LA HISTORIA SECRETA DE LA 125 – Javier Llorens
Esta investigación se inició al observar el
notable aporte económico por $ 39.000.000 que realizó el grupo Urquia, una de
las familias más ricas de Argentina, conspicua integrante de CIARA (Cámara
Industria Aceitera RA) y CEC (Centro Exportador de Cereales) para la campaña
electoral del Frente de Todos. En oportunidades inusitadas, dado que un primer
aporte de $ 12.000.000 lo hizo en plena veda electoral, en vísperas de las
elecciones presidenciales de octubre. Y luego, una semana después de
consagrarse Alberto Fernández presidente de los argentinos, hizo otro aporte
por $ 27,000.000.
Tanto el monto como la oportunidad, señalaban
lamentablemente la existencia de una transacción de tome y daca. Lo cual
demandaba una explicación, que finalmente se encontró en los arcanos numéricos
de lo que se conoce como el NCM (Nomenclador Común del Mercorsur) y las DJVE
(Declaraciones Juradas de Venta al Exterior.
Pero para entender esta explicación, previamente
es conveniente remitirse a la historia secreta de la resolución 125. Y su saga
posterior que llevó finalmente al grupo Urquía y a CIARA CEC a un
enfrentamiento con el gobierno saliente encabezado por Mauricio Macri.
Al que evidencia haberlo solucionado con creces
el actual gobierno entrante, encabeza-do por Alberto Fernández. Al mismo tiempo
que el aumento de las retenciones abre un pingue oportunidad de negocios,
similar a la de la 125. Siendo esta otra muestra de la incapacidad que tenemos
los argentinos de aprender de la experiencia y fracasos del pasado.
La historia secreta de la legendaria resolución
125, que originó la insurrección fiscal del campo, y estuvo a punto de
convertirse en una insurrección civil, consiste en que fueron los integrantes
de CIARA y CEC los que se llevaron puestas el aumento de las retenciones dispuesto
por ella bajo el título de retenciones móviles, por un monto de mil
ochocientos millones de dólares. Esto lo acreditamos el autor de esta nota y el
diputado Mario Cafiero, cuan-do se debatía en el Congreso su aprobación,
mediante sendos informes basados en los despachos de exportación de la Aduana.
Mostrando como los exportadores de granos y sus derivados, nucleados
principalmente en CIARA CEC, le liquidaban al fisco retenciones de hasta 25
puntos menos respecto las retenciones móviles que le descontaban a los productores
de granos, que llegaron hasta el 47,5 %.
Como consecuencia de que, precavidamente, con las
presentaciones previas de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior habían congelado
las alícuotas de las retenciones a la fecha de estas. No alcanzándole así el
pago de las retenciones móviles, y haciendo así una enorme diferencia a costa
del productor, acorde con la antigua ley del comercio de comprar barato y
vender caro. Con el detalle adicional, según lo reconoció a regañadientes posteriormente
el mismo gobierno, que el aumento de las retenciones había sido propiciado por
los mismos integrantes de CIARA CEC.
Porque se habían visto imposibilitados de cumplir
con esas Declaraciones juradas de venta al exterior, por el aumento sustancial
de precios que hubo en el ínterin en los commodities agrícolas, especialmente
la soja. Y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se prendió a la idea,
ante la perspectiva de que las posteriores cosechas le allegarán recursos al
fisco, para atender los pagos de una deuda externa mal arreglada.
El principal lobista de CIARA CEC entonces, era
el senador cordobés Roberto Urquía. Un cortesano del poder, propietario de
Aceitera General Deheza, una de las principales aceiteras de Argentina. Quien
había llegado al gobierno de la mano del gobernador José Manuel de la Sota, y
luego pasó al kirchnerismo.
Y en el revival actual de la 125, con detalles
picantes a favor de los aceiteros como se verá seguidamente, Urquía también
evidencia haber sido un artífice esencial del mismo. Junto con su cuñado Miguel
Acevedo, presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina).
