En la Argentina hay 35
ríos, arroyos y lagos apropiados por terratenientes
Son
empresarios locales y extranjeros que se adueñaron de recursos hídricos que
deberían ser accesibles para todos los habitantes. Incumplen la ley y, muchas
veces, recurren a la violencia. Los negocios privados y el caso de Corrientes.
Un
empresario inglés alambra un lago en Río Negro, un millonario italiano cierra
una ruta provincial y aísla a un pueblo en Chubut. Un magnate de medios
estadounidense pone una tranquera e impide el paso al río Traful, en Neuquén. Y
en San Martín de los Andes, el custodio privado de un complejo de cabañas mata
de un balazo a un joven por estar pescando con un amigo a orillas del río
Quilquihue.
Son
apenas algunos ejemplos de los innumerables casos de apropiación ilegal de
recursos hídricos por parte de empresarios argentinos y extranjeros que violan
leyes provinciales y nacionales, y pasan a ser « okupas » de escenarios
naturales que deberían estar abiertos al público. Así lo pudo comprobar Tiempo
Argentino tras un relevamiento en todo el país, que permitió detectar en ocho
provincias 35 casos en los que ríos, lagos, arroyos, costas y lagunas dejan de
ser de todos para ser de algunos pocos, que no prescinden de recurrir a la
violencia para obtener y conservar sus privilegios.
El
artículo Nº 2.340 del Código Civil incluye a los mencionados recursos como «
bienes públicos », es decir, que pertenecen a los habitantes en general, lo que
significa que no está permitido que sean comprados, vendidos, ni transferidos.
Sin embargo, lo que viene sucediendo es justo lo contrario. También el artículo
2.639 del mismo código sufre constantes incumplimientos. Esa cláusula indica
que « los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la
comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de
treinta y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna
indemnización ». Es otra norma que pocos terratenientes respetan.
En
Córdoba, por ejemplo, sólo en 2009 la Dirección Provincial de Agua y
Saneamiento retiró 500 alambrados en las sierras chicas que impedían el libre
tránsito. En localidades serranas como Huerta Grande, Villa Giardino o La
Cumbre es frecuente ver espejos de agua dentro de propiedades y hasta muros con
candados que impiden el paso peatonal. En 2004, el gobierno cordobés colocó
mojones en siete lagos que delimitaron por primera vez lo público de lo
privado, pero ese plan se frenó en 2007.
En la
Patagonia la situación es aun más crítica. Es la región donde existen más casos
de grandes propietarios, la mayoría de ellos extranjeros, copando espacios
públicos. Uno de los más emblemáticos es el del inglés Joe Lewis. En 2011, la
justicia rionegrina le ordenó abrir el camino público que atraviesa su mansión
y llega hasta el Lago Escondido. Lewis nunca acató el pedido.
Por su
parte, el magnate textil Luciano Benetton se apropió de 15 kilómetros de la
ruta provincial Nº 4, prohibiendo el acceso al río Chubut y dejando al pueblo
de El Maitén con una salida menos.
Otro
tanto ocurre en Neuquén con la estancia La Primavera. Allí, hace doce años que
Ted Turner, dueño de la cadena CNN, mantiene a los pobladores cautivos en sus
propios campos. Uno de ellos es Miguel Lagos, que para salir de sus tierras
debía pedir permiso y sortear tranqueras con candados y hasta un puente
enrejado. Hoy, Lagos vive en Villa La Angostura. « Me tuve que ir porque me
hacían la vida imposible, pero todavía siguen viviendo familias que para salir
tienen que hacerlo de a pie y esquivando una zanja de dos metros de profundidad
que bordea el terreno », explicó Lagos a Tiempo. También agregó que «
encadenaron el acceso a los ríos Minero y Traful y nadie puede acceder, y al
que lo intenta lo corren a los tiros ».
En Santa
Cruz los poderosos también parecen tener más peso que la propia ley. Apellidos
como Pérez Companc, Benetton, Menéndez Bethy y Braun Menéndez figuran entre los
poseedores de grandes estancias que vedan el acceso público a espejos de agua
como el lago Strobel, los ríos Penitentes y Gallegos, y las lagunas Chica,
Larga y Cóndor.
Oscar
Nieddu, ex presidente del Club de Pesca y Tiro Fontinalis, de Río Turbio,
relató que « prácticamente ya no se puede pescar en ningún lado de la provincia
porque los que dicen quién pasa y quién no son los guardias privados ». Tener
el carné habilitante al día ya no alcanza. « Hay muchos lugares que son
públicos, pero como hay cotos de caza y pesca privados, tenés que pagar para
entrar –sostuvo Nieddu–. Y en otros, directamente no pasás ya que sólo está
permitida la entrada a turistas extranjeros a los que le cobran hasta dos mil
dólares por día ».
