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sábado, 29 de noviembre de 2014

LA NUEVA DEUDA EXTERNA 2014



Por Héctor GIULIANO (28.11.2014).



En los últimos tiempos, la administración Kirchner viene sugiriendo la idea que el gobierno no quiere volver a una política de endeudamiento externo de la Argentina.

Hay toda una serie de declaraciones por parte de los más altos funcionarios a este respecto: desde la presidenta de la Nación al Jefe de Gabinete Capitanich y desde el Ministro de Planificación De Vido al Ministro de Economía Kicillof.

Los discursos oficiales, sin embargo, no se compadecen con las acciones que está adoptando el gobierno K ni con la expectativa de arreglo de la cuestión de los holdouts – que implica obviamente más deuda externa -  en el contexto de la Hoja de Ruta Boudou la que, sobre la base del Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010, tiene como objetivo final la vuelta del país al Mercado Internacional de Capitales.

Un ambiguo planteo gubernamental acerca de este tema - que es muy específico y que, como tal, no permite darle muchas vueltas al asunto - sirve de marco al divorcio o marcada diferencia entre las declaraciones y los hechos:

La administración CFK ha comenzado a pagar este año los laudos perdidos ante el CIADI con nuevos títulos de Deuda Externa. Hasta ahora se han reconocido unos 1.000 MD[1] por este concepto (cinco casos con empresas norteamericanas y uno con British Gas) pero quedan abiertas otras 20 demandas contra la Argentina – todas ellas también con altas probabilidades de ser perdidas – por un monto conjunto de 10.000 MD o más.

El gobierno ha emitido fuerte deuda externa este año para el pago de la indemnización a Repsol por la expropiación de las acciones de YPF, por unos 11.000 MD (6.000 MD de Capital más 5.000 de intereses).[2]

La administración Kirchner llegó, también en el corriente año, a un arreglo por allanamiento con el Club de París del orden de los 10.000 MD (9.700), que conlleva el pago en cuotas anuales de deudas atrasadas, intereses acumulados, punitorios y multas. La mitad de estas deudas serían provenientes de la época del Proceso Militar y están siendo investigadas por la Justicia Argentina en la Causa Olmos II (como ya lo fueron en la Olmos I, que tiene sentencia del juez Ballestero), pero el gobierno no ha objetado su legitimidad.

Desde mediados de año el gobierno ha comenzado a emitir nueva deuda en bonos que son tomados por acreedores privados: 2.000 MD, en pesos, por Bonar 2016/2017 y otros 2.000 MD, bajo modalidad dollar-linked, por Bonad 2016/2018; aunque todos bajo legislación argentina.

La administración K, por último, viene declarando su voluntad de pago a los holdouts que ganaron el caso testigo de los Fondos Buitre (FB) ante los tribunales de Nueva York. Esta causa, que arrastra inevitablemente el reclamo del resto de los holdouts, se estima terminaría costándole al país pagos externos por entre 20 y 30.000 MD, por todo concepto (bonos reclamados a valor nominal, intereses acumulados, punitorios y penalidades por el diferimiento de ejecución de las sentencias, honorarios y gastos).

Todos estos rubros constituyen lógicamente nueva Deuda Externa. Una deuda que está siendo tomada por este gobierno y a la que debe sumarse las extraordinarias cifras de endeudamiento autorizadas por las leyes de Presupuesto 2014 y 2015 que, en su conjunto, sobrepasan los 100.000 MD por ejercicio (de las cuales no se tiene idea de la magnitud efectivizada debido a la falta de información sobre la evolución de la Deuda Pública Indirecta: Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios).

La mayoría de estas colocaciones – como se ha dicho – se hacen con el objeto de regularizar deudas atrasadas y pagar juicios con bonos de deuda externa, para volver entonces al Mercado Internacional de Capitales a los efectos de tomar más deudas. A menos que el gobierno tratara ahora de hacer lo contrario.[3]

Las evidencias, empero, muestran realidades diferentes a los discursos oficiales.

El Partido de la Deuda está posicionándose en forma cada vez más fuerte a medida que aumenta la vulnerabilidad financiera y política del gobierno Kirchner.

