Macri) la deuda externa publicitada por el Gobierno era de alrededor de 315.000 millones de dólares, no obstante que el gobierno de los Kirchner no contrató empréstitos. Esa fue la cifra con organismos financieros internacionales en el orden nacional. Por lo tanto debe adicionarse la cifra correspondiente a la deuda externa de las provincias y la deuda externa contratada por municipalidades y entes autárquicos en todo el país. A ello debemos agregar las cifras desconocidas de los bonos que se emiten en el orden nacional, provincial y municipal sin la anuencia del Congreso conforme lo autoriza la Ley 21.526 sancionada y consagrada por el proceso militar que se inició el 24 de marzo de 1976.
La inflación continúa avanzando diariamente en cifras espeluznantes. Ningún criterio troncal y serio se adopta jurídicamente para frenar esta devastación de las familias asalariadas y de las empresas argentinas.
El crédito se torna inaccesible para los productores agropecuarios, industriales, comerciales y consumidores. El dinero caro y escaso por acción de la usura torna inaccesible la producción física y el consumo físico.
La soledad de la verdad
No se concibe una economía sin el servicio público del crédito. Esta función la cumplieron en los dos primeros gobiernos de Perón el Banco Hipotecario Nacional, el Banco de Crédito Industrial, el Banco de la Nación y todos los bancos provinciales, que fueron privatizados por Menem a través de la Ley 23.696, para la producción agropecuaria, que ofrecían préstamos a bajo interés y con larguísimos plazos.
El país ha vuelto a ser proveedor absoluto de materias primas para la esfera internacional y tributario permanente de empréstitos. La tasa de interés que se incrementa sin cesar es la causa central de la inflación y del cierre de las empresas de economía productiva.
Los estudiosos que, como Mariano Fragueiro, lograron que el principio de servicio público de crédito público se incorporara a la Constitución nacional de 1853, fueron silenciados en forma absoluta. Así están las cosas. Solo nos queda perseverar en los estudios serios de esa tragedia. Lisandro de la Torre (1868-1939), el gran pensador argentino, lo expresó para las futuras generaciones de un modo categórico: "El que va por el camino recto y sabe hacia dónde se dirige, no tarda en recorrerlo sólo mucho tiempo".
24 de marzo de 1976: lápida
para el proyecto de un país industrial
Lunes 22
de Marzo de 2010 Opinión Dr. Javier Cornejo
Publicado
en el diario El tribuno.
Simultáneamente
con el inicio de la dictadura, el 24 de marzo de 1976, comenzó en el Partido
Justicialista el proceso de involución y abandono de los principios liminares
de un Estado Nacional Industrial, Tecnológico, Científico, Cultural y Social.
En los hechos, el posterior menemismo y actual período “K” no son otra cosa que
una brutal aceleración de esa involución, porque configuran una tremenda estafa
política e histórica, a pesar de los discursos que, por razones demagógicas
invocan verborrágicamente una identidad peronista que ambos procesos no tienen
ni desean tener.
La destrucción del país industrial comenzó en los años 70 con el accionar
guerrillero bélico subversivo, dirigido casi sin excepción a personas
vinculadas a la actividad industrial. Las víctimas elegidas fueron empresarios
industriales y no financistas usureros ni grandes productores agropecuarios.
Fueron dirigentes gremiales y trabajadores de la industria y no sindicalistas
del puerto o del comercio. En cuanto a las Fuerzas Armadas, el asesinato y el
secuestro, ininterrumpido e implacable, cobró casi todas sus víctimas en el
Ejército Argentino, generadores de la potente actividad industrial del acero de
Fabricaciones Militares.
¿Buscaba
en realidad la subversión la toma del poder? ¿O era un ataque extranjero
ejecutado inconscientemente por los argentinos nativos a quienes se manipuló
ideológicamente a partir del impulso inexperto de jóvenes encolumnados en uno y
otro extremo, encandilados por revoluciones quiméricas, pero que sirvieron al objetivo
de “voltear las chimeneas que levantó Perón”, para aniquilar el Estado
Industrial?
El diario La Nación del 18 de abril de 1974 da cuenta de la detención del
diplomático británico Micke John Bishop con el siguiente comentario: “La
Justicia Federal y Correccional investiga lo relacionado con el secuestro
efectuado el 10 del actual por personal de Prefectura Naval Argentina, de
varios bultos que contenían 17.500 proyectiles calibre 9 mm, munición de
guerra, acondicionados en cajas y utilizables para pistola, fusil y
ametralladora, que fueron desembarcados del rompehielos de la Marina Británica
Endurance”. El diplomático involucrado fue liberado en forma inmediata. Nunca
se supo más nada. ¿Y todo el contrabando de armas que ex profeso nunca fue
detectado?
A partir
del 24 de marzo de 1976, con el “Generalato” de José Alfredo Martínez de Hoz,
dio comienzo la más nefasta destrucción de la industria nacional por medio de
innumerables delitos de terrorismo subversivo y económico para los que no hubo
juez argentino que produjera condena alguna. Junto a ello, se inició el
endeudamiento perpetuo no sólo con organismos financieros internacionales o con
gobiernos de otros Estados, sino inaugurando el cepo de bancos y banqueros
particulares domiciliados en el extranjero.
El Parlamento británico publica el 22 de enero de 1983 el denominado informe
“Lord Franks”, referido a una sinopsis de la inteligencia británica sobre
Argentina que arranca en el año 1965. Esta fecha de inicio no es antojadiza. En
diciembre de 1965 la ONU aprueba la resolución Nº 2.065 en donde insta a los
gobiernos de Gran Bretaña y Argentina a discutir la soberanía de Malvinas. El
vencimiento de tal emplazamiento se producía en el año 1976.
En dicho
informe estaba previsto el golpe de Estado que se produciría en marzo. Leemos
en él: “Enero 22, 1976: los comandantes argentinos son contrarios a aprobar
cualquier medida militar susceptible de facilitar el mantenimiento en el poder
del régimen de la Sra. de Perón. Si bien es posible que se establezca una corta
tregua, es previsible la toma de nuevas medidas (por parte del gobierno
peronista) contra los intereses británicos bajo la forma de un aumento de
presión hostil, tanto política como económica”. Publicado por diario La Nación,
el 2 de abril de 1983, pág. 9.
Como los vencidos no tienen historia ni derecho, sino difamaciones y calumnias,
es forzoso ubicar los acontecimientos del 24 de marzo de 1976 en su justo
escenario referenciando a los participantes en la realidad de los hechos.
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