de
la derrota electoral de octubre
A medida
que se aproximan las fechas, los problemas del gobierno se multiplican y
Cristina pierde autoridad y capacidad de manejo en un escenario complejo y
virtualmente sin salida. Hace unas horas, los gobernadores, después de muchos
intercambios de ideas -algunas de ellas mantenidas en riguroso secreto-
resolvieron solicitarle a la Presidente la renuncia de su jefe de Gabinete,
Juan Manuel Abal Medina, convertido en un drogadicto que evidencia los efectos
de la droga mientras ejerce (o intenta ejercer) sus funciones. Para trasmitir
el mensaje eligieron al gobernador de San Juan, Gioja, uno de los más cercanos
a la Casa Rosada. El hecho configura una verdadera rebelión o al menos los
primeros pasos de un comportamiento futuro, cuando llegue el momento de reponer
fuerzas luego de la derrota electoral que ocurrirá en octubre próximo. Como
están las cosas, existen señales que conocen los lectores de esta Hoja,
indicativas de que incluso habrá corte de boleta y que en varios casos surgirá
una independencia -expresa- de lo que suceda en el orden nacional. No es para
menos. Según las últimas encuestas, esos cómputos arrojarán una diferencia
sideral respecto de lo que puede sindicarse como el peronismo opositor,
liderado por Sergio Massa, intendente del Tigre. Según los cálculos más serios,
el Frente para la Victoria podrá caer derrotado por un porcentaje inferior al
20 por ciento, y si esto es así, cabe la pregunta de fondo: ¿Cristina podrá
gobernar con ese escaso o casi nulo respaldo, con una oposición activa y
enojada? Lo cierto es que al país le aguardan momentos muy serios y que la
respuesta más sensata es que Cristina deberá revisar muy seriamente su
situación y aceptar que la demorada opinión de los gobernadores deberá ser
escuchada. Para ser más precisos, ya podemos reiterar que el alejamiento de la
Presidente es algo inevitable y que, como lo dijimos hace poco, hasta puede
pensarse en una renuncia anticipada que modificaría totalmente el escenario.
Más aún, la idea está instalada en la sociedad y cuando esto sucede, el final
está próximo cualquiera sea el porcentaje electoral obtenido. Como Cristina es
porfiada y necesita cubrirse para sortear los embates de la justicia, se
aferrará al poder con uñas, dientes y manos, actitud que promete producir
serias movidas y consejos para que ejerza un comportamiento de grandeza aunque
se duda, y con razón, que eso suceda.
El
gobierno, a pocas semanas de las elecciones, hace agua por los cuatro costados.
Los precios de la producción agropecuaria ya no alcanzan para afrontar los
costos, lo que acelera el mal humor que se extiende en el sector junto con
otras reacciones como, por ejemplo, la que no se oculta en los ámbitos urbanos
donde repercute esta situación agravada por el incremento fiscal como sucede en
Buenos Aires con el inmobiliario. El peso negativo lo sufrirá Scioli en las
urnas. Mientras tanto, crece el malestar con Guillermo Moreno abiertamente
enfrentado con distintos grupos del poder kirchnerista y otros representativos
del empresariado que ya no soporta el cepo cambiario, la prepotencia o la
necesidad de despedir a operarios ante el freno impuesto a la importación de
determinados productos indispensables para la industria que, en consecuencia,
debe suspender actividades, que deriva en desocupación. Sorda a los reclamos y
con una visión distorsionada del conjunto de los problemas del país, Cristina
sigue atada a su curiosa ideología contenida en un modelo que nunca se
entendió. Como complemento de este deterioro, el lanzamiento de la idea de
Insaurralde de bajar la edad para la imputabilidad a menores que cometen
delitos provocó en los bloques legislativos del oficialismo críticas severas
contra su propio candidato bonaerense. Claramente, esto nos habla de un
debilitamiento de la campaña, de las contradicciones que afloran y de la
ineptitud para construir una propuesta seria al grave problema de la
inseguridad. Posiblemente, este asunto es uno de los más representativos del
deterioro del cristinismo y el nacimiento de profundas tensiones internas que,
en este caso, expresan los preparativos de la izquierda que siempre alimentó al
kirchnerismo, para construir un proyecto diferenciador que aproveche la crisis
social que se incuba gracias al propio gobierno.
