El
Pre-Acuerdo con el Reino Unido promovido por la Canciller Malcorra tiene la
misma matriz que el de “Madrid” de 1989/90 firmado por Cavallo. Éste se fundó
en levantar las sanciones comerciales de Europa, y el presente, aspira a
mejorar las deterioradas relaciones de Argentina con el mundo de los negocios.
En ambos casos parece primar “el fin justifica los medios” e ignoran, no
sólo los aspectos legales claramente marcados en las Resoluciones 31/49;
2065/65; 41/11; 3171/73; 3175/73 y 3336/74 de las Naciones Unidas; la
Constitución Nacional y de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar y las leyes nacionales 17.319, 23.775; 26.659 y 26.915; sino, que desprecian los derechos soberanos argentinos sobre sus
espacios territoriales, los derechos sobre sus recursos naturales, los efectos
económicos sobre los trabajadores argentinos que viven de la explotación
pesquera y, muy especialmente, los esfuerzos de los combatientes de Malvinas,
sus muertos y heridos.
Las urgencias económicas, los avances y el
mejoramiento de la relación entre los países no pueden hacerse violando leyes y
sentimientos incorporados al ser nacional.
La cuestión,
no pasa por reiterar la cesión de soberanía o de los recursos naturales del
atlántico argentino; tampoco, desalentar aspectos relativos a las
comunicaciones, transporte, educación o sanidad; sino, desandar el citado
Acuerdo de Madrid y su “fórmula del paraguas” y dialogar sobre fórmulas
creativas que están disponibles, sin que debamos caer nuevamente en la
enajenación de nuestro territorio marítimo e insular.
Dr. César Augusto Lerena
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