Por Héctor GIULIANO
(25.7.2014).[1]
La Argentina se
encuentra nuevamente en estado de default porque no tiene solvencia ni liquidez
para afrontar las obligaciones de su Deuda Pública; empero, tanto el gobierno Kirchner
como el Partido de la Deuda niegan coincidentemente esta realidad:
-
El gobierno, porque falta
a la verdad cuando dice que la Argentina se ha venido “des-endeudando” mientras
el stock de la deuda viene creciendo a un ritmo de 15.000 Millones de Dólares (MD)
por año, porque miente cuando dice que el país tiene solvencia y liquidez
mientras tiene déficit fiscal creciente y carece de reservas netas para
sostener los pagos externos e internos de la deuda, y porque trata de ocultar
que el fallo Griesa no es la causa sino sólo el detonante o disparador de una
situación de default (incumplimiento) que ya existe y que se enmascara
aguantando sistemáticamente la cancelación de los servicios de la deuda con más
endeudamiento.
-
Y el establishment
financiero también niega esta realidad de la nueva Crisis de Deuda que vivimos al
restarle importancia y dramatismo a los efectos del fallo Griesa, al minimizar
la verdadera gravedad de la situación a la vez que atemoriza a la opinión
pública sobre las consecuencias de un default mientras propone – una vez más y
como siempre – su “receta salvadora”: aceptar cualquier cosa para volver al
mercado internacional de capitales a tomar más deuda.
En uno u otro caso,
el resultado es el mismo: el cumplimiento de la Hoja de Ruta Boudou, que está
en curso: 1. Terminar sí o sí con el problema de los Holdouts y 2. Arreglar la
Deuda con el Club de París, para 3. Volver al Mercado de Capitales para colocar
nueva Deuda Externa.
LAS CONSECUENCIAS
DEL FALLO.
No existe solución
jurídica ni financiera frente a la sentencia Griesa:
a)
Todas las instancias legales
ante los tribunales estadounidenses se han perdido y la Argentina no puede
desconocer la validez del fallo, que está aceptado y sienta precedente como
caso testigo.
b)
Los efectos financieros de
este fallo son incalculables, tanto por la avalancha cierta de juicios del
resto de los holdouts – más de 20.000 MD – como por la probable aplicación de
la cláusula RUFO (entre 120.000 y 500.000 MD, según las estimaciones).
c)
Aunque se lograre paliar de
alguna manera el problema RUFO (cosa casi imposible en la práctica) las nuevas
deudas consolidadas de los holdouts sumadas a las obligaciones que se están
contrayendo en firme – laudos del CIADI (600 MD), Repsol (6.000 MD), Club de
París (9.700 MD), Bonar 2017 (10.000 M$-Millones de Pesos) y resto de
compromisos tomados y a tomar desde el 30.9.2013 hasta fin de 2014 - configuran
ya un perfil de vencimientos insostenible para el Estado.
La variante de negociar el cumplimiento de una sentencia o su forma de
pago no tiene sentido lógico: un fallo judicial se cumple o no se cumple; no
hay nada que “negociar”. Si el país tiene los fondos necesarios para asumir el
nuevo paquete de obligaciones que genera y el pago no lo coloca en peor y más
gravosa situación de la que se encuentra, el fallo se cumple; pero si no se da
esta doble condición, el fallo es de cumplimiento imposible para el Estado y el
gobierno tiene entonces que comunicar al juez que no puede dar cumplimiento a
su sentencia, no vivir solicitando dilaciones (como el caso del stay o medida
cautelar y las diversas formas de diferimiento que se quieren ensayar hasta la
fecha de vencimiento de la cláusula RUFO a fin de este año).
Pero no cumplir el
fallo por razones de fuerza mayor implica Default – que significa incumplimiento
y equivale a suspensión o cesación de pagos – lo que constituiría un blanqueo o
sinceramiento de la realidad y dispararía así un replanteo que lleve a una
nueva re-estructuración de la Deuda.
Porque el Default
no es un punto de llegada sino un punto de partida, es un necesario “barajar y
dar de nuevo” frente a una situación de hecho – un hecho que el gobierno no
quiere reconocer - y es también la oportunidad o el momento pertinente para
replantear los términos de renegociación de la Deuda, una deuda hoy impagable y
sin solución financiera posible (como no sea tomando más deuda, que equivale a prolongar
una “no solución”).