Al
respecto y sumado al delito que crece, apareció un problema paralelo y que se
refiere al intercambio de misiones que se desea introducir entre las Fuerzas
Armadas y las de Seguridad. La expresiva fotografía de decenas y decenas de
gendarmes traídos de lejanas zonas fronterizas para que patrullen el conurbano
cuyas características, peligros y ubicaciones geográficas desconocen, pone en
evidencia que no existe una planificación seria en esta materia que la
inquietud ciudadana puso como un tema esencial de las propuestas electorales.
Sin comida y sin techo para instalarse, también hay un serio malestar en esta
fuerza militarizada. El resultado de las primeras experiencias iniciadas meses
atrás generó roces entre policías y gendarmes por la disparidad de estilos y,
sobre todo, por el conocimiento de los primeros sobre los segundos, del
comportamiento del delincuente y del tramado de las organizaciones delictuales
que sólo puede encararse en base a la información previa y una sostenida
inteligencia alimentada con años de trabajo. Hasta ahora, las diferencias
pudieron zanjarse gracias a la buena voluntad de los jefes de unos y otros,
aunque lo más grave es que las autoridades políticas no se percatan de las
intimidades de esta situación.
Mientras
tanto, el delito crece sin parar y se aproxima a una verdadera crisis de
contralor social o, si se prefiere, de la capacidad del Estado para defender a
los ciudadanos. La conducción política cree que mediante la saturación de
gendarmes en las zonas más conflictivas, se amedrentará a los delincuentes y
permitirá disfrazar la realidad pero lo más destacable es que se considera que
sólo por presencia se lograrán resultados… especialmente electorales. La
improvisación fue el signo de esta movida, que tiene como contrapartida el
envío de fuerzas militares a las fronteras. La sola mención de la idea provocó
rispideces y podríamos decir que hasta resistencias y aprecio que no se exagerará
si hacemos una referencia a una división ente los altos mandos y los
subalternos. En primer lugar, estos últimos sostienen que deberán actuar en
lugares que desconocen -al igual que los gendarmes en las ciudades- y que la
operación generará riesgos que llegarán a poner en tela de juicio su capacidad
profesional. Lo más importante de esta resistencia o indisimulable malestar es
que los militares no ignoran que la ley no los ampara pues, expresamente, la
legislación les prohíbe que actúen en el ámbito interno. Así lo hicieron saber
cuando se ordenó instalar la 3° Brigada del Ejército en la ciudad de
Resistencia, desde donde se dirigirían las operaciones en fronteras porosas por
las que van y vienen narcotraficantes armados. Las críticas alcanzan al mismo jefe
del Ejército, general Milani, quien en los hechos tiene restringida su
capacidad de mando, sobre todo si se concreta estos días su procesamiento por
las razones que son conocidas. ¿Que sucedería -se interrogan los disconformes-
si una patrulla se enfrenta con contrabandistas o narcotraficantes y se
producen bajas? Nuestra situación, se contestan, es de ilegalidad y lógicamente
podrán producir consecuencias a quienes actuaron bajo órdenes que deben
cumplir. Las reflexiones en torno de este asunto tan importante se amplían con
la exigencia de un Código de Justicia Militar acorde con la o las misiones a
cumplir y una Central de Inteligencia que requiere de muchos componentes para
montarse. Lo más curioso es que en medio de estos dimes y diretes, improvisaciones
que multiplican las contradicciones y suspicacias, hay un rumor en todas las
Fuerzas de que la provisión de municiones será restringida…
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