Buenos Aires suma 1.500 plazas penitenciarias con el programa “Casa por Cárceles”
Jueves 7 de Mayo de 2015 | Organismos
Florencio Varela.- En la Unidad 23 el ministro Casal y el
intendente Julio Pereyra inauguraron diez nuevas viviendas del programa “Casas
por Cárceles”, que se desarrolla en sistema penitenciario provincial y fue
destacado por Naciones Unidas.
Acompañado del subsecretario César Albarracin y la jefa del
Servicio Penitenciario, Florencia Piermarini, el Ministro explicó que “el
Programa que ya lleva construido un total de 178 casas en las cárceles de la
Provincia, permite alojar casi 1.500 internos. Se trata de nuevos modelos de
detención que impulsa la gestión del gobernador Daniel Scioli, con el objetivo
de garantizar la inclusión social basada en tres ejes: trabajo, educación y
vínculo familiar/comunitario”.
Las nuevas construcciones, como las ya creadas, alojarán a
ocho internos cada una, con condiciones de iluminación natural y artificial,
óptima aireación de los espacios, y contacto al aire libre con posibilidad de
desplazamiento en áreas verdes de recreación y amplios aventanamientos.
Las Casas por Cárceles promueven la internalización de
pautas de conductas basadas en la autogestión, convivencia y reflexión para la
cooperación entre pares, y estimula la adhesión de los internos a las
actividades espontáneas y/o programas en educación, cultura, trabajo, deporte y
recreación.
De este modo, reproducen en el ámbito penitenciario el
hábitat del modelo de vida en el mundo libre, y aportan a las personas privadas
de la libertad un trato con sus pares más personalizado, promueven una
elevación de su autoestima, la superación de los estereotipos, y una mejor
preparación para reinsertarse en un futuro en la sociedad.
En el Servicio Penitenciario Provincial se construyeron 178
casas en dos primeras etapas, que alojan 1492 personas distribuidas en 28
complejos edilicios, lo cual representa el 5% de la población penitenciaria.
De acuerdo con evaluaciones realizadas desde la
implementación del Programa, se pudo confirmar una notable reducción del índice
de violencia entre los internos de la población alojada.
El déficit habitacional:
los contrastes de un drama siempre a punto de estallar
La
inversión del Gobierno fue la mayor de las últimas décadas, pero no bastó para
revertir un problema que demanda políticas a largo plazo y que afecta a unas 10
millones de personas; los especialistas piden regular la compraventa de
terrenos
Por Gabriel
Sued | LA NACION
La
crisis habitacional. Los residentes de la villa 20, lindera con el predio donde
se levantaba la villa Papa Francisco, en Lugano, donde desalojaron a 700
familias el 23 de agosto pasado. Foto: Daniel Jayo
Vista
desde la calle, la casa de Salguero 989 es una casa más. Puerta bien alta de
dos hojas en el centro, una persiana metálica a cada lado. Pero lo primero que
se ve al entrar en este caserón de Almagro es un policía de consigna. Está
sentado en un hall en penumbras, al pie de una escalera que lleva al primer
piso. Desde el fondo, un perro ladra sin parar a los recién llegados. Está tan
alterado, como el ánimo de las 21 familias, unas 80 personas que se apretujan
en una veintena de habitaciones. Podría pensarse que están en el peor de los
mundos. Pero les falta caer un escalón más: el martes 16, a las 8 de la mañana,
la policía va a desalojar el lugar, en una causa penal por usurpación.
En la
casa, no hay valijas armadas ni clima de mudanza. Las familias saben que el
lugar no les pertenece, pero esperan que la Justicia postergue el desalojo, por
cuestiones humanitarias. La mayoría no tiene a dónde ir. Como Janina Haro, una
peruana de 31 años, que llegó a la Argentina en 2009 y vive hace un año en un
cuarto de 10 metros cuadrados, junto con su esposo y sus cuatros hijos.
"Lo
pagamos 10.000 pesos. Entramos en el juego, nos estafaron", cuenta,
resignada, en el patio central. Una decena de chicos revolotean bajo tres sogas
con ropa que se seca al último sol de la tarde. "En los hoteles no nos
aceptan con hijos. Los chicos no pueden estar en la calle en Nochebuena",
dice, casi en un ruego.