A caballo de la tradicional receta neoliberal de “no emitan dinero, emitan deuda”, después del último golpe de mercado – de fines de Setiembre – se observa una serie de movimientos oficiales orientados a volver al Mercado Internacional para colocar Deuda Externa en función de la Hoja de Ruta Boudou.

No parece casual que esta muy delicada circunstancia haya coincidido con un nuevo episodio de salud de la presidenta.

El Estado tiene tres fuentes básicas de financiamiento: 1. La Recaudación Tributaria, 2. La Emisión controlada de Dinero y 3. La Deuda Pública.

Cuando la fuente Deuda se encuentra en niveles impagables y se vive refinanciando obligaciones a la vez que asumiendo sistemáticamente más deuda nueva – como en el caso argentino – las otras dos fuentes de fondos (Recaudación y Emisión) se terminan usando para sostener el costo de la tercera, con una mayor carga de sus servicios por Capital e Intereses.

Con la importantísima característica identificativa de que los vencimientos de Capital no se cancelan en forma neta sino que se pagan íntegramente con nuevas deudas (más de 40.000 MD de vencimientos por año); y que incluso una parte de los Intereses – que suman entre 10 y 12.000 MD en total y se abonan en efectivo – se capitaliza por anatocismo (unos 1.000 MD anuales).

Tal es el problema de fondo de la trampa de Deuda Perpetua en que está metida la Argentina y que la llamada Década Ganada no ha podido resolver; antes bien, es el problema que ha terminado llevando las cosas a un “giro de 360”: una suerte de vuelta al punto de partida donde, después de haber “desagotado” Deuda Externa con Deuda intra-Estado – pagándole a los acreedores, según la presidenta, 190.000 MD en 10 años - viene ahora el momento de cumplir el “pacto con el Diablo” y volver al Mercado de Capitales.

Es decir, que visto en la perspectiva de la gestión de gobierno K, la Deuda intra-Estado – que es deuda impagable transferida al Sector Público que compromete la capitalización y el financiamiento del Fisco – habría servido así como “préstamo puente” interno para reducir los montos de endeudamiento externo y volver entonces a contraer nueva deuda internacional.

Tal es el dilema que la administración Kirchner tiene que enfrentar hoy: el de volver o no volver al Mercado externo de Capitales para tomar más Deuda.

Si verdaderamente el gobierno quisiera salir del Sistema de la Deuda hoy tiene la posibilidad de hacerlo, o al menos de intentarlo: 1. Blanqueando el Default, con la consiguiente suspensión de pagos, 2. Disponiendo la Auditoría de la Deuda, creando la Comisión Investigadora de la Legitimidad de la Deuda que prevé la reciente Ley 26.984, y 3. Determinando el quantum de la Deuda Legítima y la verdadera capacidad de pago del país para encarar una re-estructuración forzosa y no voluntaria de toda la Deuda.

Pero esto contradice el discurso del gobierno Kirchner, que no quiere reconocer el fracaso del Megacanje 2005 y, por ende, el peligro de tener que “salir” de la actual Crisis de Deuda – una vez más - con más Endeudamiento; como ya ocurrió en el 2002 con los títulos de deuda para cubrir la pesificación asimétrica y como estaba previsto que ocurriera después del Megacanje Kirchner-Lavagna, que estaba orientado a preparar una rápida vuelta al mercado internacional de capitales, cosa que todavía no se ha producido a raíz de la crisis de los holdouts.

Fue en este contexto, y como tareas preparatorias de la Hoja de Ruta Boudou, que el gobierno Kirchner encaró durante el corriente año el nuevo mecanismo de pago con bonos de los laudos perdidos ante el CIADI y la indemnización a Repsol por la expropiación de acciones de YPF, el pago en cuotas de la totalidad de los reclamos por atrasos y recargos con el Club de París, las nuevas emisiones de bonos Bonar 2016/2017 en pesos y Bonad 2016/2018 en dollar linked, así como las negociaciones en curso para empezar a pagar a los holdouts con bonos adicionales.

El momento es, por ello, sumamente delicado para la administración K a los fines de salvar su imagen frente a las contradicciones entre el discurso y las realidades.

Es el viejo dilema del “tren que va a Rosario”: el señor decía que no quería ir a Rosario pero se sube al tren que va a Rosario. Durante el viaje despotrica reiterando que no le gusta y que no va a ir a Rosario... pero cuando el tren llega a destino se tiene que bajar en Rosario.

