Argentina atemoriza con
prisión a firmas que faenan en las Malvinas
Pretende trasladar a la pesca la amenaza que hizo a
las petroleras
Las autoridades argentinas anunciaron que aumentarán los controles e
investigarán a las compañías.
Una
amenaza más, y es ya la enésima, para las empresas pesqueras gallegas que
operan con licencia de las islas Malvinas. O para aquellas que faenan en el
entorno de las Georgias y Sándwich del Sur. El Gobierno argentino pretende
sancionar, incluso con penas de prisión, a las empresas que exploren las aguas
alrededor de esos territorios insulares, especialmente las de las Malvinas,
cuya soberanía se disputa con Gran Bretaña.
La
amenaza fue lanzada a principios de mes, en un encuentro con diversos medios
internacionales, por el responsable de la recién creada Secretaría de Asuntos
Relativos a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur, Daniel Filmus. Este
aseguró que «quien no obtenga autorización» [de Argentina] para explotar las
aguas, no solo afrontará consecuencias administrativas, sino también penas de
prisión», recogió Efe. Hasta 15 años de cárcel y multas significativas
por explotación ilegal. Sea o no un farol, lo cierto es que Filmus consiguió
inquietar a Gran Bretaña, que protestó por las tácticas de intimidación al
pretender declarar ilegal la exploración de gas y petróleo en la zona. Y
envalentonado por los resultados de esa medida, el secretario de Asuntos
Relativos a las Malvinas decidió ampliar ese acoso a las compañías pesqueras,
publicó el diario argentino La Nación.
A por la
asfixia económica
Según
este medio, en la estrategia bonaerense de intentar asfixiar económicamente a
los isleños de las Malvinas encaja perfectamente el boicot a una fuente de
ingresos vital para las disputadas islas: la pesca. Y por eso es que la
Cancillería trabaja ya en una nueva reglamentación de la ley de pesca para
aplicar severas multas a las empresas que obtengan réditos económicos de la
extracción pesquera tanto en el mar argentino como en aguas del Atlántico sur
que se disputa con el Reino Unido.
Al final,
no es más que intentar resucitar un polémico proyecto de ley que se aparcó hace
unos años y que pretendía castigar con multas a aquellas compañías pesqueras
que operan en ambos mares o que tienen una doble estructura societaria.
También, recoge La Nación, a las que presentan una triangulación de
acciones que les permita explotar los recursos pesqueros en la zona económica
exclusiva de Argentina y de las Malvinas.
Con esa
finalidad, el Gobierno va a potenciar los controles de patrullaje en las aguas
del sur y, a la vez, realizará un profundo rastreo legal para determinar la
estructura societaria de las empresas pesqueras.
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