Por Javier Cornejo
Los argentinos sufrimos hoy la crudeza de la vigencia del Acuerdo de Madrid de febrero de 1990 y del Tratado de Londres de diciembre de 1990, firmados como consecuencia de la Guerra de Malvinas.
Lo sufrimos exponencialmente ahora porque la historia "pendular" argentina inició el recorrido de la "masa" hacia el otro extremo. Corremos el riesgo de que se profundicen la balcanización y el fraccionamiento.
Es la "otra cara" de la política de los derechos humanos, bandera "nac & pop" que enarbolara el kirchnerismo como paradigma de su gestión, que entra en contradicción ostensible con el denominado "Proyecto X", con la Identificación Biométrica (datos tomados obligatoriamente desde cada recién nacido), al Sistema Sibios (creado por Decreto 1766/11), a la Ley 26.734 Antiterrorista.
La criminalización de la protesta social no surge por casualidad ni espontáneamente; se fue preparando todo el andamiaje cuándo nadie imaginaba que un piquete podría llegar a ser prohibido.
Todos vivían felices en la "disneylandia de las dádivas", en el paraíso de los beneficios sin trabajo, de exigir derechos y desconocer obligaciones, de los subsidios para todos y todas, tiempos de crecimiento a "tasas chinas", tiempos en los que el "yuyo" maldito curaba todos los males financieros del kirchnerismo, tiempos de dilapidación y enriquecimientos ilícitos de funcionarios por doquier.
Pero, también, tiempos en los que inexorablemente se efectuaron, canjes y megacanjes de ficticias deudas nacionales. Hoy nuestro país es tierra de nadie. Todos se anotan en la disputa por nuestros recursos naturales, desde La Quiaca hasta la Antártida.
Hoy se acabó la fiesta.
El gobierno cuenta con todas las herramientas necesarias para contener eficazmente cualquier descontento, porque fue cambiando la raíz de las hipótesis de conflicto.
Mejor dicho, desmanteló las fuerzas armadas porque no "existen hipótesis de conflictos". Estamos indefensos ante las potencias mundiales.
Ni a los británicos que ya se adueñaron de nuestros territorios en el sur, ni a ninguno que quiera "ocupar el suelo argentino", nadie se le opondrá, porque no hay conflicto, no hay Ejército, Fuerza Aérea, ni Armada.
El conflicto ahora es entre nosotros mismos. Entre pobres contra pobres.
El conflicto estará dado en la represión interna en que la Gendarmería y Prefectura estos últimos años fueron entrenadas física y espiritualmente. Especialmente en la represión de reclamos callejeros, ocupaciones barriales populares, etc., es decir en la represión al propio pueblo. Nuevo rol asignado a instituciones concebidas para la custodia de las fronteras nacionales cuyo desplazamiento es festejado ruidosamente por narcotraficantes y todos los delincuentes migratorios de esclavitud sexual, laboral, y de todo tipo de contrabando.
Las herramientas
Para ello se perfeccionó el sistema de vigilancia, se instauró el sistema SIBIOS aplicándolo a la población civil desde su nacimiento. El nuevo documento nacional de identidad contiene un "chip" con toda la información necesaria para identificación y persecución de cualquier persona a través de la identificación biométrica.
Hacía falta que las fuerzas de represión fueran comandadas por especialistas en inteligencia. De allí, la designación del general César Milani al frente de toda fuerza de choque, es decir, en la nueva escuadra de represión popular.
Las ciudades se convertirán en campos de batalla.
Ya el Reino Unido exportó a todo el mundo el "manual de procedimientos" (Defense News). Destacan la necesidad de operaciones sin precedentes, producidas por los problemas de crecimiento humano, la desigualdad económica, seguridad ambiental. Pronostica estallidos de indignación pública, que harán necesarias operaciones terrestres de una infantería especializada. Presentan a las fuerzas represoras como un "gran hermano" presente hasta en los más recónditos escondrijos.
A esto se suma la presencia de "agentes provocadores" e infiltrados con el objeto de instigar la violencia, de demonizar a manifestantes pacíficos o como excusa para enviar tropas antidisturbios. Ya lo vimos hace unos días en la Panamericana.
La amplificación de las protestas sociales se encuadran categóricamente en la Ley 26734: "Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo".
Mientras tanto, el garantismo asegura a los delincuentes garantizada libertad, o los incorpora a los "Vatayones Militantes", de finalidad imprecisa, pero preocupante.
Soplan malos vientos. Es la hora de que empecemos a asumir nuestra indefensión, sin resignarnos, pero tomando el toro por las astas.
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