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lunes, 22 de septiembre de 2014

DEUDA PÚBLICA



DEUDA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 2015.

Por Héctor GIULIANO (20.9.2014).

       
El 15.9 de esta semana el Poder Ejecutivo presentó en el Congreso el Proyecto de Ley (PL) de Presupuesto 2015.

Se trata del último ejercicio proyectado por parte de la administración saliente.

El objeto de este trabajo es formular algunas observaciones y/o comentarios sobre la parte dispositiva de dicho proyecto relacionadas en forma directa con la Deuda Pública Argentina.


AUMENTO DE LA DEUDA DEL ESTADO.


El PL 2015 prevé un Déficit Fiscal de 50.000 M$[1], producto de Ingresos totales por 1.202.000 M$ contra Gastos por 1.251.600 M$.

Durante los últimos años el gobierno Kirchner proyectó siempre superávits fiscales – cada vez más exiguos (los últimos, a nivel casi cero) - pero los saldos negativos reales al fin de cada ejercicio fueron muy diferentes a sus previsiones: déficit de 31.700 M$ en 2011, 55.600 M$ en 2012 y 64.500 M$ en 2013; y las proyecciones privadas para el corriente año 2014 pasan los 150.000 M$.

Según el PL en el 2015 hay vencimientos de deuda por Capital de 506.900 M$ (equivalentes a unos 53.600 MD, al Tipo de Cambio previsto de 9,45 $/US$).

Se trata de un monto que equivale el 40 % del Gasto Público total (1.251.600 M$).

La totalidad de estos vencimientos de deuda se “cancelan” con nuevas deudas porque la Argentina no tiene Solvencia ni Liquidez Fiscal para afrontar tales obligaciones y por ello vive refinanciando en forma completa y absoluta sus compromisos.

Es decir, que nuestro país se encuentra en un estado fáctico de cesación de pagos dado que abona en efectivo los intereses de la Deuda Pública – que son parte del Gasto Corriente – pero refinancia íntegramente el Capital de la deuda que vence  (que no se computa como Gasto Público del ejercicio).

Y además, se toma más deuda: según el PL en el 2015 está previsto tomar Endeudamiento Público por 673.650 M$ (≡ 71.300 MD), lo que significa que todas las amortizaciones de capital citadas (506.900 M$ ≡ 53.600 MD) se cancelan con nuevas deudas y a las mismas se le agrega la toma de deuda adicional por otros 166.750 M$ (≡ 17.700 MD)

Estas cifras oficiales ratifican la tendencia fuertemente creciente de la Deuda Pública Argentina, que aumentó 14.600 MD en 2011, 18.800 MD en 2012, que estaba previsto que se incrementara en 12.100 MD en 2013[2] y en 12.700 MD en 2014.[3]

Otros rubros del Presupuesto 2015 – el último de la administración CFK – aumentan todavía más las autorizaciones de endeudamiento adicional por operaciones de crédito público para el futuro.[4]

Por ende, pese a los sistemáticos y reiterados argumentos engañosos del gobierno y del establishment financiero, no es cierto que la Argentina se esté des-endeudando.

EL GASTO POR INTERESES.

El PL de Presupuesto 2015 contempla el pago de Intereses de la Deuda Pública por 96.200 M$ (≡ 10.200 MD). Representan el 7.7 % del Gasto Público total y el 13.5 % del Gasto de la Administración Central.[5]

Esto último significa que 13.50 $ sobre cada 100 $ de gasto directo del Estado se destina al pago de intereses solamente.

El año próximo – como el actual – nuestro país no paga cupones PBI (cuyo último monto anual estaba calculado en unos 3.500 MD) porque las proyecciones de crecimiento económico no llegan al 3.20 % del Producto.

Según los supuestos macroeconómicos del Presupuesto, el PBI crecería sólo un 0.5 % este año y 2.8 % en 2015.

