DEUDA EXTERNA Y RETRASO CAMBIARIO

Por Héctor GIULIANO (8.11.2014).

La administración Kirchner se encuentra en estos días pasando momentos clave de definición en relación a su política de endeudamiento público porque a través de la misma está en juego su propia supervivencia financiera y política.

Un capítulo clave dentro de esta grave situación oficial está dado por la relación entre el tipo de cambio y la toma de nueva Deuda Externa.

Aunque - como es lógico - nunca hay información cierta o confiable a este respecto, sería posible sin embargo inferir que el dilema del gobierno reside en saber si sus concesiones crecientes ante el capital financiero serán suficientes o no para contener los efectos de la nueva Crisis de Deuda que vive la Argentina.

O bien: si tales concesiones le servirán sólo para diferir las consecuencias de esta crisis hasta el fin del mandato o van a ser usadas, en cambio, para precipitar su caída en medio de improvisaciones e inconsistencias inmanejables.    

No parece casual que en el marco de este tenso panorama, local e internacional, se haya producido – como a fines del año pasado – otro episodio de salud de la presidenta.

A los fines de intentar transformar el aparente Caos en Cosmos de Información es importante identificar cómo se está dando el “acomodamiento de los hechos”, es decir, qué hechos concretos se están registrando y permiten interpretar lo que está ocurriendo en materia de Deuda.

La administración K está jugada hoy a sostener a ultranza una política de retraso cambiario por tres razones centrales:

1. Un tipo de cambio retrasado – entendido como dólar casi fijo o con ritmo devaluatorio inferior a la Inflación Real (aproximadamente 30 contra 40 %) – es garantía de “capacidad de pago” frente al perfil de vencimientos de la Deuda Externa existente y a la vez garantía de liquidez para poder volver al Mercado Internacional de Capitales para tomar más deuda (objetivo del Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 y de la Hoja de Ruta Boudou).

2. Tal atraso relativo es, a la vez, una herramienta como “ancla inflacionaria”, ya que el país no soportaría ahora una nueva macro-devaluación como la producida en Enero sin un traslado masivo e incontrolable a precios, con el consiguiente desencadenamiento de una espiral hiper-inflacionaria dado los altos niveles de aumento que se siguen produciendo.

3. La caída de los Salarios Reales derivada de una macro-devaluación descolocaría ya totalmente al gobierno frente a la tolerancia que los grandes sindicatos vienen mostrando frente a la baja del poder adquisitivo de los ingresos post-paritarias de este año.

Un dólar atrasado ayuda además a las cuentas fiscales, por la menor incidencia de los gastos en moneda extranjera (fundamentalmente servicios de intereses de la Deuda Externa) compensando parcialmente la pérdida por menores ingresos de divisas por retenciones a las exportaciones (cuya baja se acentúa hoy por la caída de los precios de la soja).

Y constituiría también un alivio relativo a la colocación de deuda cuasi-fiscal por Lebac/Nobac del Banco Central (BCRA), que se utiliza masivamente como forma de esterilizar los pesos que se emiten para comprar divisas.

La contención de la Presión Tributaria (PT), y particularmente la del Impuesto Inflacionario – que se corresponde con el aumento de la Recaudación Fiscal – configuraría, por otra parte, también un requisito para atenuar las tensiones con el empresariado y, en especial, con los sectores exportadores: eventual canje de Inflación y PT por Retraso Cambiario, apreciando el peso en términos reales.

Para ello, la tradicional receta neoliberal es “no emitan Dinero, emitan Deuda”, con lo que se satisface paralelamente las presiones de la Banca Internacional para que el país coloque más deuda en el exterior y las presiones locales del Partido de la Deuda para colocar nueva deuda donde sea, pero colocarla rápido (Nación, Provincias y Empresas del Estado).

Tal es la convergencia de intereses financieros nacionales y externos para que la Argentina aumente sus niveles de endeudamiento público, cosa que ya se está produciendo en el corriente ejercicio (las nuevas obligaciones con  CIADI, Repsol, Club de París, Bonar 2016/2017, Bonad 2016/2018 y Holdouts en general) y que está previsto incrementar en el Presupuesto 2015 (aumento directo de la Deuda Pública por 17.700 MD-Millones de Dólares, dentro de facultades al Ejecutivo para tomar nuevos préstamos por hasta 134.000 MD).

No existe base racional para pensar que el gobierno Kirchner, en su último año de gestión, pueda aspirar a cumplir siquiera parcialmente tales metas sin encarar mínimas medidas de garantía al respecto.

Ergo, la apuesta del gobierno CFK a una política de retraso cambiario no es sólo un dato de la realidad sino, a la vez, un objetivo lógico para volver al mercado internacional de capitales dentro del Sistema de la Deuda.