A través de toda una serie de acciones tardías, improvisadas e inconsistentes con el objeto de llegar al 2015 - como supuesta “fecha salvadora” frente a las cláusulas RUFO/MFC – el gobierno CFK está adoptando, en los hechos, medidas que lo acercarían cada vez más a las exigencias de los acreedores, ya sea en forma directa o bien soportando que las mismas se produzcan con el simple “acomodamiento de los hechos”:

Se sostiene un retraso cambiario relativo como ancla anti-inflacionaria y especialmente como garantía de pago de la Deuda Externa, actual y futura.

Se mantienen altas tasas de interés locales que, con estabilidad y/o retraso del tipo de cambio, favorecen la mayor rentabilidad de los capitales financieros.

Se difiere el problema del sinceramiento cambiario mientras el retraso mejora los precios de los productos importados y el valor del giro de utilidades y dividendos al exterior, que se acumulan a través de la Deuda Externa Privada.

Se estimula el consumo tratando de compensar el cuadro de desaceleración  y/o recesión derivado del aumento del costo financiero - público y privado - sobre la Economía.

Se continúa el endeudamiento cuasi-fiscal en gran escala del Banco Central (BCRA) emitiendo dinero sin respaldo que se usa para comprar reservas – divisas que luego se prestan al gobierno para pagar más Deuda Externa – y para dar Adelantos Transitorios permanentes al Tesoro, mientras el grueso de estas emisiones monetarias se absorbe por medio de Lebac que pagan un 29 % de interés anual a los grandes bancos privados.

Se generan ganancias financiero-bancarias extraordinarias vía revalorización por tenencia de las carteras dolarizadas de Bancos y Aseguradoras después de la devaluación de Enero, por aumento de las tasas de interés de referencia, por la prolongada tolerancia con las operaciones de arbitraje por Contado con Liquidación (CCL) y por dólar Bolsa o MEP, por los altibajos especulativos en Bolsa liderados por inversores financieros locales y particularmente extranjeros (con los fondos de inversión de George Soros y Daniel Loeb a la cabeza), etc.

Se conceden altísimas autorizaciones presupuestarias de nueva Deuda para financiar Obras Públicas y de Infraestructura, e incluso Gasto Público Corriente por medio de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo que ya elevaron en más de un 20 % las partidas totales del Presupuesto 2014 original.

Se produce una caída del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones por Inflación superior a la suba de los ingresos y por desfase financiero en la percepción de las liquidaciones correspondientes.

Se contiene parcialmente las presiones de aumento de precios a través de un proceso de desaceleración económica: una suerte de Recesión relativa como forma de freno a la Inflación.

Se ejecuta un plan de ajuste fiscal encubierto, que se lleva a cabo más por la vía de los Ingresos que por reducción de los Gastos: alta presión tributaria (Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Cheque, IVA, Retenciones, gravámenes provinciales y municipales), aumento generalizado de Precios/Tarifas de Servicios Públicos y aumento de la Deuda Pública (con la carga creciente de sus servicios de capital e intereses).     

Es muy probable que la proximidad de las fiestas de Fin de Año, el comienzo de las vacaciones de Verano y, sobre todo, el uso de distractivos de prensa (escándalo Boudou, cholulismo político, artificial clima pre-electoral, proyectos parlamentarios varios, etc.) surtan su efecto ante la opinión pública, como producto de la tradicional colaboración y complicidad de la tríada oficialismo-oposición-medios.

Pero al gobierno K se le acerca el comienzo del 2015 y, con ello, el momento de la verdad acerca de las realidades que tiene que afrontar a partir de esa fecha en materia de nueva Deuda Externa.

Y el interrogante acerca de cómo será el replanteo público de este problema es grande porque - tal como están las cosas - esto “no cierra” o, mejor dicho, cierra con más Deuda.
      

Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 28.11.2014

Archivo: GIULIANO ARTICULO 2014 11 28 NUEVA DE 2014.




NOTAS:

[1] Las abreviaturas MD/M$ significan Millones de Dólares/Pesos respectivamente y se consignan siempre con redondeo.

