“ZAFFARONI implementó un experimento social que costó la vida
de miles de ciudadanos inocentes”
Una de las sabias expresiones emitidas por
DIANA COHEN AGREST en este reportaje, en momentos en que el aludido Juez
pretende imponer su criterio en el nuevo Código Penal
Diana Cohen Agrest
Filósofa y Ensayista, Escritora, DIANA COHEN AGREST reúne además un destacado listado de títulos y reconocimientos que exceden el ámbito nacional. Es una más de las tantas víctimas del “garantismo”, falsa denominación –salvo que esté referida a los delincuentes-, con la que el Gobierno kirchnerista ha impuesto en la Argentina un sistema judicial que consiste precisamente en conceder todo tipo de beneficios y privilegios a los criminales, en perjuicio, claro está, de los inocentes y honrados ciudadanos.
La doctora COHEN AGREST se ha prestado generosamente al reportaje que se transcribe a continuación, el que merece una atención especial, por lo profundo de su contenido y por la claridad en la exposición. He aquí el resultado:
P: Si bien no hay aún referencias concretas y firmes acerca de la aspiración oficial de cambios en el Código Penal, sí se conocen las tendencias, y las mismas vienen, a ese nivel, de parte del Juez de la Corte EUGENIO RAÚL ZAFFARONI, quien ha motorizado en el país la modalidad conocida falsamente como "Garantismo". ¿Qué le parece a usted esta idea inicial?
R: “La reforma del Código penal tiene como fin normativizar las resoluciones judiciales de hecho, embanderadas en el ideario impuesto por Eugenio Raúl Zaffaroni, quien implementó un experimento social que costó la vida de miles de ciudadanos inocentes. Tras los crímenes perpetrados durante la Dictadura, el pueblo argentino se enluta con los crímenes de la democracia. La mayoría impunes, porque son juzgados en el marco de una política penal éticamente perversa y legalmente cuestionable. En el intento de deslegitimar la imposición de la pena, la bandera del ideario vigente es la defensa de las garantías que, en rigor de verdad, no son privativas de la matriz conceptual garantoabolicionista sino que son consustanciales a todos los sistemas constitucionales liberales. En el marco de un Estado de Derecho, cuando se invocan las garantías individuales en su sentido primario se alude a un ordenamiento jurídico encomiable, condicionado a la tutela y efectividad de los derechos fundamentales y al respeto de las garantías que aseguran a los ciudadanos un debido proceso judicial, esto es, a no declarar contra sí mismo, al principio de igualdad ante la ley, al derecho de defensa, a la presunción de inocencia, a la imparcialidad, al ne bis in idem (principio que prohíbe al Estado condenar a una persona dos veces por el mismo hecho, y ser expuesto al riesgo de ser objeto de una nueva persecución penal por la cual ya fue sobreseído o absuelto), a respetar el principio de irretroactividad en material penal, a gozar de la garantía del juez natural que impida una posible actuación arbitraria del poder punitivo del Estado en perjuicio del acusado, al derecho constitucional a una pronta conclusión del proceso penal.
Simulando desconocer su aceptación universal en los sistemas democráticos, el garantoabolicionismo se apodera del estandarte de los derechos humanos, y amparándose en nociones socioambientales que afectan a los segmentos más vulnerables del cuerpo social, se apropia de la defensa de las garantías individuales como si fueran su creación, y hace de ellas la piedra de toque de un ideario que se ocupa de defenderlas en los victimarios en desmedro del principio de igualdad ante la ley del que deberían gozar todos los ciudadanos. Pero por añadidura, al deslegitimar las matrices conceptuales en las que se suele fundar la pena, no alcanza a elaborar un corpus teórico sólido en el que fundar las decisiones judiciales. La propuesta local no hace sino plasmar en la realidad el modelo teórico abolicionista promovido, entre otros, por el criminólogo y sociólogo noruego Niels Christie, quien en 1977 publicó un artículo pionero en la deslegitimación de la pena, “Los conflictos como pertenencia”, en cuyas páginas sostuvo que “nuestra compleja sociedad industrializada no es una sociedad con demasiados conflictos internos, sino una con muy pocos”. Mientras que Christie concluye que en la Noruega de casi cuatro décadas atrás “hay demasiadas normas para pocos delitos”, en la Argentina de hoy –escenario donde se ha puesto en práctica su teoría de laboratorio– hay demasiadas normas para demasiados delitos. Pero esta ecuación directamente proporcional poco importa, porque dichas normas son sistemáticamente burladas mediante el recurso de las chicanas procesales funcionales al delincuente.