El ahorro de pago de estos cupones ligados al crecimiento – que de todas maneras son acumulativos al año base 2005 – constituye paradójicamente una “ventaja”, muy relativa por cierto, derivada de la recesión argentina.

Estas cifras de pago, sin embargo, no se sabe si están completas, incluyendo los nuevos servicios a pagar por las deudas que se están contrayendo en el corriente año (CIADI, Repsol, Club de París y Holdouts).

El Presupuesto del 2014 original preveía el pago por concepto de Intereses de 77.200 M$ (≡ 12.200 MD, al tipo de cambio 6.33 $/US$). La cifra fue elevada ahora a 83.700 M$, según el presupuesto ajustado unilateralmente por DNU del Ejecutivo y, sobre este importe, el paso a pagar 96.200 M$ el año que viene representa un aumento del 15 % (que sería un 25 % medido contra los primitivos 77.200 M$).

Pagar 10.200 MD de intereses por año – que, en realidad, serán seguramente más que ese importe porque faltarían computar nuevas deudas – significa 28 MD por día: 1.16 millones de dólares por hora que pasa de nuestra vida.

Lo que se paga de interés de  la Deuda Pública en un día equivale al costo de un Hospital del Bicentenario, como los que se construyen actualmente en el Gran Buenos Aires (aproximadamente 200 M$ cada uno).  

DEUDA Y DÉFICIT: EMISION VERSUS DEUDA.

La verdadera significación e importancia del Presupuesto en las Finanzas Públicas y en la Política Económica ha devenido muy relativa en la Argentina: las asignaciones convencionales o “dibujadas” de los supuestos macroeconómicos y de partidas clave para la administración fiscal, las facultades especiales conferidas al Poder Ejecutivo y el uso que el mismo sigue haciendo de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y de disposiciones de segundo y tercer orden de importancia (caso decretos y resoluciones) desmerecen completamente la seriedad y confiabilidad del presupuesto público como documento indicador de Planes Económicos, Financiamiento Público y Políticas de Estado.

Baste recordar que apenas iniciado el corriente año 2014 – hacia fines de Enero – el gobierno Kirchner cambió sustancialmente los supuestos macro del ejercicio y que el presupuesto del año devino con ello totalmente desdibujado; sin que el Congreso tomara cartas en el asunto.

El Ejecutivo modificó la Ley 26.895 de Presupuesto 2014 vigente en nada menos que 200.000 M$ - sobre un total de 860.000 M$ (!) – por DNU 1.246 del 1.8 pasado. Y ninguna figura relevante dijo nada al respecto.

Las novedades que se están produciendo hoy en relación a la Crisis de Deuda Pública que vive el país y sus efectos derivados en materia económico-financiera no alteran sólo la política monetaria, cambiaria y bancaria sino también la lógica misma de las políticas de gobierno, que pasan a ser condicionadas totalmente por los hechos que se están produciendo: aumento de la emisión monetaria para comprar dólares que se prestan al Tesoro para pagar Deuda y para sostener los gastos del Estado debido al Déficit Fiscal creciente, vaciamiento de las reservas del Banco Central (RI BCRA) para sostener el pago de los compromisos externos y particularmente de las erogaciones extra-ordinarias también vinculadas a los gastos directos e indirectos de la misma (pago de servicios, gastos por refinanciaciones sistemáticas, honorarios y gastos judiciales, pago de asesoramientos, campañas de opinión, etcétera).      

El Fallo Griesa en el caso piloto de los fondos NML-Elliot y otros en Nueva York abre las puertas a una avalancha de reclamos por parte del resto de los holdouts por una suma total que se estima puede costarle al país entre 20 y 30.000 MD.

Los riesgos ciertos por el problema de las cláusulas RUFO y del Acreedor más favorecido (MFC) no terminan el 1.1.2015 y probablemente le cuesten al país la apertura de otra nueva etapa de conflictos legales y financieros.