Las tomas
y los desalojos son la expresión más extrema de un problema estructural y
complejo, que atraviesa generaciones y que ya no involucra sólo a los pobres,
sino también (y cada vez más) a la clase media. Es el drama de la vivienda: una
problemática que afecta a alrededor de 10 millones de personas.
Uno de
cada cuatro habitantes de la Argentina, a los que no se les respeta el derecho
constitucional de una vivienda adecuada. Es un estado de emergencia que resiste
y se afianza, pese a la política pública del gobierno kirchnerista, el que más
invirtió en vivienda en las últimas décadas.
Es una
crisis que año tras año estalla en episodios de violencia y muerte, como los
del parque Indoamericano, en
2010; Libertador San Martín (Jujuy),
en 2011, y la villa Papa Francisco, en
agosto pasado. Es un tema ausente en la agenda de campaña de los principales
candidatos.
Para
entender la complejidad del problema se pueden contrastar dos conjuntos de
cifras. Lo hecho por el gobierno nacional y la variación estadística registrada
entre los últimos dos censos. Entre junio de 2003 y julio de 2014, se
concretaron 881.685 soluciones habitacionales, en beneficio de más de 4
millones de personas.
El número
incluye 449.837 viviendas nuevas y 431.848 refacciones y ampliaciones. Es la
misma cantidad que la realizada en los 25 años anteriores, según cifras del
Consejo Nacional de Vivienda. Eso sin contar el Procrear, el plan lanzado en
2012 por la Anses, que otorgó créditos a tasa subsidiada con los que se comenzó
la construcción de 140.000 casas en todo el país, 62.000 ya terminadas.
El
drama del desalojo. Una de las 21 familias que viven en una casona Usurpada en
Almagro. Son cerca de 80 personas las que serán desalojadas el martes próximo
por la policía. Foto: Daniel Jayo
Como
resultado de esas políticas (y de la construcción privada) se redujo la
cantidad de viviendas precarias (de 6,2 a 4,3%) y el hacinamiento en los
hogares (de 4,8 a 4%). Pero entre 2001 y 2010, el déficit habitacional
disminuyó menos de 5 puntos porcentuales, se mantiene por encima del 25% y
afecta a 3 millones de hogares. Esto incluye a los que habitan en una vivienda
precaria y a los que comparten la casa con otro hogar (o unidad familiar). Sólo
un tercio del déficit requiere de nuevas viviendas; el resto se soluciona con
refacciones.
En el
mismo período, los propietarios bajaron del 70,6 al 67,7% y los inquilinos
subieron del 11 al 16% de los hogares, con cifras del 25 al 30% en grandes
ciudades. Además, según un estudio de 2013 de la ONG Techo, hay 1834 villas en el área
metropolitana, el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario,
el Alto Valle de Río Negro, Neuquén, Misiones y Salta, en las que viven 532.800
familias. La mitad de los asentamientos se radicó en los últimos 25 años; un
cuarto, durante la última década.
Mariana
Lencina, 39 años, siete hijos, un nieto, es una de las caras del drama de la
vivienda. Es la cara de los excluidos, los últimos de la fila. Nacida en
Cildáñez, una villa de Parque Avellaneda, es parte de las 700 familias que el
23 de agosto fueron desalojadas de la villa Papa Francisco, en Lugano. Sin
plata para un alquiler (en las villas de la Capital ronda los 2000 pesos),
recaló en la casa de la madre, en la Villa 20, pegada al predio desalojado. La
vivienda está justo al lado de un muro de dos metros, levantado para evitar una
nueva ocupación.
Mariana
está mucho peor que los que van a ser desalojados de Salguero 989. Vive en un
primer piso que no califica como casa, ni siquiera en la villa. Tiene techo y
medianeras, pero le faltan las paredes del frente y del fondo. En el rincón
trasero donde armó una piecita, colocó chapas y cartones sostenidos con un
fierro, para no dormir a la intemperie. En el frente, con vista a la villa Papa
Francisco, directamente quedó el hueco. "El problema es cuando llueve,
porque como el piso está inclinado se me viene toda el agua para el
cuarto", cuenta, con naturalidad, como si hablara de una mancha de humedad
en el cielorraso.