Con una visión sesgada de los derechos humanos, hoy el mal llamado “garantismo” alude a un ideario minimalista y hasta abolicionista que parte de la victimización del delincuente atribuida a una condición social estructural afectada por la desigualdad, la marginación, la pobreza y la falta de educación resultantes de un sistema sociopolítico inequitativo. Invocando estas condiciones estructurales, las políticas penales –bajo el paraguas de los derechos humanos, y amparadas en el ideal irrealizable de la rehabilitación y reinserción de los criminales–, han minimizado el modelo punitivo y se han orientado hacia meta tan irreprochable como sólo imaginable en un mundo utópico. ¿Cuál fue el costo de ese ideal? ¿Cuáles fueron sus consecuencias en el mundo real?
Partiendo de la premisa de que los delitos son el producto del sistema, con ellas se nos ha sumido en un círculo perverso de marginalidad–delito–ausencia de debida sanción–marginalidad. Se trata, entonces, de transformar ese círculo vicioso en un círculo virtuoso. Y en lugar de avalar la liberación y la consecuente reincidencia de los delincuentes mediante el recurso de medidas alternativas y sanciones sustitutivas como son la libertad condicional, las excarcelaciones, las pulseras electrónicas o la condonación de penas por buena conducta o pagos de fianzas, medidas que se vienen implementando desde hace una década, pero que ahora serán legitimadas por la ley– se debe contar con la presencia de un Estado que imponga la ley con equidad.
En respuesta a la sociedad que reclama justicia y a las innumerables víctimas inocentes que rendaron su vida, se afianza progresivamente la disfuncionalidad judicial del Estado –resultante en parte por su afán de lucro, su complicidad con otras agencias públicas y sus intereses corporativos–, produciendo una realidad que golpea, con sus efectos devastadores, la vida cotidiana de los ciudadanos”.
P: La inseguridad no sólo se ha detenido en los últimos tiempos, sino que, sobretodo si se consideran los últimos saqueos, habría aumentado ostensiblemente. ¿Comparte usted esta opinión?:
R: “Permítame contar una situación espeluznante que escuché en un programa radial a las pocas horas de estallar los saqueos.
“Estaba ayudando”, la escuché decir. El móvil, desde Córdoba, trasmitía la entrevista a la hermana de Javier Alejandro Rodríguez, de 20 años, la primera víctima de los saqueos a nivel nacional.
–¿Tu hermano estaba saqueando?, le preguntó el movilero.
–No, lo vinieron a buscar y estaba ayudando
–¿Pero estaba ayudando a saquear?, le repreguntó el movilero, tal vez tan joven como la voz que, con sincera inocencia, le replicó:
–No, estaba ayudando a llevar las cosas….