El gobierno CFK pugna por echarle la culpa al juez Griesa de lo que, en la realidad, es el fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 y que las autoridades porfían negar, mientras la cuenta del endeudamiento sigue subiendo.

Se trata de un esfuerzo gubernamental desesperado por sostener su falso discurso de supuesta solvencia fiscal, su negativa a reconocer un default cuando el Estado no tiene recursos fiscales para afrontar los servicios de la deuda como no sea emitiendo sistemáticamente nuevas obligaciones – para pagar deuda con deuda – y cuando los déficit gemelos (Fiscal y Externo) han acabado con el Mito del Modelo y de la “década ganada”.

El “pacto con el Diablo” de este gobierno con los poderes financieros  se vence y el reclamo de la Hoja de Ruta Boudou – arreglo compulsivo con Holdouts y Club de París para volver a colocar deuda en el Mercado Internacional de Capitales – ha llegado a su punto de cumplimiento para que la administración K entre de lleno en la nueva ola de endeudamiento público que ya está en curso.

Es la exigencia básica del Partido de la Deuda que le está reclamando al gobierno que decline seguir financiándose con Emisión Monetaria y que pase a financiarse con nueva y más Deuda Externa.





NOTAS:

[1] Las abreviaturas M$/MD significan Millones de Pesos/Dólares respectivamente y los importes se expresan siempre con redondeo.

[2] La Ley 26.784 de Presupuesto 2013 contemplaba un aumento de la Deuda Pública de 12.100 MD: 36.500 MD de Amortizaciones de Capital contra 48.600 MD de Endeudamiento Público.

El último Informe del Ministerio de Economía (MECON) sobre Deuda – al 31.12.2013 – muestra que el aumento real de la misma (por diferencia entre nueva deuda y amortizaciones) fue de unos 23.000 MD, pero esta cifra se reduce a un crecimiento de “sólo” 5.500 MD porque al incremento real citado se le deducen 19.000 MD por Ajustes de Devaluación.

Estas economías o ahorros en la Deuda del Estado Central corresponden a la re-expresión en dólares de la deuda en pesos como producto del mayor ritmo devaluatorio.

Y se acentúan aún más con la parte de esa deuda en pesos ajustada por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), que combina la licuación de la deuda en pesos traducida a dólares con la manipulación de los datos de la Inflación por el INDEC.

La Deuda Pública en pesos es casi un 40 % de la Deuda Total: 38 %, producto de 77.200 MD de deuda en pesos sobre el total de la deuda oficial de 202.600 MD (que no computa 11.800 MD de Holdouts).

De estos 77 mil millones, 28.400 M$ es deuda en pesos ajustada por CER, que ha venido sufriendo así la doble licuación: por la devaluación y por la inflación del INDEC.

Este procedimiento viene provocando así una reducción contable parcial del monto de la deuda en pesos, lo que beneficia al Tesoro porque le permite fuertes ahorros medidos en dólares a costa de la licuación que sufren los acreedores en pesos.

La gran mayoría de la deuda en moneda nacional, sin embargo, es parte de la Deuda intra-Estado y, en particular, la totalidad de la deuda en pesos ajustada por inflación está en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES (los 28.400 MD citados), de modo que tal alivio del stock de la Deuda Pública se obtiene a costa de licuar la deuda con los jubilados y los organismos nacionales prestamistas del Estado.

[3] La Ley 26.895 de Presupuesto 2014 contempla un aumento de la Deuda Pública de 12.700 MD: 44.300 MD por Amortizaciones de Capital contra 57.000 MD de Endeudamiento Público.            

Notablemente, el último Informe de Deuda Pública del MECON – al 31.12.2013 – en su cuadro de Perfil de Vencimientos (A.3.6) dice que los compromisos por capital durante el 2014 serán de unos 16.000 MD, que es casi la tercera parte de lo consignado en el Presupuesto aprobado por el Congreso.  