Según un
estudio de 2013 de la ONG Techo , hay 1834 villas en el área metropolitana, el
interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, el Alto Valle de
Río Negro, Neuquén, Misiones y Salta, en las que viven 532.800 familias
En la
falda tiene a Milagros, su hija de 2 años, que chupa una mamadera vacía.
Facundo, de 10, camina de un lado a otro y emite sonidos raros. "Cuando
era chiquito, hablaba, pero después no habló más. Es como autista, pero todavía
no nos dijeron bien qué tiene", dice, sin rasgos de autocompasión. Después
fija la mirada en los montículos de tierra de la extinta Papa Francisco y
recuerda la mañana del desalojo. "Los chicos se despertaron llorando.
Afuera se oían gritos. Cuando salí, vi un montón de policías y uno me dijo que
tenía cinco minutos para irme. Alcancé a sacar la tele y la heladera, pero el
colchón se me quedó adentro."
¿Es
propietario o alquila? Ése era el primer filtro al que sometía Roberto Galán a
los participantes de Yo me quiero casar? ¿y usted? En la Argentina, ser
propietario es mucho más que ser dueño de una vivienda.
"El
propietario es un buen partido. La propiedad es un valor social muy importante,
un símbolo de estatus. Es el resultado de una trayectoria personal exitosa y un
logro que se puede dejar como herencia a los hijos", explica la
antropóloga María Cristina Cravino, investigadora del Conicet y directora de la
maestría de estudios urbanos de la Universidad Nacional de General Sarmiento
(UNGS). En la villa la propiedad tiene un significado adicional, señala.
"Es un elemento de certidumbre para gente que vive en una constante
incertidumbre económica y laboral. La casa propia se asocia a tener una
identidad, es como un DNI."
A quince
minutos de la villa 20, en Morón, se encuentra otra de las caras de la
problemática de la vivienda. En realidad, es una contratara. Con fondos
nacionales, entre 2005 y 2010 el municipio urbanizó la villa Carlos Gardel, un
asentamiento con más de 40 años de antigüedad, donde habitaban casi 500
familias. Hoy es un barrio, con calles pavimentadas, servicios públicos,
luminarias y transporte. La experiencia es destacada por los urbanistas porque
se llevó adelante con un proceso participativo. Los vecinos opinaron sobre los
nombres de las calles, la modalidad de las cuotas y la distribución de las
viviendas.
Mariela
Isa, ama de casa de 30 años, con dos hijos, le puso un toque personal a la
suya, una casa de dos plantas, con cocina, comedor, dos cuartos, dos baños y
terreno en el fondo. Debajo de la barra de la cocina colocó una pecera. Hasta
hace 8 años, vivía en la casa de sus padres, en la villa, con sus dos hermanos,
su esposo y su hijo mayor.
"Esto
es otra cosa. Cambió un montón. Acá no hay junta, no hay perros, no hay chicos
en la calle", dice, con una sonrisa de alivio. Después corre la cortina de
la cocina para mostrar el jardín del fondo. "La idea es construir un
garaje y un quincho."
Ahora
bien, si en la última década se construyó más que en las anteriores, ¿por qué
persiste el déficit? "El acceso a la vivienda es parte del acceso al
hábitat y depende de dos factores: políticas públicas y mercado inmobiliario.
Después de una década con aumento de la inversión pública queda claro que lo
que expulsa a los sectores populares es el comportamiento del mercado
inmobiliario", sostiene el urbanista Eduardo Reese, director del Área de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS).
El CELS
es integrante (junto con Techo, Madre Tierra, la UNGS y la Defensoría General
de la Nación, entre otros) de Habitar Argentina, un espacio multisectorial
conformado por organizaciones civiles, instituciones académicas, movimientos
sociales y legisladores del oficialismo y de la oposición.
Ese
colectivo elaboró el "Consenso nacional para un hábitat digno", un
documento que reclama la regulación de los mercados de suelo y de alquileres,
como soluciones complementarias a la construcción de viviendas.