En ese diálogo, las palabras ya no eran lo que habían sido. Desde siempre, la “ayuda” era otro nombre de la solidaridad, del compromiso con el otro, invariablemente teñida por una valoración positiva. Formaba parte del lenguaje de la ética. Repentinamente, la palabra resonaba extrañamente travestida. Lo terrible, lo desesperanzador, era que la hermana de Javier creía que su hermano estaba “ayudando”. Los jóvenes de los segmentos más vulnerables viven contaminados por lo que el informe del Programa para las Naciones Unidas sobre el desarrollo (PNUD) llamó el “delito aspiracional”: en una sociedad individualista y consumista, el grupo de pertenencia se basa en el tener el par de zapatillas de marca importada o el celular inteligente. Mientras que antes esa aspiración de bienes se satisfacía a través del ahorro y el trabajo, hoy se buscan vías alternativas, marginales a la ley: si no hay condena penal, si no hay siquiera en muchos estratos socioambientales sanción social (el comentario de la jovencita, en toda su ingenuidad, lo prueba), entonces ¿por qué no saquear? El informe reciente del PNUD sobre Seguridad ciudadana en América Latina concluyó que esta región fue la que más creció en su economía, en educación, salud y reducción de la pobreza, pero su contrapartida fue el creciente nivel de desigualdad. El incremento de la violencia letal, según las conclusiones a las que arribó el informe, se explican por cuatro factores: los nuevos formatos familiares, el crecimiento urbano, la tenencia y portación de armas, adicciones al alcohol y a las drogas y, por último, la corrupción de los funcionarios y la impunidad generalizada. Estos factores diversos fueron promovidos, durante la última década, por políticas sociales que de transitorias, se instalaron definitivamente en un país que olvidó el valor del esfuerzo y el trabajo, produciéndose un terreno liberado al delito”.
P: ¿Cuál, a su juicio, puede ser la motivación que lleva al Gobierno a insistir sobre cambios que van en contra de lo que la sensatez y la mayoría de los argentinos quieren, en el tema de la Seguridad?.
R: “Con el beneplácito de un gobierno que se ufana de la defensa de las garantías que afectan de forma desigual a los barrabravas y a los que viven en el marco de la ley, los agentes públicos que nos representan –los poderes ejecutivo, legislativo y judicial– carecen de la voluntad política de penalizar el delito. Si el gobierno fuera tan igualitario en el ámbito penal como se proclama en todas las demás áreas de su incumbencia, si le importara que una vida arrancada por la absurda violencia es consentida y alentada por su complicidad y por su silencio garante de la impunidad, si los derechos humanos no fueran privativos de los que delinquen y si se tomara conciencia de que, cuando un inocente es asesinado, poco tienen que ver la izquierda o la derecha o las dictaduras o las democracias o el gobierno o la oposición; si en lugar de llorar sólo a los caídos de la dictadura se llorara también a los muertos silenciados por la democracia que no le sirven al relato oficial, si pudiera todo ese sinsentido hacerse carne en cada uno de los argentinos que aspiramos a una nación pacificada y previsible, habríamos dado el primer paso en un itinerario guiado por la cordura, por la verdad y por la justicia. Pero lo cierto es que es una batalla perdida. En las dos últimas décadas, en rigor de verdad, se logró instalar una cultura sostenida en este ideario nefasto.
Gran parte de las cátedras de derecho de las universidades nacionales estudiaron con el Manual de derecho penal de Zaffaroni, Alagia y Slokar. Y el primero es venerado como un mito viviente. Para quienes, como es mi caso, aborrecemos la violencia venga de donde venga, venga del terrorismo de Estado o del terrorismo validado y propiciado por la Democracia, es muy difícil desarticular este ideario perverso –un experimento social que importó un modelo de Noruega a la Argentina-, un país con las necesidades insatisfechas …. Puedo ser calificada de fascista, gorila o que, simplemente, “no se puede hablar desde el dolor”, argumento perverso con el cual silencian y revictimizan a las víctimas. Y no se trata del oficialismo, simplemente. Adviértase que la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación –tal como se la denominó– fue presidida por el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y la integraron el ex camarista federal y ex jefe de la bancada radical de Diputados Ricardo Gil Lavedra, el ex camarista federal y ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanian, el macrista y jefe de los diputados PRO Federico Pinedo, y la ex diputada socialista María Elena Barbagelata. Prueba de que la canallada no tiene bandera partidaria”.