La circulación de esa información en el Congreso
en el 2008, fue determinante para la no aprobación de la resolución 125.
Precipitada con el famoso voto no positivo del entonces vicepresidente de la
Nación, Julio Cleto Cobos. Y para la posterior creación al mes siguiente, de
una comisión bicameral investigadora de presuntas irregularidades en las
declaraciones juradas de venta al exterior de productos agropecuarios. Que
debía expedirse al respecto, a los 90 días de su constitución. La cual, gracias
a la capacidad de lobby de CIARA CEC, nunca se reunió ni se constituyó, y tres
años después por su inactividad fue dada de baja. Sin que la Mesa de Enlace
haya manifestado ningún interés de impulsarla.
Por su parte la AFIP en base a informes de la
ONCCA, inició múltiples demandas contra las empresas del complejo aceitero y
exportadoras de productos agrícolas nucleadas en CIARA CEC, que se habían
llevado puestas las retenciones móviles de la resolución 125.
Entre ellas figuraban AGD, Bunge, socia de AGD,
Cargill, Molinos Río de la Plata, LDC, Nidera, Vicentin, ACA, Oleaginosa
Moreno, Compañía Argentina de Granos, Noble Argen-tina, etc. Las que por su
parte respondieron con contrademandas judiciales, de las que nadie sabe a
ciencia cierta su resultado definitivo.
Argentina nada aprendió así de esos tremendos
sucesos, que tuvieron rasgos conmocionantes entre marzo y julio del 2008. Con
un país semiparalizado por los bloqueos de las rutas por parte de quiénes la
entonces presidenta Fernández, denostó como piqueteros de cuatro por cuatro.
Conflicto con el cual el kirchnerismo se enemistó con la clase media que
recientemente la había votado. Lo cual lo obligó a cambiar su base electoral,
implementando para ello la opción por los pobres. Apelando el direccionamiento
de recursos asistenciales y monetarios hacia ellos, tales como la AUH. Lo cual
paradojalmente, le fidelizó una base electoral que le permitió diez años
después a la ex presidenta Fernández retornar al poder, tras el rotundo fracaso
socio-económico del gobierno del presidente Macri.
Los impulsores de la 125, CIARA CEC, y el
gobierno de Fernández de Kirchner que la implementó, evidentemente desconocían
las tremendas derivaciones que ha tenido en la historia, la pretensión de fijar
altas retenciones a la exportación de productos agrícolas. Eso originó en
Inglaterra la revolución campesina puritana de Olivier Cromwell, ante la pretensión
del rey Carlos I de aumentar los impuestos a las exportaciones de lana. Lo cual
no solo derivó en la abolición momentánea de la monarquía, sino que también le
costó la cabeza a Carlos I. Posteriormente, tras la reposición de la monarquía,
y la consecuente cruel persecución a los puritanos, estos migraron hacia
América, dando origen así a los EEUU.
Se habla mucho de la dicotomía entre el agro y la
industria, pero pocos mencionan la tensión existente en la agro industria. O
sea la industria que tiene como principal insumo e los productos agrícolas. Que
se da especialmente en Argentina, que es un gran productor y exportador de
granos y de sus derivados.
En términos de mercado, la agroindustria es un
oligosopnio, o sea que hay muy pocos demandantes frente una oferta atomizada.
Lo cual le permite concertar entre ellos los precios de compra; salir a comprar
por turnos; alentar la siembra con altos precios, que luego se derrumban en la
cosecha, etc. Además de castigar al productor con los descuentos por la calidad
y humedad del grano, y el costo del flete, etc. Detentando incluso en el caso
del grupo Urquia la concesión del ferrocarril Central Argentino, que le otorga
un hándicap adicional respecto los fletes por camión.