Por otra parte, cabe observar que las propias cifras del Presupuesto 2014 han quedado totalmente desactualizadas con los cambios producidos desde comienzos de este ejercicio (cambios que no fueron sometidos después a la necesaria revisión por parte del Congreso).

El importe original del endeudamiento (los 44.300 MD antes citados) no contemplaba el aumento de una serie de nuevas obligaciones que se han contraídas en lo que va del año: pago con bonos de cinco laudos del CIADI por 677 MD (acordado en Octubre pasado), pago – también con bonos – de la indemnización a Repsol por la expropiación de sus acciones en YPF (unos 6.000 MD de capital más 5.000 MD de intereses a pagar) y arreglo por allanamiento a las exigencias del Club de París para el pago en cuotas de 9.700 MD de Deuda Externa. 

Y no contemplaba tampoco las nuevas obligaciones emergentes de los juicios perdidos por los reclamos de los holdouts – con el caso testigo NML-Elliot a la cabeza – que se estima pueden representar entre 20 y 30.000 MD  más de Deuda en firme.

[4] Otros rubros de deuda dentro de la Ley de Presupuesto – como ocurre casi todos los años – autorizan partidas de endeudamiento fiscal, que no todas aparecen sumando como Deuda Pública en las Fuentes de Financiamiento del Estado.

-   El artículo 37 del PL autoriza Operaciones de Crédito Público por 435.000 M$ (≡ 46.100 MD), que se entiende forman parte del total aprobado de 71.300 MD.

-   El artículo 38 autoriza 11.900 MD para el pago de Deuda Externa con Reservas del Banco Central (BCRA), que también se supone estarían dentro del total de los 71.300 MD).

-   El artículo 39 autoriza Deuda a corto plazo (menos de un año) por 48.000 M$ en Letras del Tesoro y préstamos de organismos descentralizados por otros 25.000 M$. En total: 73.000 M$ (≡ 7.700 MD).

-   El artículo 40 autoriza emitir Letras del Tesoro – en pesos y en moneda extranjera – por 19.000 M$ (≡ 2.000 MD).

-   El artículo 41 autoriza Operaciones de Crédito Público - Adicionales al Artículo 37 – por 50.300 MD para financiamiento de Infraestructura y Obras Públicas (a plazos que van de los 2 meses a los 4 años).

-   El artículo 43 autoriza otras Operaciones de Crédito plurianuales para Inversiones Públicas - que son las que excedan al Ejercicio 2015 – por 37.200 MD más: 10.100 MD para 2016, 10.200 MD para 2017 y 16.900 MD para 2018 y siguientes (también a plazos que van desde los 2 meses a los 4 años!).

-   Los artículos 44 y 45 autorizan al Poder Ejecutivo a proseguir con la reestructuración de deuda del Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 (cuyos términos han devenido ahora agravados con el fallo Griesa, la segura avalancha del resto de los holdouts y las implicancias de la cláusula RUFO y conexas para los bonistas que ingresaron en el canje).

-   El artículo 47 autoriza al Poder Ejecutivo para otorgar avales, fianzas o garantías de cualquier tipo sobre obligaciones para el financiamiento de obras de infraestructura y/o equipamiento por 47.260 MD.

-   El artículo 48 autoriza avales adicionales por 680 MD y 15.000 M$ (≡ 1.600 MD): unos 2.300 MD más.

Todo esto significa que, en definitiva, el PL de Presupuesto 2015 faculta al Poder Ejecutivo para decidir operaciones de endeudamiento público – concomitantes y/o posteriores a su gestión – por valor de unos 155.000 MD       y para conceder avales por otros 50.000 MD, sin contar con las autorizaciones abiertas para proseguir con el Megacanje 2005-2010 y sus consecuencias.    

[5] La Administración Pública Nacional (APN) se integra con tres grandes áreas: Administración Central (713.100 M$), Organismos Descentralizados (66.200 M$) e Instituciones de la Seguridad Social (472.400 M$). En total, los 1.251.600 M$ de Gasto Público Total.  

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