El más reciente libro de esta Autora, lleva por título: “Ausencia Perpetua – Inseguridad y trampas de la (in) Justicia”, y ha sido editado por Random Mondadori.
Fuente: Enfoques Positivos
Diana Cohen Agrest
Filósofa y Ensayista, Escritora, DIANA COHEN AGREST reúne además un destacado listado de títulos y reconocimientos que exceden el ámbito nacional. Es una más de las tantas víctimas del “garantismo”, falsa denominación –salvo que esté referida a los delincuentes-, con la que el Gobierno kirchnerista ha impuesto en la Argentina un sistema judicial que consiste precisamente en conceder todo tipo de beneficios y privilegios a los criminales, en perjuicio, claro está, de los inocentes y honrados ciudadanos.
La doctora COHEN AGREST se ha prestado generosamente al reportaje que se transcribe a continuación, el que merece una atención especial, por lo profundo de su contenido y por la claridad en la exposición. He aquí el resultado:
P: Si bien no hay aún referencias concretas y firmes acerca de la aspiración oficial de cambios en el Código Penal, sí se conocen las tendencias, y las mismas vienen, a ese nivel, de parte del Juez de la Corte EUGENIO RAÚL ZAFFARONI, quien ha motorizado en el país la modalidad conocida falsamente como "Garantismo". ¿Qué le parece a usted esta idea inicial?
R: “La reforma del Código penal tiene como fin normativizar las resoluciones judiciales de hecho, embanderadas en el ideario impuesto por Eugenio Raúl Zaffaroni, quien implementó un experimento social que costó la vida de miles de ciudadanos inocentes. Tras los crímenes perpetrados durante la Dictadura, el pueblo argentino se enluta con los crímenes de la democracia. La mayoría impunes, porque son juzgados en el marco de una política penal éticamente perversa y legalmente cuestionable. En el intento de deslegitimar la imposición de la pena, la bandera del ideario vigente es la defensa de las garantías que, en rigor de verdad, no son privativas de la matriz conceptual garantoabolicionista sino que son consustanciales a todos los sistemas constitucionales liberales. En el marco de un Estado de Derecho, cuando se invocan las garantías individuales en su sentido primario se alude a un ordenamiento jurídico encomiable, condicionado a la tutela y efectividad de los derechos fundamentales y al respeto de las garantías que aseguran a los ciudadanos un debido proceso judicial, esto es, a no declarar contra sí mismo, al principio de igualdad ante la ley, al derecho de defensa, a la presunción de inocencia, a la imparcialidad, al ne bis in idem (principio que prohíbe al Estado condenar a una persona dos veces por el mismo hecho, y ser expuesto al riesgo de ser objeto de una nueva persecución penal por la cual ya fue sobreseído o absuelto), a respetar el principio de irretroactividad en material penal, a gozar de la garantía del juez natural que impida una posible actuación arbitraria del poder punitivo del Estado en perjuicio del acusado, al derecho constitucional a una pronta conclusión del proceso penal.
Simulando desconocer su aceptación universal en los sistemas democráticos, el garantoabolicionismo se apodera del estandarte de los derechos humanos, y amparándose en nociones socioambientales que afectan a los segmentos más vulnerables del cuerpo social, se apropia de la defensa de las garantías individuales como si fueran su creación, y hace de ellas la piedra de toque de un ideario que se ocupa de defenderlas en los victimarios en desmedro del principio de igualdad ante la ley del que deberían gozar todos los ciudadanos. Pero por añadidura, al deslegitimar las matrices conceptuales en las que se suele fundar la pena, no alcanza a elaborar un corpus teórico sólido en el que fundar las decisiones judiciales. La propuesta local no hace sino plasmar en la realidad el modelo teórico abolicionista promovido, entre otros, por el criminólogo y sociólogo noruego Niels Christie, quien en 1977 publicó un artículo pionero en la deslegitimación de la pena, “Los conflictos como pertenencia”, en cuyas páginas sostuvo que “nuestra compleja sociedad industrializada no es una sociedad con demasiados conflictos internos, sino una con muy pocos”. Mientras que Christie concluye que en la Noruega de casi cuatro décadas atrás “hay demasiadas normas para pocos delitos”, en la Argentina de hoy –escenario donde se ha puesto en práctica su teoría de laboratorio– hay demasiadas normas para demasiados delitos. Pero esta ecuación directamente proporcional poco importa, porque dichas normas son sistemáticamente burladas mediante el recurso de las chicanas procesales funcionales al delincuente.