Este grupo se ha convertido así en un émulo de
Bunge y Born, al que se apodaba el Pulpo. El cual mediante el control
que tenía sobre las bolsas de arpillera, con la que se acopiaban los granos; y
las rebajas que obtenía en las tarifas de los ferrocarriles ingleses, hacía lo
que quería en el mercado. De quien el grupo Urquía es socio en diversos
emprendimientos, tras que esta se transformó en Bunge Limited, y se radicó en
EEUU.
Como se vio, una de las picardías de la
agroindustria y exportadoras de granos y sus derivados, desde los tiempos de
Bunge y Born, es que haya alta retenciones sobre los gra-nos. Lo cual de por si
facilita su adquisición, al adquirir el mismo producto con un menor ca-pital en
giro. Y a su vez la cuestión de las retenciones o derechos de exportación,
también tiene sus trapisondas. Como el congelarlas a niveles previos a los de
un aumento de ellas, como sucedió con la 125, y vuelve a suceder ahora,
quedándose así con la diferencia. Haciendo así un lindo diferencial de precios
gracias al accionar negligente del gobierno amigo, que parece no percatarse de
ello. O el pago diferido de las retenciones hasta el momento del embarque, que
rigió hasta después la 125. Y que ahora rige para las nuevas retenciones que
dispuso el presidente Macri el año pasado.
Pero hay otra picardía adicional, que es
fundamental para la agro industria, y explica el raudo crecimiento del complejo
aceitero instalado en las inmediaciones de Rosario, considerado uno de los más
importantes del mundo. Consistente en el diferencial de retenciones entre el
grano sin elaborar, y los derivados de este. Que le ha aportado a la industria
un margen sustancial de ganancias a lo largo de los años, quitándose al
productor del mismo. Y supletoriamente cuando ese margen decae, están también los
reintegros a las exportaciones por parte del Estado, cuestiones ambas que para
la agroindustria son estratégicas.
El sórdido campo de batalla en las sombras de
esas dos cuestiones, se libra en el hermético NCM (Nomenclador Común del
Mercosur); que es incluso la forma en que se titulan los decretos y
resoluciones referidas a las retenciones y los reintegros.
El mismo se compone de 97 capítulos, que pueden
tener potencialmente cada uno de ellos seis dígitos. O sea 97 millones de
posiciones, siendo actualmente unas quince mil. El cual como una guía
telefónica, tiene un número que define cada mercadería que se transa
internacionalmente.
Los decretos y resoluciones del ministro de
Economía que digitan los beneficios y castigos que reciben esas mercaderías,
enunciando para ello en la gran mayoría de los casos justificaciones genéricas,
solo consignan sus números. Por lo que son un jeroglífico cuya lectura requiere
tener en la mano la Piedra Roseta del NCM.
Pero como se trata de miles de números, al final
son los directamente interesados en ellos por la actividad económica que
despliegan, los únicos que interpretan velozmente que quiere en realidad decir
esa absolutamente intrasparente normativa. Donde el pase mágico de un número a
tal o cual posición arancelaria, o nivel de reintegros a la exportación, puede
determinar transferencias de riquezas de millones y miles de millones de
dólares.
Por lo que es imposible dimensionar las picardías
que se han hecho y se harán con esa encriptada normativa, en la penumbra de los
despachos de una administración pública tradicionalmente corrompida. Muy lejos
de la luz del día, y de la que podría aportar un debate público en el
parlamento.
En síntesis, simplificadamente, el encriptado NCM
es como una maciza guía telefónica, respecto la cual la autoridad decide que
números están exentos de pagar; que otros números pagarán la tarifa normal; que
otro conjunto de números lo hará con recargos, mientras que otros recibirán un
dinero en premio. Sin saberse en forma pública y transparente, a quienes
corresponden esos números que determinan esas obligaciones o beneficios.