EL PROBLEMA DE LA
CLÁUSULA RUFO.
Existe una
confusión en el encuadramiento de la cuestión de la cláusula RUFO, sigla de
Rights upon future offers (Derechos sobre futuras ofertas), que se confunde con
la cláusula del Acreedor más favorecido (Most Favored Creditors Clause, o MFCC).
Las dos cláusulas
interactúan entre sí y se asocian técnicamente:
a) La cláusula RUFO – según el Prospecto del Megacanje Kirchner-Lavagna
2005 – le daba la alternativa al gobierno argentino de seguir tratando con los
tenedores que no entraran en el canje (los Holdouts) llegando a acuerdos por
separado con ellos.
b) Pero la cláusula MFC obliga al país a equiparar toda mejora que
lograsen estos holdouts extendiéndola también a los bonistas que ingresaron en
el canje.
La cláusula RUFO se
cita como sinónimo de la del Acreedor más favorecido aunque, en rigor, no son
la misma cosa.
De todas maneras,
el sentido complementario de las mismas es lógico: el gobierno Kirchner – como
demostración de Buena Fe – le estaba diciendo a los tenedores de bonos que
entrasen en el Megacanje 2005 ya que si luego concediera ventajas a los que no
ingresaban (los holdouts) les iba a hacer extensivas esas ventajas también a
ellos (como, en realidad, corresponde).
Ahora, en cambio,
ante las consecuencias del fallo Griesa, se da la paradoja que el gobierno está
tratando – abierta y confesadamente – de burlar la aplicación de esa cláusula RUFO,
con el agravante que lo hace mientras invoca la validez del pari passu del 92.4
% de los bonistas que se incorporaron al canje.
Pero esto no le
evitaría seguros dolores de cabeza ni nuevos juicios por reclamos de los
bonistas del Megacanje 2005-2010:
1.
Porque la Argentina, al
patear hoy para el 2015 un pago superior a los holdouts para evitar cumplir con
los bonistas del canje está faltando al espíritu de Buena Fe de la cláusula
RUFO; y no va a faltar un acreedor díscolo o disconforme que le dispare otra
tormenta de juicios por este motivo.
2.
Porque el argumento de que
la RUFO se aplica sólo ante “ofertas voluntarias” del gobierno deviene muy
relativo porque la burla de dicha cláusula se está negociando expresamente, lo
que implica que legalmente se reconoce que correspondería su aplicación.
3.
Porque, en el fondo, el
gobierno sabía que los holdouts que no entrasen en el Megacanje iban a hacer juicios contra la
Argentina por el valor nominal de los títulos en default y que, temprano o
tarde, los iban a ganar, con lo que la probabilidad de mejora de condiciones de
pago a los bonistas resultaría inevitable porque dispararía la cláusula RUFO.
Y este flanco quedó completamente expuesto cuando – iniciados los
juicios en su contra – nuestro país no objetó la legitimidad de las acreencias
de los FB ni la cuestión del precio de compra – en lugar del valor nominal de
los títulos - ni la condición de emergencia económica que se mantiene
formalmente hasta la actualidad, en virtud de la Ley 25.561 y leyes de prórroga
hasta fines de 2015, que parecen haber sido directamente desconocidas por la
justicia norteamericana.
Con esta estrategia de defensa judicial era prácticamente seguro que
los holdouts iban a terminar ganando todos los juicios: se trataba sólo de una
cuestión de tiempo.
Por ello, cualquier
bonista que haya entrado en el canje 2005-2010 podrá reclamar a este respecto;
y tendría el derecho lógico de hacerlo.
De modo que
cualquier arreglo negociado de la Argentina con los Fondos Buitre (FB) y/o con
el Juez Griesa – a través de su mediador Pollack – quedaría inexorablemente
expuesto a que haya reclamos de los bonistas del canje invocando la cláusula
RUFO, con lo que el frente de tormenta legal queda igualmente expuesto.
DEFAULT O MÁS DEUDA.
El gobierno
Kirchner y todo el establishment financiero viven diciendo que la Argentina ha
pagado, que puede pagar y que quiere pagar su Deuda Pública.
Incluso se citan
altas cifras de pago realizadas, aunque las mismas no serían ciertas como
desembolsos netos ni como disminución del stock de la deuda: 174.000 MD en 10
años según la presidenta y 190.000 MD según el Ministerio de Economía (ambos,
sin información desagregada ni aclaratoria alguna).