Con una visión sesgada de los derechos humanos, hoy el mal llamado “garantismo” alude a un ideario minimalista y hasta abolicionista que parte de la victimización del delincuente atribuida a una condición social estructural afectada por la desigualdad, la marginación, la pobreza y la falta de educación resultantes de un sistema sociopolítico inequitativo. Invocando estas condiciones estructurales, las políticas penales –bajo el paraguas de los derechos humanos, y amparadas en el ideal irrealizable de la rehabilitación y reinserción de los criminales–, han minimizado el modelo punitivo y se han orientado hacia meta tan irreprochable como sólo imaginable en un mundo utópico. ¿Cuál fue el costo de ese ideal? ¿Cuáles fueron sus consecuencias en el mundo real?
Partiendo de la premisa de que los delitos son el producto del sistema, con ellas se nos ha sumido en un círculo perverso de marginalidad–delito–ausencia de debida sanción–marginalidad. Se trata, entonces, de transformar ese círculo vicioso en un círculo virtuoso. Y en lugar de avalar la liberación y la consecuente reincidencia de los delincuentes mediante el recurso de medidas alternativas y sanciones sustitutivas como son la libertad condicional, las excarcelaciones, las pulseras electrónicas o la condonación de penas por buena conducta o pagos de fianzas, medidas que se vienen implementando desde hace una década, pero que ahora serán legitimadas por la ley– se debe contar con la presencia de un Estado que imponga la ley con equidad.
En respuesta a la sociedad que reclama justicia y a las innumerables víctimas inocentes que rendaron su vida, se afianza progresivamente la disfuncionalidad judicial del Estado –resultante en parte por su afán de lucro, su complicidad con otras agencias públicas y sus intereses corporativos–, produciendo una realidad que golpea, con sus efectos devastadores, la vida cotidiana de los ciudadanos”.
P: La inseguridad no sólo se ha detenido en los últimos tiempos, sino que, sobretodo si se consideran los últimos saqueos, habría aumentado ostensiblemente. ¿Comparte usted esta opinión?:
R: “Permítame contar una situación espeluznante que escuché en un programa radial a las pocas horas de estallar los saqueos.
“Estaba ayudando”, la escuché decir. El móvil, desde Córdoba, trasmitía la entrevista a la hermana de Javier Alejandro Rodríguez, de 20 años, la primera víctima de los saqueos a nivel nacional.
–¿Tu hermano estaba saqueando?, le preguntó el movilero.
–No, lo vinieron a buscar y estaba ayudando
–¿Pero estaba ayudando a saquear?, le repreguntó el movilero, tal vez tan joven como la voz que, con sincera inocencia, le replicó:
–No, estaba ayudando a llevar las cosas….