Como consecuencia de la diferencia de retenciones
que tienen a su favor los derivados del girasol, respecto las retenciones sobre
el grano, y la existencia adicional de reintegros impositivos a favor de la
industria, determinados a través del encriptado NCM. Sucediendo algo muy
parecido con el complejo de la soja. El diferencial existente proveniente de
retenciones y/o reintegros, a favor del aceite de girasol refinado y envasado,
que es el producto del grupo Urquía fue acompañado de los otros subproductos
del girasol, como aceite crudo, aceite refinado a granel, y tortas, harinas,
pellest, y expellers, proveniente del crushing del grano. Este diferencial que
arrancó a fines de los ´80 con el 15%, tuvo sus altibajos con los sucesivos
gobiernos para estabilizarse luego de la implementación de la 125 en un 12%;
cuando Macri saca las retenciones bajas a cero. Esto duró un año, dado que
gracias al lobby de CIARA CEC, el diferencial del aceite envasado subió a un 3
%, por efecto de los reintegros que dispuso el gobierno de Macri a fines del
2017. Este diferencial duró hasta agosto del 2018, hasta que por efecto de la
crisis financiera y exigencias del FMI, el reintegro al aceite envasado bajó a
0,75 %. Pero seguidamente en septiembre, con la implantación de las nuevas
retenciones de 3 y 4 pesos por dólar con un tope del 12 %, el diferencial subió
a 3,5 %.
Así y todo las tensiones entre Urquía y Macri se
intensificaron, ya que con diversas reglamentaciones se puso en jaque a la
industria aceitera del girasol y maní. En ese marco de agudo conflicto entre el
grupo Urquía y CIARA CER con el gobierno, se produjo el resonante triunfo
electoral del Frente de Todos en las PASO de agosto, que cambió enteramente el
panorama político. Y así el flamante presidente pasó a ser otro personaje que
intervino decisivamente en el mismo.
Bajo la excusa de indexar las retenciones que
habían quedado desactualizadas con los montos fijos determinados por Macri; lo
que realmente se hizo a través de un anexo de la ley de agregado de nuevos
productos beneficiados fuera de las retenciones móviles que benefician al grupo
Urquía.
Otra evidencia que no se trataba de la indexación
del decreto de Macri, sino de un cambio de política arancelaria, que
inexplicablemente el flamante gobierno con ánimo culpable trato de ocultar, al
haber beneficiado con ella al grupo Urquia, lo da la creación por parte del
presidente Fernández, de la categoría con retenciones del 9 %. La que contiene
un lista-do de 595 productos, de los cuales 70 de ellos no estaban en el
listado de las retenciones de 3 pesos por dólar. En el cual aparece el maní
confitería, y el aceite refinado mezcla o tratado químicamente a granel, acorde
con los intereses del grupo Urquía y CIARA CEC.
Tras el triunfo en las PASO, el presidente
Fernández en una de sus visitas a Córdoba, llegó hasta la localidad de General
Deheza, donde impera el clan Urquía. Y se entrevistó allí con el ex senador
Roberto Urquía y cabeza del grupo, tal como se puede apreciar en la siguiente
foto.
FOTO REUNION EN DEHEZA
Con motivo de ella la prensa salió a decir que
Urquía fue el primer empresario en apoyar al candidato Fernández, y lo mismo
hizo poco después su cuñado Miguel Acevedo, presiden-te de la UIA. Quien de
repente empezó a criticar al gobierno de Macri, cosa que se había cuidado de
hacerlo previamente. No obstante, según la Cámara Electoral Nacional, eso no se
tradujo en aportes económicos inmediatos. Estos recién aparecieron, en plena
veda electoral, en vísperas de las elecciones presidenciales del 27 de octubre,
tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.