Lo que nadie dice
es que toda esa deuda – hasta el último centavo por capital e incluso parte de
los intereses (que se capitalizan por anatocismo) – se paga con nueva deuda, es
decir, por novación y/o refinanciación de la que va venciendo.
Y que además se
toma deuda nueva.[2]
Entonces, cuando se
habla de “pagar” lo que se está diciendo, en verdad, es “colocar más deuda”,
porque la Argentina no tiene capacidad de repago y abona sus vencimientos con
nuevas obligaciones, con los mismos o con distintos acreedores, pero no
cancelando tales obligaciones con recursos genuinos sino emitiendo más títulos.[3]
Esto se hace para
mantener al país dentro del Sistema de Deuda Perpetua, en base a la falacia
central del Partido de la Deuda, que dice que no hay problema en tomar deuda
sin capacidad de repago mientras se puedan pagar los intereses y refinanciar el
capital, para poder tomar así más deuda.
Este hecho es
particularmente importante hoy porque los capitales financieros excedentes en
el mundo se están volcando masivamente sobre los llamados Mercados Emergentes
para aprovechar las extraordinarias ganancias por arbitraje entre tipos de
cambio relativamente estables y tasas de interés locales muy superiores a las
internacionales.
Que tal es el
proceso que se vuelve a dar hoy en día en la Argentina con la Hoja de Ruta Boudou
en curso y la nueva ola de endeudamiento en desarrollo.
Sólo una
interrupción de este perverso y no reversible sistema de Deuda Perpetua podría
permitir replantear los términos de una reestructuración de la Deuda:
- La Argentina tiene que blanquear el Default, una situación de impago que ya existe pero que las autoridades – en complicidad con los acreedores y el Partido de la Deuda – trata de enmascarar con más endeudamiento.
- Los pagos de servicios tienen que ser suspendidos y la Deuda en su conjunto – la totalidad de la Deuda (también la Deuda intra-Estado) – debe ser auditada.
- Recién con un dictamen formal sobre la deuda que se determine como legítima - a través de la investigación de las acreencias - y con una estimación confiable de la verdadera capacidad de repago del Estado, debe procederse entonces a una reestructuración de la Deuda – racional, coherente y cumplible - pero que tiene que ser una reestructuración forzosa y no voluntaria.
En este momento,
sin embargo, los tiempos y las noticias – en realidad, las versiones
periodísticas, ya que todas las negociaciones son secretas y no se permite el
acceso a la información oficial desagregada de la deuda – van muy rápido frente
a la cuenta regresiva del vencimiento del plazo de gracia el 30.7, que se muestra
como una fecha traumática pero que no es tal porque la Argentina debiera dejarla
pasar para blanquear el default y reestructurar a partir de allí la totalidad
de su Deuda Pública.
Es improbable, sin
embargo, que el gobierno K lo haga en estos términos, o sea, default con
auditoría de la deuda y reestructuración forzada:
- Por un lado, porque la “guerra de solicitadas”, vía cartas y
comunicados con los Holdouts y con la ATFA, son parte de una escenificación tan
barata e inoperante como sospechosa.
- Por otro lado, está el hecho que el gobierno no apelara al pedido de
reconsideración (rehearing) ante la Corte Suprema Norteamericana a los efectos
de intentar ganar al menos un mes más en la decisión del tribunal, lo que le
hubiera permitido llegar al pago de los intereses de los Bonos Discount del
30.6 sin bloqueo del juez Griesa.
- Y por último, está la controversia - tan estéril como gravosa - a
través del mediador Pollack, designado por el juez Griesa para tratar de
resolver el entuerto generado por su fallo, sobre la forma de pago de los 1.600
MD de la sentencia.
Amén que, como
agravante, el gobierno insiste en negar el fracaso del Megacanje
Kirchner-Lavagna del 2005-2010 – al que todavía califica como exitoso
(presidenta Cristina Kirchner) o más aún, como dice el Jefe de Gabinete
Capitanich: “el canje más exitoso de la historia de la Humanidad” – tratando
así de achacar a los FB y/o al juez Griesa la posible caída de esa
reestructuración fallida.
Son todos indicios
de la grave, desprolija y concesiva forma de manejo de la actual Crisis de
Deuda.
Se habla incluso de
un default parcial, selectivo y/o transitorio para poder burlar la cláusula
RUFO con los bonistas del canje, más estos híbridos no solucionan el problema
de fondo, que es el de la insolvencia por falta de capacidad de pago del país.