En ese diálogo, las palabras ya no eran lo que habían sido. Desde siempre, la “ayuda” era otro nombre de la solidaridad, del compromiso con el otro, invariablemente teñida por una valoración positiva. Formaba parte del lenguaje de la ética. Repentinamente, la palabra resonaba extrañamente travestida. Lo terrible, lo desesperanzador, era que la hermana de Javier creía que su hermano estaba “ayudando”. Los jóvenes de los segmentos más vulnerables viven contaminados por lo que el informe del Programa para las Naciones Unidas sobre el desarrollo (PNUD) llamó el “delito aspiracional”: en una sociedad individualista y consumista, el grupo de pertenencia se basa en el tener el par de zapatillas de marca importada o el celular inteligente. Mientras que antes esa aspiración de bienes se satisfacía a través del ahorro y el trabajo, hoy se buscan vías alternativas, marginales a la ley: si no hay condena penal, si no hay siquiera en muchos estratos socioambientales sanción social (el comentario de la jovencita, en toda su ingenuidad, lo prueba), entonces ¿por qué no saquear? El informe reciente del PNUD sobre Seguridad ciudadana en América Latina concluyó que esta región fue la que más creció en su economía, en educación, salud y reducción de la pobreza, pero su contrapartida fue el creciente nivel de desigualdad. El incremento de la violencia letal, según las conclusiones a las que arribó el informe, se explican por cuatro factores: los nuevos formatos familiares, el crecimiento urbano, la tenencia y portación de armas, adicciones al alcohol y a las drogas y, por último, la corrupción de los funcionarios y la impunidad generalizada. Estos factores diversos fueron promovidos, durante la última década, por políticas sociales que de transitorias, se instalaron definitivamente en un país que olvidó el valor del esfuerzo y el trabajo, produciéndose un terreno liberado al delito”.
P: ¿Cuál, a su juicio, puede ser la motivación que lleva al Gobierno a insistir sobre cambios que van en contra de lo que la sensatez y la mayoría de los argentinos quieren, en el tema de la Seguridad?.
R: “Con el beneplácito de un gobierno que se ufana de la defensa de las garantías que afectan de forma desigual a los barrabravas y a los que viven en el marco de la ley, los agentes públicos que nos representan –los poderes ejecutivo, legislativo y judicial– carecen de la voluntad política de penalizar el delito. Si el gobierno fuera tan igualitario en el ámbito penal como se proclama en todas las demás áreas de su incumbencia, si le importara que una vida arrancada por la absurda violencia es consentida y alentada por su complicidad y por su silencio garante de la impunidad, si los derechos humanos no fueran privativos de los que delinquen y si se tomara conciencia de que, cuando un inocente es asesinado, poco tienen que ver la izquierda o la derecha o las dictaduras o las democracias o el gobierno o la oposición; si en lugar de llorar sólo a los caídos de la dictadura se llorara también a los muertos silenciados por la democracia que no le sirven al relato oficial, si pudiera todo ese sinsentido hacerse carne en cada uno de los argentinos que aspiramos a una nación pacificada y previsible, habríamos dado el primer paso en un itinerario guiado por la cordura, por la verdad y por la justicia. Pero lo cierto es que es una batalla perdida. En las dos últimas décadas, en rigor de verdad, se logró instalar una cultura sostenida en este ideario nefasto.
Gran parte de las cátedras de derecho de las universidades nacionales estudiaron con el Manual de derecho penal de Zaffaroni, Alagia y Slokar. Y el primero es venerado como un mito viviente. Para quienes, como es mi caso, aborrecemos la violencia venga de donde venga, venga del terrorismo de Estado o del terrorismo validado y propiciado por la Democracia, es muy difícil desarticular este ideario perverso –un experimento social que importó un modelo de Noruega a la Argentina-, un país con las necesidades insatisfechas …. Puedo ser calificada de fascista, gorila o que, simplemente, “no se puede hablar desde el dolor”, argumento perverso con el cual silencian y revictimizan a las víctimas. Y no se trata del oficialismo, simplemente. Adviértase que la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación –tal como se la denominó– fue presidida por el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y la integraron el ex camarista federal y ex jefe de la bancada radical de Diputados Ricardo Gil Lavedra, el ex camarista federal y ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanian, el macrista y jefe de los diputados PRO Federico Pinedo, y la ex diputada socialista María Elena Barbagelata. Prueba de que la canallada no tiene bandera partidaria”.
El más reciente libro de esta Autora, lleva por título: “Ausencia Perpetua – Inseguridad y trampas de la (in) Justicia”, y ha sido editado por Random Mondadori.
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