En igual
sentido se expresó Ángel González, titular de la Asociación Ríos Libres,
entidad que brega por el derecho a acceder sin restricciones a las costas de
los cursos de agua. A su hijo de 30 años, Cristian González, lo mataron de un
balazo en el cuello el 30 de agosto de 2006, mientras pescaba con un amigo en
el río neuquino Quilquihue, cerca del lago Lolog. Le disparó Horacio Calderón,
custodio de un complejo de cabañas, que fue condenado a 13 años y medio de
prisión. Gaspar Schroh, dueño de la cabaña que facilitó el arma, recibió dos
años y medio en suspenso. Hoy está en libertad.
En
diálogo con este diario, Ángel González describió la gravedad de una
problemática que se repite en varios puntos de la Patagonia. « Los privados no sólo
se adueñan de los lagos y los ríos sino que también de la vida de nuestro hijo
por defender su negocio. La mayoría trabajan con turismo internacional y le
ofrecen el servicio completo de pesca, caza o recreación. El cabañero no dejaba
que la gente acampe ni pesque para garantizarles exclusividad a sus clientes »,
afirmó González.
Pero no
sólo en el sur estas apropiaciones son moneda corriente. También es muy
frecuente en la zona del delta del Paraná, donde se asienta uno de los
humedales más importantes del planeta. Allí, la modalidad es diferente pero los
casos también se cuentan de a decenas.
El arroyo
La Cruz, entre la localidad entrerriana de Victoria y la santafesina de
Rosario, fue cerrado por un empresario ganadero, cortando por la mitad un enorme
sistema de humedales con un endicamiento de dos metros de altura. Cerca de
allí, otro productor agropecuario clausuró un arroyo navegable para poder
llegar hasta su casa en 4×4.
Elba
Stancich, coordinadora del Taller Ecologista Rosario, aseguró que « se construyen
terraplenes removiendo el suelo para la construcción de un canal y a través de
un sistema de bombas se regula el agua. Esto significa cerrar arroyos, tapar
lagunas y cerrar el paso a la gente que estaba acostumbrada a ir a pescar a
lugares de costa que hoy están interrumpidos ».
En el sur
de Entre Ríos la historia se replica. Allí, Pedro Pou, ex presidente del Banco
Central durante el menemismo, levantó un megaterraplén del mismo largo que la
autopista Buenos Aires-La Plata, para evitar que las crecidas del río
Gualeguaychú y Paraná inunden sus propiedades. Otro tanto sucede en Corrientes,
provincia paradigmática en cuanto a la privatización del capital acuífero (ver
aparte).
La
treintena de casos que Tiempo pudo contabilizar en el mapa argentino dan cuenta
del accionar de empresarios nacionales y extranjeros que se adueñan de recursos
naturales públicos para garantizar sus negocios. Sin dudas, hay muchos más. Y
esto sucede a cuatro meses de la reglamentación de la Ley de Tierras,
que busca poner fin a este tipo de especulación de los privados y a la
complicidad de los estados municipales y provinciales.
El caso
del vice de Clarín
Mucho se
habla de las millones de hectáreas que están en manos extranjeras, pero poco se
dice de la batalla silenciosa que se está librando por el acceso a un recurso
vital y cada vez más escaso como es el agua.
La
provincia de Corrientes es emblemática en este sentido. Desde hace dos años, el
magnate húngaro George Soros viene regando 4200 hectáreas de cultivos de arroz
con aguas del río Paraná, aprovechando permisos precarios hechos a la medida de
sus intereses.
En los
Esteros del Iberá hace 25 años desembarcó la millonaria francesa Madame Beaux,
que en 2010 construyó una represa para regar 1000 hectáreas de arroz, pero nunca
presentó el estudio de impacto ambiental correspondiente. Por el uso de las
aguas públicas, Beaux pagó menos de seis pesos por cada hectárea sembrada.
Cerca de
allí, el norteamericano Douglas Tompkins tiene más de 200 mil hectáreas. Y si
bien Tompkins asegura que no tiene interés en hacer uso comercial de la zona,
hay quienes alertan acerca de la ubicación estratégica de sus campos : están
sobre el acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más codiciadas del
mundo.
En 2010,
Tiempo Argentino reveló que, también en suelo correntino, José Antonio Aranda,
vicepresidente del Grupo Clarín, planeaba adueñarse del arroyo Ayuí para
construir una represa en sociedad con Soros. Una vez más, el objetivo era
usufructuar un recurso público para garantizar un negocio privado. El proyecto,
que pretende inundar 8000 hectáreas y eliminar 130 kilómetros de bosques en
galería, ya fue desautorizado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación
y frenado por la Corte Suprema de Justicia.
Recursos
hídricos
QUÉ DICE
LA LEY
Según
indica el artículo 2.340 del Código Civil argentino, están comprendidos entre
los bienes públicos « los ríos, sus cauces, y toda otra agua que tenga o
adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés genera », como « los lagos
navegables y sus lechos ».
About Lic. Carlos A. Pereyra Mele
Licenciado
en Ciencia Política , Analista Político, especialista en Geopolítica
Suramericana, Prof. invitado Cátedra Libre del Pensamiento Nacional Unv. de la
Patagonia; CEES, y CIVIS.
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