Por otra parte, es inconsistente
hablar de “default técnico” o de formas especiales de default porque el default
es o no es, como el embarazo: así como una mujer no puede estar un poco o
parcialmente embarazada, así también pasa en el caso de un impago de deuda, que
condiciona a todo el resto de los acreedores.
Más aún cuando es perfectamente
sabido que el país, por la cláusula cross default o de incumplimiento cruzado –
que junto con la RUFO, la MFCC y toda una serie de cláusulas leoninas fue
firmada por éste gobierno – daría inmediatamente lugar a una situación de
default generalizado, con caída o aceleración de los vencimientos, porque esta
cláusula establece que producido un impago todas las deudas del Megacanje
serían alcanzadas por la misma situación: el incumplimiento con un acreedor
implica el incumplimiento con todos.
Una tercerización o
triangulación del fallo Griesa – la llamada “solución Gramercy”, que ya se
aplicó en el caso de los laudos del CIADI - por la que un tercero (banco/grupo
de bancos y/o fondos de inversión) compre los derechos de la sentencia y luego
negocie directamente una reestructuración con el gobierno argentino, sería un
paliativo parcial (no general), no eliminaría el problema de los holdouts (por
la existencia de otros muchos tenedores pendientes) ni el problema de los
bonistas del canje (por la cláusula RUFO); y no bajaría tampoco las nuevas
obligaciones del gobierno Kirchner, que después de agotada la variante de la
Deuda intra-Estado pasó a la nueva política de pago de juicios con Deuda
(CIADI, Repsol, Club de París).
Y mientras todo
esto ocurre, mientras el gobierno negocia en secreto una salida o diferimiento
a la actual coyuntura de la crisis de Deuda, el Poder Judicial mantiene paradas
todas las causas sobre investigación de la Deuda (Olmos I – con sentencia en
firme - Olmos II, Megacanje 2001 y denuncia Olmos Gaona-Marcos), y el Congreso de la Nación – salvo honrosas pero
minoritarias excepciones – sigue sin intervenir en el problema; que es la forma
en que la Partidocracia cumple su rol funcional de complicidad dentro del
Sistema de la Deuda Perpetua.
Lic. Héctor L.
GIULIANO
Buenos Aires, 25.7.2014
Archivo: GIULIANO
ARTICULO 2014 07 25 GRIESA FALLO
NOTAS:
[1] Artículos anteriores del autor sobre este mismo tema: “Holdouts: la
Argentina no tiene nada que negociar” (4.7), “La Argentina tiene que ir al
Default” (28.6), “Holdouts: Default o más Deuda” (del 25.6) y “Fallo de la
Corte y alternativa de un nuevo Default” (18.6), todos del corriente año 2014.
[2] Precisamente por ese motivo es que la deuda sigue creciendo hoy en
día: era de unos 150.000 MD después del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 y
hoy – según los últimos datos oficiales
al 30.9.2013 – estaría en el orden de los 230.000 MD: 213.000 MD de deuda registrada más unos
15.000 MD de cupones PBI faltantes de pago.
Sin contar los
intereses a pagar, que el gobierno no incluye en el stock de la deuda pero
pasan los 72.000 MD; y que como el monto de la deuda no disminuye sino que
aumenta, también aumentan los intereses.
Esto significa que
la Deuda Pública total (por Capital, Intereses y Cupones PBI) – sólo en cabeza
del Estado Central – está en la actualidad en los 300.000 MD.
[3] Hoy viernes 25.7 han trascendido insólitas declaraciones del Ministro
de Economía en este sentido. Según el diario La Nación (del sábado 26, página
18) Kicillof dijo que los FB pretenden “tirar abajo el proceso de
reestructuración de la deuda soberana realizado en los canjes 2005 y 2010” y
que con ello procuran “volver a la dinámica de endeudamiento propia del
neoliberalismo”.
Dijo además: “La
Argentina durante años, años y años, tomó deuda para pagar deuda, y lejos de
ser honrada, la deuda crecía y crecía, hasta que estalló, como no podía ser de
otra manera. Esa dinámica ha sido clásica y generalizada durante el
neoliberalismo.”
Frente a las
decisiones concretas que viene tomando el gobierno K en materia de
re-endeudamiento sistemático – hoja de ruta Boudou incluida – este tipo de
declaraciones parece surrealista.
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