Por Javier Cornejo
Artículo publicado en el diario El Tribuno el 18/8/14
Artículo publicado en el diario El Tribuno el 18/8/14
Cuando el conjunto de ciudadanos
de un país, es afectado por las acciones de grupos empresarios que intentan
esquilmarlo valiéndose de la fuerza de
los oligopolios financieros de los que forman parte, recibe en el lenguaje cotidiano
una muy variada terminología acusatoria.
Pero, cuando quien los asfixia es el Gobierno del país, provocando la quiebra de todo el sistema de
los factores de producción; y si además
este gobierno comunica, en un intento de
salvar su intrínseca responsabilidad, a través de un pre-fabricado “relato” que
los “malos” son los “codiciosos y avarientos” empresarios; audaces que se
animaron a arriesgar sus bienes, proyectos y hasta sus vidas en pos de la
ampliación de oportunidades laborales y productivas en la región que se
encuentran; indudablemente hay algo que está muy mal.
Ya es preciso denominarlo como
Terrorismo Administrativo.
Cuando quien debe proteger a los
ciudadanos se desliga absolutamente de tal responsabilidad, y las personas que
fueron elegidas y designadas para una tarea específica de salvaguarda nacional,
se convierten en groseros ladrones instaurando como ejemplo la más descarada
corrupción; la cosa ya es peor.
LEY DE ABASTECIMIENTO
Hoy en la sin-razón gubernamental
pretenden volver a ejecutar la intentona de Moreno del 2008: aplicar la
denomina Ley de Abastecimiento.
Ley a la que pretenden aggiornar en un sin-sentido cuyo efecto seguro será una
agudización en progresión geométrica de la estanflación en la que ya
ingresamos.
Es preciso no olvidar que esta
llamada Ley de Abastecimiento fue dictada en un momento en el que nuestro país
atravesaba una particular situación en el año 1974. Un escenario de terrorismo
bélico y económico.
Tal norma fue redactada por el
Dr. Julio González –Secretario Técnico de la Presidencia- y quien fuera el encargado de su aplicación, el Secretario de Comercio de esos años don
Miguel Revestido. Ley que junto a la N: 20.840
(de subversión económica que castigaba los vaciamientos bancarios)
formaban parte de un plexo jurídico de un concreto programa económico del
gobierno del General Juan Domingo Perón.
Hoy las cosas son totalmente distintas.
Hoy su re-edición en un país
desguazado, arrasado por esta década atroz, significa un Acto Terrorista
Administrativo sin parangón que aniquilará la intención productiva de lo poco
que ya queda de nuestro vapuleado empresariado nacional.
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