Empezar
de nuevo. Mariana Lencina, de 39 años, con siete hijos y un nieto, se mudó a la
villa 20, luego de ser desalojada de la villa Papa Francisco. A la vivienda le
faltan las paredes del frente y del fondo. Foto: Daniel Jayo
"El
desarrollo de los countries en el Gran Buenos Aires torna imposible el acceso a
lotes para los sectores populares -afirma Reese-. En los países desarrollados,
eso está regulado: en Alemania, los proyectos inmobiliarios entregan el 30%, y
en Francia, el 20."
A la
misma conclusión llegó Raquel Rolnik, la relatora especial de las Naciones
Unidas sobre una vivienda adecuada, tras su misión en la Argentina, en 2011. En
su informe destacó la "reactivación" de las políticas nacionales de
vivienda desde 2003, pero señaló que no había sido acompañada por una política
de suelo apropiada: "En este momento de gran especulación inmobiliaria, la
débil intervención del Estado en los mercados del suelo ha afectado
negativamente su política de vivienda, volviéndola fragmentada y
paliativa". En ese entonces, todavía no existía la Secretaría de Acceso al
Hábitat, un organismo creado en septiembre y destacado por los especialistas.
El
desarrollo de los countries en el Gran Buenos Aires torna imposible el acceso a
lotes para los sectores populares. En los países desarrollados, eso está
regulado: en Alemania, los proyectos inmobiliarios entregan el 30%, y en
Francia, el 20%
Las
críticas más reiteradas de la oposición apuntan a otra cosa. "A diferencia
de lo que pasaba con los planes del Fonavi, el Gobierno distribuye los recursos
según la fidelidad del intendente. Hay una lógica de falta de transparencia,
que tiene como emblema el caso de Sueños Compartidos, con el desvío de 1300
millones de pesos", dice el diputado radical José Cano, presidente de la
Comisión de Vivienda de la Cámara baja.
La
escalada del precio de los terrenos es una de las dificultades que encontró el
plan Procrear, destinado a la clase media. "Con el plan hubo un boom y
nadie quería perder un centavo", cuenta Federico Ávalos, un técnico
mecánico de 37 años, al cruzar la reja de entrada de su nueva casa, en Ezeiza.
Es una
vivienda de 110 metros cuadrados, en dos plantas. Abajo tiene un living, una
cocina comedor y un baño. Arriba, tres cuartos y otro baño. La construyó con un
préstamo de 300.000 pesos, a pagar en 20 años. Tuvo suerte porque había
comprado el terreno, de 10 por 30 metros, en 2011. Lo pagó 70.000 pesos. Uno de
sus compañeros de trabajo en el Centro Atómico de Ezeiza compró el terreno de
al lado después de lanzado el Procrear y tuvo que poner 250.000 pesos.
La de
Federico es una historia de progreso. Casado con Marcela, una técnica en
medicina nuclear a la que conoció en la escuela primaria, hoy viven con sus dos
hijos en la casa de los padres de ella. "Había ido antes a pedir un
crédito al Banco Provincia y no me daban más de 150 lucas. Nos anotamos
en el Procrear y al mes salimos sorteados." Todas las mañanas, antes de ir
a trabajar, se encarga en persona de las terminaciones de la casa: la
instalación eléctrica, el durloc del cielorraso, las cerámicas, los muebles de
la cocina.
"La
plata me alcanzó para lo grueso, el resto lo tengo que hacer yo", dice, y
cuenta que consiguió un trabajo extra en una heladería para hacer frente a los
gastos. Paga una cuota de 3000 pesos. "Calculo que en un mes y medio ya me
voy a poder mudar. Es mi rancho, estoy orgulloso", dice, antes de ponerse
a cortar el pasto del jardín.
Cuando se
mude a su nueva casa, Federico habrá dejado de engrosar la estadística del
déficit. Habrá escapado del drama en el que siguen atrapados Janina y el resto
de los ocupantes de la casona de Salguero 989. Para esas familias, y para los
desalojados de la villa Papa Francisco, el sueño de la casa propia es un sueño
muy lejano, un lujo al que no pueden dedicarle tiempo. Mirando directo a los
ojos, Janina dice que no está para sueños porque tiene una preocupación que la
desvela: dónde va a dormir el martes, la noche después del desalojo.
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