[2] En su reciente discurso ante la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) – del 25.11 - la presidenta Cristina Kirchner se jactó de haber conseguido comprar la mayoría accionaria de YPF con la ventaja de “pagar 5.000 MD entregando únicamente papelitos, porque – según dijo - en realidad es lo que se entregó: los bonos...”.

Estos “papelitos” a los que hizo referencia CFK son nueva Deuda Externa por miles de millones de dólares de capital e intereses que van a tener que ser pagados por el Estado (aunque no bajo su gobierno, que la contrajo, sino por el o los que lo sucedan).
  
[3] La presidenta ha dicho algo en este sentido: en su discurso ante la CAC – citado en la nota anterior – CFK destacó que “toda la deuda que estamos pagando no es deuda de infraestructura, es deuda financiera”, trazando así una diferencia en la naturaleza del endeudamiento.

El párrafo completo de lo que dijo la presidenta es el siguiente:

“El sistema financiero internacional, no está muy dedicado a financiar obras de infraestructura. De hecho, toda la deuda que estamos pagando, no es deuda de infraestructura, es deuda financiera que se tomó desde 1976 adelante, que también se siguió tomando después cuando se estatizó la deuda de los privados, que pasó al sector público en el año 82, cuando luego vino la convertibilidad, que fue la segunda etapa grande de endeudamiento financiero para poder sostenerla y, finalmente, la tercera etapa que fue el megacanje.”

Aquí se omite decir – entre otras cosas - que también se está pagando la deuda del Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 (por capital, intereses, anatocismo y cupones PBI) y que la deuda externa privada que fue estatizada y de cuyo pago se lamenta la presidenta fue aceptada por su gobierno pese a que está siendo investigada por la justicia argentina (siendo que la mayoría se encuentra comprendida precisamente dentro de las deudas consolidadas con el Club de París).

En su discurso ante la CAC la presidenta agregó:

“Y estos capitales, que es cierto hay en el mundo, no los veo muy dispuestos a financiar obras públicas; sí los veo dispuestos a endeudar a  los países y a financiar gasto público. Porque el negocio, no está en que un país crezca, el negocio está en que un país se endeude porque a partir de que se…fusionaron bancos comerciales en bancos de inversión, comenzó a cambiar el perfil del sistema financiero internacional. Y no para bien, sino para mal.”

Más allá de la confusa forma de expresión de CFK, estas afirmaciones no son muy consistentes que digamos con las acciones de su gobierno.

El Presupuesto aprobado para el 2015 autoriza la toma de deuda pública por unos 134.000 MD (133.600) y la mayoría es deuda externa: 46.100 MD por Operaciones de Crédito Público (básicamente refinanciación de pasivos), 50.300 MD para Infraestructura/Obras Pública y 37.200 MD para operaciones de crédito pluri-anuales, cuya continuidad compromete a futuras administraciones.

Estrictamente hablando, todo préstamo es Deuda Financiera, independientemente de su destino cualitativo.

El razonamiento que diferencia la deuda financiera del financiamiento de obras de infraestructura no es muy claro desde el punto de vista práctico porque, como decimos, la deuda externa contraída para Inversiones Públicas también es Deuda Financiera - es endeudamiento público para financiar Gastos de Capital, en lugar de hacerlo con recursos propios - porque la mayor parte de la deuda del Estado se contrae hoy para financiar el Déficit Financiero Fiscal y porque no hay forma de liberarse de la refinanciación permanente de la deuda acumulada porque la misma es impagable y constituye un “costo hundido” sin capacidad de repago.

De modo que tratar de discriminar la deuda del Estado frente a un cuadro de situación existente y frente a perspectivas ciertas de más endeudamiento futuro no permite una fácil diferencia práctica ya que la capacidad fiscal de repago – distinta en uno u otro caso por la existencia de retornos sobre la inversión – tiene que aplicarse a la masa de una deuda conjunta.

Este criterio de diferenciar Deuda Pública “buena” y “mala” es muy difícil de  aplicar en nuestro caso y deja abierta la puerta para seguir justificando la asunción de nuevas deudas, aunque las mismas terminen después sin poder ser pagadas y, por ende, se incorporen entonces al quantum del endeudamiento perpetuo de la Argentina.

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