Esta nueva política de endeudamiento – como hemos dicho - ya ha comenzado con los acuerdos en curso para el pago de los laudos perdidos ante el CIADI con títulos públicos (677 MD con empresas norteamericanas, 185 MD con British Gas y toda una serie de sentencias en curso), el acuerdo de indemnización con Repsol pactado también con bonos (6.000 MD de Capital más 5.000 de Intereses), el arreglo de la Deuda Externa con el Club de París para el pago total en cuotas (9.700 MD) y con las nuevas colocaciones de títulos en pesos (BONAR 2017 y 2016, por 1.000 MD cada uno) y en dólares (BONAD 2016 y 2018, por otros 1.000 y 1.000 MD respectivamente; estos últimos bajo la modalidad de “dollar linked” o deuda en pesos ajustada por tipo de cambio).

A esto hay que agregar el principio de acuerdo que habría acerca de pagar los juicios y reclamos de los holdouts – los bonistas que no entraron en el Megacanje Kirchner – a partir del 2015 también con títulos del Estado, cuestión sobre la cual se entiende existe ya un principio de acuerdo.

Más allá de todos los altibajos que se están dando en la escenificación de esta pugna con los Fondos Buitre (FB) y el no cumplimiento del fallo Griesa – discursos para la galería, declaraciones altisonantes, apelaciones y medidas dilatorias en general - lo cierto es que todo el mundo da por descontado que, a partir del 2015 (para cuyo inicio faltan menos de dos meses) el gobierno Kirchner vuelva a la “mesa de negociaciones” del mediador Pollack y comience el arreglo con los beneficiarios de la sentencia (los FB) y con el resto de los holdouts.

Esto representará abrir negociaciones por un monto de deudas acumuladas – con intereses y recargos, gastos y honorarios – estimado entre 20 y 30.000 MD (Millones de Dólares) y exponerse además a reclamos incalculables de los bonistas que ya entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna por aplicación de las cláusulas RUFO y MFC (cuyos totales podrían llegar a 120-150.000 MD o más).

Para que esto pueda darse, la administración K debiera dar todavía algunos pasos acelerados y difíciles a nivel interno e internacional, empezando por el citado retraso cambiario como eje de la nueva política de endeudamiento, para poder  continuar y aumentar las colocaciones de la ola de deuda en curso: la tercera gran ola de endeudamiento después de la del Proceso Militar y de la Convertibilidad menemista.

Entre los requisitos exigibles a cumplir por nuestro país para replantear las negociaciones en el 2015 están los siguientes:

a)     la ratificación de la aceptación del fallo Griesa (cosa que, en realidad, nunca ha sido negada por el gobierno K, salvo decir que la sentencia es “de cumplimiento imposible” debido a sus consecuencias financieras).

b)     la reanudación de las negociaciones con el mediador Pollack, designado por el juez.

c)     la derogación de la Ley 26.984 de Pago Soberano Local (lo que conllevaría dejar sin efecto la creación de la Comisión Investigadora de la Ilegitimidad de la Deuda, incluida en dicha ley).

d)     la aceptación de pago de todas las sentencias y/o reclamos de los Holdouts  con bonos, incluyendo gastos y honorarios judiciales y extra-judiciales, propios y ajenos del Estado Argentino.

e)     la aceptación – total o parcial – de la tercerización de pagos de los acuerdos del punto anterior a través de la variante Gramercy (compra de derechos de los fallos por un tercero que luego canjear tales derechos por nuevos bonos del país).

f)      la capitalización generalizada de intereses acumulados (anatocismo) en función de los acuerdos citados.

Esta lista de exigencias no es taxativa, por lo que no se limita necesariamente a los puntos aquí enunciados, sino que es sólo orientativa de las cuestiones reales e inevitablemente en danza en una negociación compleja de este tipo.

Tal el cuadro primario al que se ha llegado luego de 10 años de “Década Ganada” según el gobierno K, donde la Deuda intra-Estado ha desempeñado un rol fundamental en este sentido: el pasaje en gran escala de Deuda Externa con Terceros (Acreedores Privados y Organismos Financieros Internacionales) a Deuda intra-Sector Público (fundamentalmente ANSES, BCRA y BNA), lo que ha logrado el objetivo primario de “desagotar” gran parte de las obligaciones con residentes extranjeros a costa de empapelar al propio Estado con títulos impagables que están expuestos a ser forzosamente condonados a pérdida por vía burocrática (caso BCRA), refinanciados indefinidamente (BCRA y BNA) y/o licuados por Inflación (ANSES).

En una década de gobierno K se ha logrado así un “exitoso giro de 360 grados” en el proceso del endeudamiento público: la Deuda intra-Estado sirvió para reducir la Deuda Externa - sin que con ello haya bajado sino, por el contrario, subido la Deuda Total - y ahora, conseguido tal objetivo, el país puede volver a endeudarse en los mercados internacionales de capital.

Son las paradojas o crudas realidades de un gobierno que se auto-califica de “pagador serial” de una deuda ilegítima - e investigada por la Justicia Federal - como si se tratara de un mérito, que invoca la bandera de lucha contra los Fondos Buitre para pedir la internacionalización institucional de las reestructuraciones de Deuda Soberana vía Naciones Unidas y que vende la mentira del Des-endeudamiento público como excusa para volver al mercado internacional para tomar más Deuda Externa.