Por Agustín Monteverde
• Con llamativa demora se difundieron los datos de deuda pública correspondientes al tercer y cuarto trimestre del 2012.
• La secretaría de Finanzas informa que a fines de 2012 la deuda
pública de la Nación con acreedores privados, organismos multilaterales y
otros países sumaba U$ 82696 MM, lo que equivalía a 18,8% del PBI
(medido al tipo oficial).
• En 2005 representaba U$ 191000 MM.
• Vale recordar que buena parte de la caída en esa deuda neta ocurrió
cuando el gobierno se apropió de los bonos que estaban en cartera de
los fondos jubilatorios privados.
• Si a ese subtotal se le adicionan lo adeudado a entes del sector
público (BCRA, FGS, BNA y otros), se arriba a un Deuda Pública Nacional
de U$ 197464 MM a fin de 2012, equivalente a 44,9% del PBI.
• La mayor parte de la deuda pública -48%- está nominada en dólares y 10% lo está en euros.
• 23% está en pesos sin cláusula de ajuste y 18% en pesos ajustables por CER.
• El análisis de esos números nos muestra que el declamado proceso de desendeudamiento nunca ocurrió.
• El gobierno informa que la deuda pública bruta representa sólo
44,9% del PBI pero dicho ratio está subestimado por efecto de la
sobreestimación del producto que supone su valuación al tipo de cambio
oficial. Si corregimos el valor del PBI en dólares, el ratio se ubicaría
por encima de 60%.
• En segundo lugar, existe una variedad de compromisos no contabilizados.
• Es el caso de los bonos no ingresados al canje y de la deuda
emergente de los juicios ante tribunales arbitrales internacionales. Una
estimación conservadora de esas obligaciones llevarían la ratio a no
menos de 75%.
• Los juicios previsionales por incorrecta liquidación de los haberes agregarían otro 5%.
• Esto quiere decir que una valuación precisa del PBI y la inclusión
de los diversos pasivos no computados eleva el ratio de deuda pública a
un nada confortable 80% del PBI.
• Otro problema es nuestra presente incapacidad para refinanciar vencimientos de deuda.
• No es lo mismo tener un endeudamiento elevado cuando existe la
posibilidad de financiarse en el mercado que cuando el acceso está
cortado.
• Y tanto peor por cuanto nuestras cuentas fiscales son
crecientemente deficitarias debido a la suba vertiginosa del gasto
público y una aguda pérdida de divisas amenaza -de no mediar
modificaciones de rumbo- llevarnos de cabeza a una crisis del balance de
pagos.
• La incapacidad para generar las divisas suficientes para atender
las salidas ha obligado a atender los compromisos de deuda con el stock
de reservas internacionales. Como es evidente, el saldo de reservas es
insuficiente para cancelar los vencimientos de deuda con acreedores
privados y del exterior durante los próximos dos años y medio.
• El stock total de deuda pública aumentó U$ 18501 MM en 2012,
incremento que se explica por el mayor endeudamiento con los propios
organismos estatales.
• La deuda intrasector público ya representa más de una cuarta parte -26%- del PBI.
• De esa porción, más de la mitad está en manos del BCRA y el resto se reparte entre la ANSES y el Banco Nación.
• 33% de la deuda pública total corresponde al BCRA; en 2005 representaba apenas 6%.
• 29% corresponde a deuda con acreedores privados.
• Otro 16% de la deuda pública figura en los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social.
• Banco Nación y otros organismos son acreedor de poco menos del 10%.
• Los organismos internacionales representan 13% del total.
• Esto significa que 59% del total de deuda está contabilizado en los activos de organismos descentralizados.
• Y acarrea un deterioro progresivo de la calidad de los activos de
la autoridad monetaria, del fondo de la ANSES y del Banco Nación.
• A fines del 2005, la deuda en manos del sector público representaba sólo 8% del
stock total.
• Corresponde dedicar atención al hincapié que hace el gobierno a la
conveniencia de que una parte sustantiva de sus obligaciones sean con
organismos descentralizados.
• Esa posición asume que las obligaciones intra sector público no
tienen importancia porque podrían ser refinanciada indefinidamente.
• De hecho, las proyecciones de caja de la secretaría de Finanzas se
concentran en la cancelación de esa deuda (tampoco asumen cancelaciones
por cupones PBI).
• Asumir un roll over casi perpetuo implica que, en la práctica, el
valor de esos activos -en los libros del BCRA, el FGS o el BNA- sería
nulo.
• Así, el gobierno está reconociendo pérdidas millonarias en los
mismos organismos a los cuales falazmente atribuye “utilidades”, a
efectos de que le giren fondos al siempre sediento Tesoro.
• En el caso del FGS, la deuda pública representa más de 60% de sus
activos, lo que deja en claro que el sistema previsional está quebrado y
marcha a inevitable default.
• En lo que respecta al BNA, la exposición al sector público
representa 45% del activo, lo que equivale a cinco veces su patrimonio;
reconocer que el Tesoro no va cancelar esas obligaciones significaría su
quiebra inmediata.
• Para el BCRA, previsionar por incobrable sus acreencias contra el
Tesoro implicaría la quiebra de la institución, pues cuadruplican su
patrimonio y representan 58% de sus activos.
• Cuando se examina la real situación del endeudamiento estatal se
entiende la acendrada desconfianza respecto a la moneda y otros pasivos
financieros como las LEBAC, NOBAC y CEDIN.
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