FOTO APORTES
En él se puede apreciar que las cuatro empresas
que encabezan los aportes privados para el Frente de Todos, están vinculadas
con el grupo Urquía. Pudiéndose observar que sincronizadamente el 25 de
octubre, Grancor y Acha hicieron un primer aporte para la campaña electoral, de
tres y nueve millones de pesos, respectivamente, Y luego diez días después, ya
consagrado Alberto Fernández como presidente de la Nación, el 4 de noviembre
sincronizadamente, Grancor, Niza, y AGD, hicieron cada una un aporte de nueve
millones de pesos, totalizando de esa manera 39 millones de esa moneda,
destinados a una campaña electoral que ya había finalizado.
O sea que no fue una apuesta a un candidato, que
en todo caso por resultar acertada merecería algún premio. Sino de un pago a
posteriori, ya definido enteramente el panorama futuro. Que por esa razón
resulta más que sospechoso, teniendo en cuenta además la importancia de esos
aportes, que se puede apreciar en el siguiente cuadro
FOTO EVOLUCION APORTES
En el que se destacan notablemente, los dos picos
de recaudación que originaron esos aportes del grupo Urquía, el 25 de octubre y
4 de noviembre. Que representan el 26 % del total recaudado por el Frente de
Todos, cuyo monto trepó de esa manera a 151 millones de pesos. Superando los
139 millones de pesos recaudados por Juntos por el Cambio, el frente
supuestamente pro empresario. A lo que se suma el hecho de que ninguna de esas
firmas del grupo Urquia, aportó para Juntos por el Cambio.
Esta complicidad con el grupo Urquía y CIARA CEC
por parte del flamante gobierno, se observa también en relación con el
congelamiento de las retenciones con la interposición de las DJVE
(Declaraciones Juradas de Venta al Exterior).
Lo que produce, igual que con la 125, que el
aumento de las retenciones no vaya a parar al fisco, sino a manos de quienes
las interpusieron. Como sucedió el año pasado, cuando el gobierno de Macri por
exigencia del FMI, volvió a implantar las retenciones generalizada-mente, que
antes solo existían para la soja y el cuero.
En los dos días previos a la imposición de esas
nuevas retenciones, se interpusieron DJVE por 8,52 millones de toneladas de
granos o sus derivados. Luciendo en el primer lugar del ranking en cuanto las
retenciones eludidas de esa manera, el grupo Urquía con AGD, por un monto de 1.827
millones de pesos.
La cuestión ahora es muchísimo más grave, porque
tras las PASO que abrió paso a la llegada del Frente de Todos al gobierno, ante
la presunción de que aumentaría las retenciones, las DJVE presentadas y
aprobadas, con fecha de embarque posterior al 10 de diciembre, trepan hasta el
18 de diciembre pasado a 49 millones de toneladas. O sea, la mitad de la
cosecha exportable. Distinguiéndose entre ellas las DJVE del grupo Urquía, que
con AGD y su asociada Bunge, trepan entre ambas a 8,5 millones de toneladas.
Conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro, confeccionado con las firmas
que superaron el medio millón de toneladas
FOTO EXPORTACIONES
Se estima que el aumento de las retenciones por
parte del flamante gobierno, podría depararle al fisco una suma del orden de
los 1.800 millones de dólares. Pero con la mitad de la cosecha con las
retenciones congeladas a los niveles previos y en pesos, y las retenciones ya
abonadas por las exportaciones de la soja y sus derivados, se puede estimar
groso modo que esa cifra no llegará al 50 %. El otro 50 %, se quedará en el
camino, en mano de los integrantes de CIARA CER. Quienes les descontarán a los
productores las nuevas retenciones, y harán sus liquidaciones al fisco con las
viejas retenciones fijadas con las DJVE, tal como sucedió con la 125.
A las retenciones, se autoriza al Gobierno a
aumentarlas aún más dentro de ciertos márgenes. Pero nada se dice en nombre de
la solidaridad, de afectar los derechos supuesta-mente adquiridos con la
presentación de unas simples DJVE. Que provocarán una enorme transferencia de
riquezas desde los productores agrícolas, no hacia el fisco, sino hacía el
grupo Urquía y demás integrantes de CIARA CEC.
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