ACUERDOS SECRETOS CON
LOS HOLDOUTS
Por Héctor GIULIANO (28.2.2016)
Las negociaciones por
la cuestión de los Holdouts en Nueva York se aceleran, las versiones
periodísticas parciales proliferan y se considera
que habría inminentes novedades al respecto pero todavía no se cuenta con
informaciones oficiales concretas, cifras
desagregadas de los puntos que están en discusión ni datos o
antecedentes sobre los mismos.
Sí se sabe, en cambio,
que la administración Macri – en el marco de su política de gobernar con deuda - está desesperada por arreglar el asunto, que
el costo financiero de tal arreglo va a ser altísimo y que, con ello, el
gobierno sólo aspira a concretar su objetivo fundamental y expreso de volver al
mercado internacional de capitales, esto es, a tomar nueva deuda externa en
gran escala.
Con ello, a la masa
impagable de deuda pública heredada de la gestión Kirchner – más de 300.000 MD
(Millones de Dólares) - se sumará la emisión de nuevos bonos para pagar los juicios y reclamos de los
holdouts con toma de más deuda (por 15-20.000 MD); y a esto se le agregará después
la nueva gran ola de endeudamiento externo del Estado para financiar obras
públicas y de infraestructura cuya magnitud todavía no se conoce pero ya está
en curso como armado financiero de la Deuda Nueva.
Una pieza clave dentro
de estas negociaciones con los holdouts – llevadas a través del mediador
Pollack - es el punto ofrecido por el gobierno Macri y puesto como condición del
juez Griesa de que el Congreso Argentino derogue las leyes cerrojo 26.017 y
26.984 de pago soberano (que creó además una comisión investigadora de la Deuda
Externa Argentina) como requisito de la propuesta, que está abierta hasta el
29.2.
Esta instancia de
tratamiento parlamentario constituye un arma de doble filo porque si el
Congreso – como parece seguro – aprueba el arreglo con los holdouts no sólo
allanaría el camino a la citada nueva política de macro-endeudamiento Macri
sino que, a la vez, tal aprobación sería usada para tratar de hacer callar para
siempre las críticas sobre ilegitimidad, insolvencia y responsabilidades por
los delitos e irregularidades del sistema de la Deuda.
Para que el gobierno
logre ese objetivo existe la variante que el Ejecutivo no pida al Congreso una
aprobación directa del acuerdo – todavía secreto – con los holdouts sino sólo
la derogación de las dos leyes que lo obstaculizarían; de modo que el
Parlamento le daría así un aval implícito o cuasi-formal al arreglo convenido
con los holdouts.
Ello podría ser así porque
la contracción de más deuda por parte del Estado ya está autorizada por la Ley
27.198 de Presupuesto 2016 - que dejó aprobado el kirchnerismo – y que autoriza
pagar la totalidad de los vencimientos de capital que se producen durante el
ejercicio (68.000 MD) con más endeudamiento público y tomar deuda adicional por
mayor importe (91.400 MD), de donde surge una previsión de aumento de la deuda
de 23.400 MD en el año.
Esto quiere decir que
el Ejecutivo puede desdoblar el requerimiento al Congreso separando la
derogación de las dos leyes (que hoy no se aplican porque la 26.017 está
suspendida y la 26.984 quedó inoperante) del pedido de autorización de la nueva
deuda para pagarles a los holdouts dado que esto último ya lo tiene acordado
por la Ley de Presupuesto 2016 y la continuidad de sus facultades especiales
conexas.
Deviene así
indispensable que, en función de la defensa de los intereses financieros del
Estado frente a la nueva toma de deuda externa en gran escala y sin
demostración alguna de capacidad de repago por parte del gobierno Macri, los
legisladores nacionales estén debidamente advertidos de la naturaleza y
gravedad del problema que va a ser sometido a su aprobación, de la magnitud de
las cifras y compromisos en juego y de la seria responsabilidad que les cabe
ante una maniobra que busca dar por terminada toda discusión parlamentaria de
fondo – todavía pendiente – sobre el problema de la Deuda.
Para evitar un
tratamiento engañoso del tema Deuda Pública a través de la cuestión de los
Holdouts, los legisladores que quieran cumplir a conciencia sus deberes y
responsabilidades constitucionales tienen tres requerimientos concretos - lógicos
y esenciales – a reclamar al gobierno en su condición de tales:
1. Exigir al Poder
Ejecutivo que eleve al Congreso el texto completo de todos los documentos
pactados que forman parte del arreglo con los holdouts, acompañando los
antecedentes del caso y con sus debidas traducciones al castellano.
Esto incluye los
sub-acuerdos o acuerdos parciales ya firmados, como el caso de los bonistas
italianos, los fondos Dart Management y Montreux Partners, así como con el
fondo Brecher y otros acreedores.
2. Requerir – como
parte específica básica del punto anterior – un listado completo, acreedor por
acreedor, de los bonos incluidos en la negociación, con la identificación
detallada de los títulos involucrados en el arreglo, su importe a valor nominal
(capital, intereses y total) y sumas comparadas - en valor absoluto - contra el
importe final ofrecido por el gobierno argentino; de modo de poder apreciar -
caso por caso - cuál es la diferencia cuantitativa resultante.
En el caso de los
valores nominales, los mismos corresponderían a lo que figura en el Informe de
Deuda Pública del Ministerio de Economía (MECON) como "valor nominal actualizado en
circulación" (producto de valor residual por coeficiente de
capitalización).
Estas informaciones y
datos deben abarcar el detalle de todos los tenedores de bonos holdouts - con o
sin juicio y con o sin sentencia - y no solamente los que tienen acciones
legales contra la argentina; de modo de estar seguros que se trata de los
totales generales (aunque en algunos casos pueda tratarse de cifras
estimadas).
Además, totales
aproximados a pagar por conceptos de capital, intereses y monto, honorarios,
asesoramiento, gastos y demás ítems; para tener idea de los importes que están
en juego por estos rubros y la forma en que se los piensa pagar.
3. Condicionar el
tratamiento del o de los arreglos firmados con los holdouts al análisis y
confección de un Informe Especial de la Auditoría General de la Nación (AGN) al
respecto - no vinculante – conteniendo al final todas las observaciones,
comentarios y recomendaciones del caso para que los legisladores puedan estar
en condiciones de entender tales acuerdos y decidir su voto en
consecuencia.
Este último punto debe
incluir además una evaluación específica de la capacidad de pago proyectada por
el gobierno para poder demostrar que el Estado Argentino pueda cumplir en
tiempo y forma los nuevos compromisos de deuda firmados por la administración
Macri ad referéndum del Congreso.
La forma de tratamiento
de la cuestión de los Holdouts, la transparencia y claridad de las
informaciones de apoyo del arreglo y la decisión final del Congreso sobre el
asunto van a constituir una demostración del grado de capacidad, honestidad y
coraje de la clase política argentina con representación parlamentaria en
relación al problema de la Deuda.
